Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 33/2021 de 17 de septiembre del 2024

PRIMERO.- Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la las Resoluciones del TEAC de fecha 19 de octubre de 2020 siguientes:

a) Resolución desestimatoria del recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución del TEAR de La Rioja, de fecha 29 de septiembre de 2017, desestimatoria de la reclamación económico-administrativa nº NUM000 formulada contra el acuerdo, de 15 de enero de 2015, de la Jefa de la Dependencia Regional de Recaudación de La Rioja de la AEAT por el que se declaró a la reclamante responsable subsidiaria de diversas deudas tributarias de GESTORA DE COMUNIDADES DE RIOJA, S.L., correspondientes a liquidaciones y sanciones relativas a IVA e Impuesto sobre Sociedades-2006, al amparo del artículo 43.1.a) de la Ley 58/2003 hasta un alcance de 186.885,34 euros.

b) Resolución desestimatoria del recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución del TEAR de La Rioja, de 29 de septiembre de 2017, a su vez, desestimatoria de las reclamaciones nº NUM001 y NUM002 interpuestas contra acuerdos de 17 de septiembre y 16 de octubre de 2014 del Delegado Especial de la AEAT de adopción de medidas

cautelares al amparo del artículo 81 de la ley 58/2003 General Tributaria, previo a la declaración de la reclamante como responsable subsidiaria de diversas deudas tributarias de GESTORA DE COMUNIDADES DE RIOJA, S.L., consistentes, respectivamente, en:

(iii)Acuerdo de 17/09/14) el embargo cautelar del saldo existente

en depósitos y cuentas bancarias abiertas en Bankinter a nombre de la recurrente y de la devolución del IRPF-2013 por importe de 844,58 euros.

(iv)Acuerdo de 16/10/14) el embargo cautelar de las devoluciones de IRPF-2011 y 2012 por importes respectivos de 34.833,99 euros y 1.646,42 euros.

SEGUNDO.- La parte recurrente formula una detallada demandaen la que expone la sucesión de hechos que han dado lugar a la derivación de responsabilidad frente a la que se opone. Los argumentos recogidos en la demanda, en lo sustancial, son los siguientes:

- Improcedencia de las liquidaciones y falta de motivación puesto que la resolución del TEAC se limita a transcribir lo dicho por la previa resolución del TEAR.

- En cuanto a la liquidación del Impuesto de Sociedades correspondiente al ejercicio 2006 se considera que es contraria a derecho puesto que era razonable la provisión por responsabilidades realizada por la deudora principal puesto que contabilizó la provisión tras haberse dictado sentencia en contra que la obligaba a la demolición de una parte del edificio. Entiende que se cumplen las exigencias del articulo 13 del RDLegislativo 4/2004 así como lo previsto en la cuenta 142 del Plan General de Contabilidad aprobado por el RD 1643/1990. Entiende que la aplicación del principio de integra regularización tributaria habría obligado a la Administración a admitir la regularización practicada.

- Anulación de la sanción derivada del Impuesto de Sociedades del ejercicio 2006 que la parte recurrente deriva de la anterior anulación pretendida de la liquidación. Entiende que falta el elemento de la culpabilidad.

- Anulación de la liquidación del IVA correspondiente a 2006 pues los servicios que la factura que no ha sido admitida por la Administración debieron admitirse.

- Correlativa anulación de la sanción por IVA 2006.

- Improcedencia de la derivación de responsabilidad y de la cuantia repercutida por entender que no concurren los requisitos del articulo 423.1.a) de la LGT.

- Improcedencia de la adopción de medidas cautelares por entender que no existía indicio alguno para que se viese frustrado el cobro de la deuda tributaria derivada a la ahora recurrente.

