Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 1441/2021 de 10 de febrero del 2023

PRIMERO.- Se impugna la desestimación (primero presunta y después por acto expreso del Ministerio de Justicia de 21-10-2021) de la solicitud de concesión de la nacionalidad española presentada en su día por la hoy parte actora, terminando la demanda con la súplica que es de ver en autos.

SEGUNDO.- Los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación. Los primeros no plantean problema para su apreciación, y en cuanto a los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisan de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración ( artículo 103 de la Constitución), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa. Así ha declarado la sentencia de 24 de abril de 1999, citando otras muchas como las de 22-6-82, 13-7-84, 9-12-86, 24-4, 18-5, 10-7 y 8-11 de 1993, 19-12-95, 2-1-96, 14-4, 12-5- y 21-12- de 1998 y 24-4-99, que en la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, como orden público e interés nacional, resulta excluida la discrecionalidad de la Administración, porque la inclusión de un concepto jurídico indeterminado en la norma a aplicar no significa, sin más, que se haya otorgado capacidad a la Administración para decidir con libertad y renunciar a la solución justa del caso, sino que viene obligada a la única decisión correcta a la vista de los hechos acreditados, añadiendo que el reconocimiento de la nacionalidad española no es una potestad discrecional sino un deber cuando concurren los requisitos legalmente previstos. Por ello, la propia sentencia señala que la nacionalidad tiene la auténtica naturaleza jurídica de estado civil de la persona, por lo que su adquisición por residencia no puede confundirse con la que se lleva a cabo por carta de naturaleza, pues mientras ésta constituye un genuino derecho de gracia, en que el requisito de la solicitud tiene el significado de ocasión o motivo pero no causa jurídica de la misma, la adquisición por residencia no puede concederse o denegarse sino cuando concurran las circunstancias legalmente previstas, de manera que no se trata de una concesión "stricto sensu" sino de un reconocimiento por concurrir al efecto los requisitos exigibles.

El art. 22 del Código Civil establece como uno de esos requisitos que el solicitante acredite positivamente la observancia de buena conducta cívica, es decir, no basta que no exista constancia en los registros públicos de actividades merecedoras de consecuencias sancionadoras penales o administrativas que «per se» impliquen mala conducta, lo que el art. 22 del Código Civil exige es que el solicitante justifique positivamente que su conducta, durante el tiempo de residencia en España y aun antes, ha sido conforme a las normas de convivencia cívica, no sólo no infringiendo las prohibiciones impuestas por el ordenamiento jurídico penal o administrativo, sino cumpliendo los deberes cívicos razonablemente exigibles, sin que la no existencia de antecedentes penales sea elemento suficiente para entender justificada la buena conducta cívica, tal y como establece la sentencia del Tribunal Constitucional 114/1987. En lo que atañe a la dificultad de precisar lo que deba entenderse por buena conducta cívica el TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6ª), en su sentencia de 12 noviembre 2002 (Recurso de Casación núm. 4857/1998.) señala que: <<"Y por eso importa dejar claro que este sintagma que emplea el artículo 22.4 del Código Civil remite a un estándar medio de conducta capaz de ser asumido por cualquier cultura y por cualquier individuo. Un estándar que vale para todos y vale para cada uno. En el bien entendido que no se trata de imponer un modo de vida uniforme en la comunidad nacional, ni de que quien utiliza esta vía de adquisición de la nacionalidad tenga que demostrar que durante toda su vida haya observado una conducta intachable, sino de proclamar que, siendo cada sujeto humano libre para organizar su vida como le plazca -la vida se nos da, pero no se nos da hecha: tenemos que hacérnosla-, quienes, no siendo españoles, deseen obtener la nacionalidad española, han de haber llevado y seguir llevando una vida ajustada a ese estándar medio de conducta al que acabamos de referirnos">>.

TERCERO.- En el caso que ahora nos ocupa el recurrente tiene al parecer la nacionalidad argentina, nace el 16-9-1989, está soltero, y residía legalmente en España desde el 28-11-2013.

