Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 2598/2019 de 10 de junio del 2024

PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo se interpone contra la resolución de la Secretaria General Técnica, por delegación de la Ministra de Hacienda, de 17 de julio del 2019, que desestima reposición frente a la Orden HAC/887/2018, de 30 de julio, por la que se declara el incumplimiento total de las condiciones establecidas para el disfrute de los incentivos regionales otorgados en el expediente C/925/P05.

SEGUNDO.- De los incumplimientos que se declaran, el relativo a la creación de empleo- artículo 46.4 RD 899/2007 superior al 50%- y no obtener licencia de actividad dentro del plazo fijado- artículo 46.6 d)- son totales, mientras que el relativo a la cuantía de la inversión- artículo 46.2 cifrado en 40%- es parcial.

La actividad obtuvo una licencia condicionada, que no habilitaba para la puesta en funcionamiento de la instalación. La licencia definitiva no se obtuvo hasta mucho después de transcurrido el plazo de vigencia de los beneficios y los dos años siguientes. Ni siquiera se tenía la licencia durante la tramitación del procedimiento de comprobación de las condiciones de la subvención. De ahí que la actividad funcionara durante ese tiempo sin las autorizaciones pertinentes.

De lo anterior se desprende que este incumplimiento debe ser calificado como total.

También incumplió totalmente las condiciones de creación de empleo en tanto que de los doce puestos comprometidos, al finalizar el plazo de vigencia solo contaba con un 60% de la plantilla comprometida.

La demandante alega que solicitó una ampliación del plazo de vigencia, y que ésta fue resuelta tardíamente concediéndose la prórroga hasta un momento anterior al de la notificación de la resolución, con lo que se lesiona el principio de confianza legítima. En el momento de la notificación justifica haber creado veinte puestos de trabajo.

Pero en este argumento se omite referir que la nueva modificación del plazo se solicitó dos días antes de que finalizase el plazo de vigencia (30 de septiembre del 2012), lo que obligaba a cumplir lo dispuesto en el artículo 31.1 d) del RD 899/2007 y ofrecer una justificación suficiente la causa de no haberla solicitado dos meses antes de la finalización del plazo. La Dirección General de Fondos Comunitarios tuvo que requerir a la interesada que facilitase la justificación. La resolución sobre ampliación de plazo no fue extemporánea y el interesado aceptó la nueva fecha de vigencia.

De ahí que sea difícil encajar esta situación dentro de un supuesto en el que la Administración por su actuación induce la confianza en el particular de que su comportamiento es correcto, aún cuando haya pedido que la fecha de vigencia se haga coincidir con la de resolución de ampliación de plazo. Pues ni cumplió con el plazo dentro del cual debía solicitar la ampliación ni tenía derecho a que se fijara esa ampliación en un momento concreto ni posteriormente impugnó la fecha fijada.

El plazo para el cumplimiento de la condición no es irrelevante. Tiene un carácter esencial como se desprende del apartado j) del artículo 46.4 RD 899/2007, en la redacción original, según el cual el incumplimiento es total "cuando no se cumplan los plazos previstos en la resolución de concesión para la acreditación del cumplimiento de condiciones, incluidos los previstos para las condiciones intermedias reguladas en el artículo 33". Así que, aunque con posterioridad al plazo de vigencia se cumpliera la condición, fue incumplida en ese momento, lo que determina que el incumplimiento sea total.

Por último, en cuanto a la cuantía de inversiones se dice que se ejecutaron partidas no contempladas en el proyecto de inversión, pero que son equivalentes unas a las comprometidas, otras son indispensables para el funcionamiento de la actividad. A esto debemos responder que las inversiones que se justifiquen deben ser las previstas en el proyecto; y si este contuviera omisiones de partidas indispensables o fuera necesario sustituir algunas unidades por otras, debe solicitarse modificación del proyecto. Lo que no puede hacerse es en la fase de comprobación de las condiciones de la subvención imponer estos cambios como necesarios, eludiendo así el deber de haber solicitado en su momento la modificación del proyecto.

TERCERO.- El artículo 46 RD 899/2007 determina respecto a cada condición cuando el incumplimiento es total, por lo que no debe hacerse una ponderación del grado total de cumplimiento de las condiciones como se sugiere en la demanda.

CUARTO.- Las costas se imponen al demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, limitadas a 3.000 euros.

Vi stos los artículos citados y demás de general aplicación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección séptima, ha dictado el siguiente

Fallo