El Abogado del Estado se opone a la estimación de la demandapor entender lo siguiente:

En cuanto a la motivación del Acuerdo de derivaciónentiende que frente al criterio de la parte actora resulta evidente que se le ha dado cumplida cuenta de cuales han sido las causas que han determinado los Acuerdos de Liquidación y de sanción dictados, así como la Resolución del TEAC recurrida; de manera que la recurrente ha conocido en todo momento cuales han sido los argumentos empleados por la AEAT y el TEAC para fundamentarlos.

Ahora bien, que dicha motivación no sea compartida de contrario, y ello resulta perfectamente normal, no significa que la Administración no haya motivado de manera adecuada sus actos, y que la parte (y esta la razón de ser de toda motivación administrativa) no haya conocido en todo momento cuales han sido los argumentos y criterios en los que la AEAT ha hecho descansar los Acuerdos de Liquidación y de sanción, así como la Resolución del TEAC. Como decimos, cosa distinta es que se compartan dichas razones, pero las mismas han sido traídas al acto recurrido por la Administración actuante, han sido plasmadas en el mismo, y han sido conocidas de la parte en orden a impugnarlas por medio de los argumentos jurídicos que ha entendido más adecuados

En cuanto a la motivación de la liquidación por I. Sociedades,resulta que la obligada tributaria se dedujo de forma improcedente, en ese ejercicio, el importe de responsabilidades inexistentes, todo lo más, eventuales o potencialmente existentes, cuya deducción estaba vedada por esa razón, la liquidación se refiere a esa improcedente deducción de esa provisión que se había dotado sin estar obligado a ello.

En cuanto a la motivación de la liquidación del IVA 2006,la Administración demandada negó la deducibilidad de la factura correspondiente al electricista " Isaac" por contar con elementos de juicio para sostener que los servicios correspondientes a dicha factura (sin desglose alguno, por cierto) habían sido ya prestados por otros proveedores. Resulta que, frente a ello, la ahora recurrente se limita a afirmar que los servicios fueron efectivamente prestados por el emisor de la factura en cuestión, sin prueba alguna que lo acredite.

En cuanto a la aplicación del articulo 43.1.a) de la LGT ,el hoy demandante incumplió en el ámbito fiscal sus obligaciones como gestor o administrador de la sociedad. Queda patente que la actora como Administradora solidaria de la obligada tributaria principal (además de accionista al 50%) no ha desarrollado la diligencia necesaria para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones, más bien al contrario, cuando se trata de desarrollar un comportamiento activo consistente en la práctica indebida de deducciones fiscales; por lo que, frente a lo que se señala, sí resulta acreditado que concurren los requisitos previsto en el artículo 43.1, apartado a) de la LGT.

Se rechaza que exista un enriquecimiento injusto por la contabilización de la provisiónregularizada y entiende que eso es una cuestión que habrá de determinarse en relación a la deudora principal a través del procedimiento de devolución de ingresos indebidos.

Finalmente, considera que las medidas cautelares adoptadaseran razonables y se adoptaron de manera motivada y proporcionada puesto que los indicios racionales de que la falta de adopción de las medidas cautelares pudiera frustrar o dificultar gravemente el cobro, como presupuesto necesario para su adopción, resultaba inequívocamente del comportamiento previo de la obligada tributaria principal quien ya había manifestado una conducta elusiva, siendo la recurrente Administradora solidaria de la misma y accionista al 50% y frente a quien, en ese momento, se iniciaba procedimiento de derivación de responsabilidad.

TERCERO. -La primera cuestión a la que debe responder esta sentencia es la que se refiere a la impugnación de la liquidación por el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2006y en relación a la que se plantea la corrección y adecuación de la dotación de una provisión para responsabilidades que la Administración considera que se realizó sin existir obligación para ello.

La normativa sobre la cuestión es la siguiente:

- La cuenta número 142 del Plan General de Contabilidad que habla de que para "provisión para responsabilidades", que reconoce el "importe estimado para hacer frente a responsabilidades probables o ciertas procedentes de litigios en curso, indemnizaciones u obligaciones pendientes de cuantía indeterminada, como es el caso de avales u otras garantías similares a cargo de la empresa".