La solicitud de nacionalidad origen de la litis se presentó el 20-5-2019.

Amén de lo anterior, es de notar que el interesado fue detenido en Barcelona el 1-3-2017 al constar contra el mismo una búsqueda y detención para extradición emitida por las autoridades de Perú por un delito contra la libertad sexual en su modalidad de violación. Por auto de 23-3-2017 del Juzgado Central de Instrucción nº 4 se accedió a la demanda de extradición al haber mostrado su conformidad el interesado a la extradición simplificada, y por sentencia de 7-12-2017 de la Corte Superior de Justicia de Lima el mismo fue absuelto del delito contra la libertad-violación de la libertad sexual de menor de que había sido acusado.

La resolución expresa impugnada denegó la solicitud de concesión de la nacionalidad española al interesado al considerar que no había justificado suficientemente el requisito de la buena conducta cívica como consecuencia de la orden de búsqueda y detención, y posterior detención el 1-3-2017 en Barcelona, con fines de extradición.

La demanda rectora del proceso expone las circunstancias que se dan en el caso, alega que concurren los requisitos necesarios a los fines pretendidos, cita la normativa y la jurisprudencia que considera de interés, y termina impetrando la concesión de la nacionalidad española.

El abogado del Estado se ha opuesto a la pretensión de la parte actora alegando que "en el presente caso, en el expediente administrativo consta un informe sobre los ANTECEDENTES del demandante que refleja tanto la falta de conducta cívica como la ausencia de un suficiente grado de integración del solicitante en la sociedad española", si bien es de señalar que la motivación de la resolución combatida se ciñe a la falta de prueba suficiente del requisito relativo a la buena conducta cívica.

Pues bien, examinado cuanto hemos referido a la luz de la normativa y de la jurisprudencia de aplicación al supuesto enjuiciado, podemos ya anticipar la suerte estimatoria del recurso.

Así, en efecto, no basta para el éxito de la pretensión actora con la cancelación de los posibles antecedentes penales o policiales, pues, como vimos más arriba, lo que el artículo 22 del Código Civil exige es que el solicitante justifique positivamente que su conducta es conforme a las normas de convivencia cívica, no sólo no infringiendo las prohibiciones impuestas por el ordenamiento jurídico penal o administrativo, sino cumpliendo los deberes cívicos razonablemente exigibles según el estándar medio a que alude la doctrina del Tribunal Supremo, sin que la no existencia de antecedentes penales o la cancelación de los policiales sea elemento suficiente para entender justificada la buena conducta cívica. En el caso que nos ocupa la resolución impugnada denegó la concesión de la nacionalidad española por falta de acreditación suficiente del requisito de la buena conducta cívica al haber sido detenido el interesado en Barcelona el 1-3-2017 como consecuencia de una búsqueda y detención para extradición al estar acusado en Perú de un delito contra la libertad sexual. Esta acusación penal representaba ciertamente una tacha importante respecto del requisito de la buena conducta cívica mientras el referido procedimiento penal estuvo pendiente de resolución, pero dicha tacha se desvaneció al dictarse sentencia absolutoria para el acusado, ahora demandante, que ha aportado la correspondiente prueba documental con la sentencia de 7-12-2017 de la Corte Superior de Justicia de Lima que le absuelve, cuya aportación permite concluir que el interesado ha absuelto en debida forma la carga probatoria que le incumbía en relación con el requisito de la buena conducta cívica puesto en entredicho por la parte demandada, y siendo ello así procede dictar una sentencia estimatoria del actual recurso al haberse enervado la motivación del acto administrativo puesto en tela de juicio.

CUARTO.- Al estimarse el recurso procede la imposición de las costas a la parte demandada, que la Sala en virtud de las facultades conferidas legalmente y atendiendo a las circunstancias del caso establece por todos los conceptos en la cantidad máxima de 1.500 € ( artículo 139.1 y 4 de la LJ).