Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 749/2020 de 11 de octubre del 2024

PRIMERO.- Objeto del recurso. Contenido de la resolución recurrida.-

1.Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la impugnación de la resolución del TEAC, de 10 de febrero de 2020, por la que se inadmitió el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la entidad recurrente contra la liquidación girada por la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de Asturias, el día 19/4/2013, referida al Impuesto sobre Sociedades (IS) de los ejercicios 2008, 2009 y 2010, y la sanción anudada a la misma.

2.La resolución recurrida inadmitió el recurso extraordinario de revisión por ser extemporáneo, dado que el artículo 244.5 de la Ley General Tributaria (LGT) establece que el recurso se interpondrá en el plazo de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que quedó firme la sentencia judicial; y lo cierto es que la parte recurrente no ha justificado cuándo tuvo conocimiento de las sentencias aportadas, siendo indiferente cuándo quedaron firmes, puesto que la pretensión de revisión se basa en el supuesto en la aparición de documentos de valor esencial para la decisión del asunto que fueran posteriores al acto o resolución recurridos o de imposible aportación al tiempo de dictarse los mismos y que evidencien el error cometido.

SEGUNDO.- Desestimación de la pretensión actora.

3.El recurso extraordinario de revisión se interpuso de acuerdo con lo establecido en el artículo 125.1 de la Ley 39/2015, de 1/10, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual "1. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.

b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.

c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.

d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme".

Aunque no concreta en qué apartado se subsume la interposición del recurso extraordinario de revisión, del contenido del mismo, y de la demanda se desprende que pretende la revisión por la causa prevista en el apartado b), es decir que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.

El documento de valor esencial posterior a las resoluciones recurridas, alegado en la solicitud de recurso extraordinario de revisión, son las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias mencionadas.

4.La demanda sostiene que no consta ningún acto o hecho anterior a la fecha de la firmeza de las sentencias, donde pueda acreditarse un conocimiento previo de las mismas por parte de la empresa recurrente, por lo que rechaza la extemporaneidad, requisito previo a resolver las restantes cuestiones.

5.La contestación a la demanda del Abogado del Estado contrargumenta sobre esta cuestión de la siguiente manera:

Segundo.- Interposición extemporánea del recurso

Pues bien, de conformidad con el escrito de recurso extraordinario del hoy recurrente, que fue presentado el 12 de diciembre de 2016, el mismo se basó en el 125.1.b (o lo que es lo mismo, en el 244.1.a), es decir, la existencia de documentos de valor esencial que evidencian el error cometido en la decisión (sean estos documentos anteriores o posteriores de imposible aportación en el momento de dictarse la resolución).

Y en concreto, los citados documentos esenciales consisten, según manifiesta, en dos sentencias dictadas por el TSJ de Asturias de fechas 15 y 21 de julio de 2016.

Así, y con independencia de que dichos documentos esenciales sean sentencias, el cómputo del artículo 244.5 se iniciará desde que tuvo lugar el conocimiento de los citados documentos por el recurrente, correspondiendo la prueba de dicho conocimiento al mismo, de acuerdo con el 214.1 LGT.

De acuerdo con cuanto acaba de exponerse, entiende el TEAC que a la vista de la fecha de las citadas sentencias, en el momento de interponer el recurso han transcurrido más de 5 meses, habiéndose excedido con creces el plazo de tres meses indicado anteriormente.

Frente a lo expuesto se indica por la recurrente (folio 6 de la demanda), "que no consta ningún acto o hecho anterior a la fecha de la firmeza de las Sentencias, donde pueda acreditarse un conocimiento previo de dichas Sentencias por parte de la empresa recurrente.

Consecuencia directa de dicha firmeza son los actos posteriores de la Agencia Tributaria reintegrando al trabajador inspeccionado, los importes de Módulos e IVA exigidos como resultado de la liquidación inspectora", lo cual a la vista de las circunstancias concurrentes, tal y como señalaremos a continuación, es totalmente inverosímil (por no decir falaz), a saber:

- los socios de la actora PROACERO (D. Celestino - también administrador, y Dª Trinidad) son los padres de D. Cipriano, a quien se refieren las sentencias aportadas.

- D. Cipriano era trabajador de la entidad demandante.

- los expedientes de la inspección que afectaban a D. Cipriano y a PROACERO, tal y como reconoce la demanda, se tramitaron de forma simultánea.

- que en dichas inspecciones el representante tanto de D. Cipriano como de PROACERO fue el mismo, D. Leon.

- que igualmente D. Leon, no solamente es el Letrado de PROACERO en ese procedimiento sino que también firmó la demanda de los P.O 433/2015 y 258/2015 seguidos ante el TSJ de Asturias, tal y como resulta de las sentencias de 15 y 21 de julio de 2016.

Así las cosas, habida cuenta de la relación existente, el momento a partir del cual tienen conocimiento de los referidos "documentos esenciales" no es otro que el de la notificación de las sentencias al Letrado del Sr. Cipriano, a la sazón como decimos también representante de la hoy actora tanto en vía administrativa como contenciosa, por lo que la interposición del recurso extraordinario es extemporánea.

6.Contraargumentación con la que estamos de acuerdo pues consta acreditado que las dos sentencias de los PO 433/2015 y 258/2015 fueron notificadas a la representación de la parte recurrente de los mismos, D. Cipriano los días 21 de julio de 2016 y 15 de julio de 2016, respectivamente, y ya conocemos la relación existente entre este señor y la empresa hoy recurrente y su representante procesal, -según lo manifestado por la Abogacía del Estado-, por lo que cuando se interpuso el recurso de revisión, el 12 de diciembre de 2016, habían transcurrido, con creces, el plazo de tres meses para interponerlo, por lo que la resolución del TEAC es ajustada a derecho y, en consecuencia, procede su confirmación y la desestimación del recurso .

TERCERO.- Costas procesales.

En cuanto a las costas dispone el artículo 139.1º LJCA, que "En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho".

En el caso que nos ocupa, al desestimarse la pretensión actora, procede imponer las costas del recurso a la parte recurrente, que ha resultado vencida en juicio y no existir razón para no imponerlas.

En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española,