- El articulo 13.2 de la Ley del Impuesto de Sociedades entiende que: "2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, serán deducibles:

a) Las dotaciones relativas a responsabilidades procedentes de litigios en curso o derivadas de indemnizaciones o pagos pendientes debidamente justificados cuya cuantía no esté definitivamente establecida"

En relación a esta cuestión debemos partir del analisis factico que obra entre los folios 5 y 7 de la demanda (al que nos remitimos sin necesidad de que sea reproducido en este acto) segun el cual la deudora principal (Gestora de Comunidades de Rioja S.L:) había promovido la construcción del edificio Argos y se plantearon diversas impugnaciones del Estudio de Detalle que permitió que se le otorgara la licencia para la construcción del edificio.

Finalmente, mediante sentencia del Juzgado de lo Contencioso de Logroño de fecha 1 de Septiembre de 2006 se anuló la licencia y se obligaba a la demolición de lo construido en exceso ( sentencia confirmada por el TSJ de La Rioja en fecha 25 de Junio de 2007).

Por lo tanto, y como el exceso construido se cuantificó en 370 m2, la mercantil promotora (la deudora principal) decidió dotar un tercio del valor de las viviendas construidas para las futuras responsabilidades que pudieran acaecer.

Posteriormente resultó que se aprobó un nuevo Plan General que posibilitó legalizar las viviendas sin necesidad de realizar demolición alguna obteniendose la licencia de legalización del edificio promovido en el año 2007.

Por esta razón, en el año 2008 la deudora principal anuló la provisión realizada y abonó el importe del Impuesto de Sociedades que era procedente.

Sobre la base de estos hechos debidamente acreditados por la parte recurrente con la aportación documental realizada con la demanda resulta que no se justifica el razonamiento de la resolución del TEAC (que se limita a dar por reproducido lo dicho por el TEAR) "En suma, las partidas discutidas no pueden ser deducidas en concepto de provisión por responsabilidades al no haberse justificado por la actora de una manera fehaciente «la existencia de indemnizaciones o pagos pendientes debidamente justificados, pero cuya cuantía definitiva no esté debidamente establecida». Se trata de una mera previsión, que no es fiscalmente deducible" Si la provisión cubre un riesgo meramente probable, por cuanto que el mismo está supeditado a que en fecha futura se cumpla una condición que puede o no cumplirse, la dotación no será deducible hasta el momento en que, cumpliéndose el resto de requisitos de deducibilidad fiscal, adquiera certeza la obligación aunque se desconozca su importe. Se condiciona así la deducibilidad fiscal de la dotación a la existencia de un hecho cierto, del cual deriva una obligación, y en el caso que nos ocupa no ha quedado en absoluto acreditada la existencia de responsabilidades ciertas y exigibles ..."

La normativa citada al inicio de este FJ habla de "litigios en curso" y en este caso, la provisión se realizó en relación a una sentencia que fue firme y que ordenaba la demolición de una parte del edificio construido por lo que no nos encontramos solo ante un litigio en tramitación sino ante la eventualidad de tener que ejecutar una sentencia ya firme que obligaqba al pago de importantes cantidades.

Esta Sala entiende que la deducibilidad de dicha cantidad era razonable y conforme a derecho por lo que se debe anular la liquidación que fue objeto de derivación. No es ciero, como dice la resolución de derivación, que se dota para cubrir un riesgo previsible e incierto, al no existir según la documentación aportada a la inspección, sentencia firme u obligaciones ciertas y ello pues la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso de fecha 1 de Septiembre de 2006 ha sido reconocida por todas las partes.

La Sección Segunda de esta Sala (que es la que conoce de la impugnación de las liquidaciones del impuesto de sociedades) en diversos recursos (767/2018 o 249/2018) ha entendido que la existencia de un pleito pendiente justifica la aplicación del articulo 13.2 mencionado mas arriba por lo que, con más razón se debe llegar a dicha conclusión en el caso de que existe sentencia firme.

La anulación de la liquidación correspondiente al Impuesto de Sociedades del ejercicio 2006, debe conllevar, necesariamente, la nulidad, también, de la correspondiente sanción.

CUARTO. -En cuanto a lo que se refiere a la liquidación del IVA 2006,que se basa en supuesta incorrecta contabilización de una concreta factura que es la emitida por el electricista Isaac por un importe total de 24.261,66 euros que considera que se refería a trabajos que ya estaban realizados.

La resolución del TEAC objeto del presente recursos contencioso en su pagina 24 (y la liquidación que está en la base) menciona cuales fueron las exigencias que Iberdrola Distribución Electrica impuso para la acometida del suministro electrico así como las facturas que ya se habian aportado por la empresa LUSAN referidas a esta misma cuestión y, finalente, se refiere a cuales fueron las razones por las que dicha factura no fue admitida y resulta que dichas razones no han sido contradichas por el ahora recurrente ni en via administrativa ni en via jurisdiccional:

- Resulta sorprendente por tanto que existiendo estas seis facturas, que se corresponden plenamente con el documento previamente remitido por Iberdrola, exista también una factura posterior (la nº 1489 de 10/09/06 de Isaac-Electricidad) donde concurren las siguientes circunstancias:

- los conceptos en ella facturados, resumidos en la expresión "importe total de instalacion lineas subterraneas", ya figuran en facturas anteriores, que son las de MONTAJES ELECTRICOS LUSAN SA y Construcciones Angel Pastor S.L. cuyo detalle hemos expuesto;

- el servicio prestado en la factura de Isaac-Electricidad se describe de forma global y absolutamente genérica, sin desglose alguno a pesar de los distintos y heterogéneos conceptos en ella incluidos y de su elevado importe; descripción genérica que contrasta con la incluida en las otras facturas aportadas, cuya veracidad la Inspección no cuestiona;

- parte de esos conceptos (excavación y hormigonado) no se corresponden con la actividad de "electricidad" de quien emite la factura, y requieren material pesado específico de trabajo cuyo manejo exige una específica cualificación;

- la persona física emisora de dicha factura tributaba en régimen de módulos, habiendo señalado en tal sentido el TEAC en distintas resoluciones (5179/08 de 25/01/2011 o 12034-2010 de 5/10/2011) que "En el ámbito del IRPF, el régimen de estimación objetiva por módulos consiste en la determinación del rendimiento neto, no a partir de las magnitudes contables representativas de ingresos y gastos, sino de signos, índices o módulos previstos reglamentariamente para cada actividad.

Así pues, el impuesto a pagar no depende de las ventas reales ni de sus compras y gastos reales, sino de los signos, índices o módulos que concurran en su actividad, lo que implica que, en tanto estas magnitudes se mantengan invariables, una mayor cifra de ingresos no implica un mayor rendimiento neto, ni, en consecuencia, un mayor impuesto a pagar. La experiencia nos dice que, en ocasiones, las características de estos regímenes de determinación han inducido a que determinados sujetos pasivos se hayan prestado a emitir facturas, que no se corresponden con operaciones reales, a cargo de sujetos pasivos en régimen de estimación directa, ya que, para los primeros, dichas facturas no incrementan su carga fiscal, mientras que para los segundos representan la posibilidad de acreditar un mayor gasto en la imposición directa y una mayor cuota de IVA soportado, a cambio de una retribución al emisor que compensa con creces el efecto que dichas facturas tiene para quien las recibe, minorando el impuesto a pagar por IRPF (o por el Impuesto sobre sociedades, según la naturaleza jurídica del destinatario de las facturas) y por el IVA. "

- requerida expresamente la reclamante sobre esta cuestión en los términos señalados en la diligencia nº 8 de fecha 04/02/2011, ha guardado silencio, no dando ninguna explicación a las contradicciones apuntadas ni ante la Inspección ni ante este Tribunal, más allá de defender de forma genérica que se trata de facturas distintas.

En el escrito de demanda la parte recurrente no aporta ninguna otra prueba que justifique la diferencia entre unos y otros trabajos que se tratan de reflejar en facturas diferentes y se limita a afirmar que "los servicios que la factura recoge fueron efectivamente prestados" y con esa simple argumentación no puede entenderse que no se haya producido la duplicidad en la que se basa la imposición de la sanción.

Esta ausencia de argumentación básica para entender que la factura presentada era real y respondía a servicios realmente prestados, obliga a rechazar el argumento de la parte recurrente en relación a esta liquidación del IVA 2006.

Por lo tanto, esta Sala deberá confirmar la liquidación por el IVA 2006 y, en consecuencia, también la sanción que fue impuesta por este concepto.

QUINTO. -La anulación de la liquidación del Impuesto de sociedades del ejercicio 2006 ya obligará a la anulación de la derivación puesto que las cantidades objeto de derivación deben ser modificadas.

No obstante, deberemos pronunciarnos sobre la posibildiad de que se lleve a efecto la derivación en relación a la liquidación del IVA 2006 cuya liquidación y sanción ha sido confirmada.

El articulo 43.1.a) de la LGT señala que: "Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:

a)Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 42 de esta ley, los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones.

Se exige la concurrencia de los siguientes requisitos: a) la comisión de una infracción tributaria por la sociedad administrada; b) la condición de administrador de hecho o de derecho al tiempo de cometerse la infracción; y c) una conducta en el administrador que se relacione con el propio presupuesto de la infracción en los términos señalados en dicho artículo 43.1. a) y b), reveladora de no haber puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de la obligación tributaria. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones.

Como se ha dicho reiteradamente cabía derivar la responsabilidad contra los administradores por dos causas: No realizar los administradores los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas, consentir el incumplimiento de quienes de ellos dependan o adoptar acuerdos que hicieran posibles tales infracciones. En este supuesto (existencia de una infracción tributaria simple o grave), por tanto la Ley exige los siguientes requisitos para que pueda declararse la responsabilidad subsidiaria de los administradores: a) la comisión de una infracción tributaria por la sociedad administrada; b) la condición de administrador al tiempo de cometerse la infracción; c) y la existencia de una conducta ilícita por parte del administrador.

La resolución que acuerda la derivación habla de que: "En este sentido, en la conducta observada por Dña. Evangelina y Dña. Eulalia se advierte se advierte la presencia de un elemento subjetivo susceptible de calificarse, por lo menos, de culpa in vigilando, en los términos en los que dicha circunstancia viene descrita en el artículo 1.903 del Código Civil cuando establece que la obligación de reparar el daño causado a otro como consecuencia de una acción y omisión culposa o negligente "(...) es exigible no sólo por actos u omisiones propios sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder".

En este sentido debe tenerse en cuenta que los artículos 25 y siguientes del Código de Comercio establecen tanto la obligación de llevar una contabilidad adecuada a la actividad de la empresa, como la de formar las cuentas anuales, de modo que se redacten con claridad y muestren una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

Obviamente, esta prevención del Código de Comercio, cuya realización corresponde al órgano de administración, no ha sido cumplida. (...) no hay obstáculo alguno para calificar la actuación de Dña. Evangelina y Dña. Eulalia como administradoras de la mercantil GESTIÓN DE COMUNIDADES DE RIOJA S.L. cuando menos de negligente en sus relaciones con la Administración tributaria, pues, teniendo capacidad para ello y siendo de su incumbencia, no observó el comportamiento que le era exigible para no contravenir las normas jurídicas, con lo que ocasionó un perjuicio evidente a un tercero, la Hacienda Pública en este caso."

En este caso, la administradora consintio la aportación de una factura que no respondía a trabajos realmente efectuados o que habían sido reflejados ya en facturas anteriores ya contabilizadas por lo que debe entenderse que concurren los requisitos del articulo 43.1.a) de la LGT a los que nos hemos referido mas arriba.

Dentro de las funciones del administrador, obviamente, estan el controlar que la aportación de facturas no sea duplicada y que las aportadas respondan a los trabajos realmente efectuados por lo que no se pueden admitir las pretensiones de la parte recurrente en este punto que pretenden un pronunciamiento de que la actuación de la recurrente fue diligente en todo momento.

Esta es la razón que obliga a esta Sala a confirmar la resolución que acuerda la derivación de responsabilidad tributaria.

SEXTO.-Finalmente, hay que referirse a la adopción de medidas cautelaresa la que se ha referido el TEAC en la resolución dictada en la reclamación NUM003.

La resolución que acuerda las medidas cautelares que obra en el expediente administrativo está suficientemente justificada:

El cobro del alcance de la deuda a derivar, en su caso, a Dª Evangelina, es considerado como de riesgo recaudatorio debido a los datos que obran en el expediente, en el que se pone de manifiesto que la interesada, no realizó los actos que eran de su incumbencia y que hubieran evitado la comisión de las infracciones tributarias.

En particular:

- Por acreditar indebidamente cuotas a compensar.

-Por dejar de ingresar cuotas tributarias

-Por obtener indebidamente devoluciones.

Asimismo, en el Acuerdo de Resolución del procedimiento sancionador del Acta sobre IVA 2006, la Inspección Tributaria consideró que se habían utilizado medios fraudulentos, mediante la utilización de facturas falseadas.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que Dª Evangelina obtuvo en el año 2007, año en el que cesó como administradora la percepción de 157.961,40.-€, procedentes de rendimientos obtenidos por la participación en los fondos propios de GESTORA DE COMUNIDADES DE RIOJA SL.

Se dan en este expediente, por lo tanto, los parámetros para calificar la actuación de la administradora cuanto menos de negligente, por no observar la diligencia con la que debió desempeñar su cargo, y como consecuencia la propia interesada ha obtenido grandes beneficios, mientras que la Hacienda Pública ha sufrido un grave perjuicio.

Teniendo en cuenta el comportamiento seguido por Dª Evangelina, en el expediente de responsabilidad subsidiaria resulta clara la existencia de indicios de dificultad de cobro de la deuda y del riesgo de que la no adopción de medidas cautelares en el cobro de la posible Derivación de Responsabilidad es elevadísimo.

La medida cautelar se va adoptar sobre bienes muy líquidos y fácilmente transmisibles."

La justificación del riesgo recaudatorio se justifica de la siguiente manera: "La posible salida de los fondos existentes declarados en el Impuesto de Patrimonio del ejercicio 2007, por la interesada, y que se derivan en una gran parte de los beneficios procedentes de la entidad GESTORA DE COMUNIDADES DE RIOJA S.L, sociedad deudora y declarada fallido por carecer de bienes con las que cubrir las deudas."

La resolución del TEAC objeto de impugnacion añade dos argumentos:

- El mismo dia que se inicia el procedimiento de derivación de responsabilidad frente a la recurrente se dicta al Acuerdo de medidas cautelares pues ya existía una deuda y se acuerda el embargo de cuentan bancarias y de la devolución del IRPF del ejercicio 2013 y posteriormente se amplia a la devolución del IRPF de los ejercicios 2011 y 2012.

- Cuando la recurrente era administradora y no se ha cumplido la obligación de pago de varias liquidaciones tributarias y LA INTERESADA OBTUVO DE LA ENTIDAD GESTORA DE COMUNIDADES DE RIOJA S.A. UNOS RENDIMIENTOS DE ELEVADO IMPORTE A PESAR DE QUE DICHA ENTIDAD DEJO DEUDAS PENDIENTES Y SIN INGRESAR.

Por lo tanto, a juicio de esta Sala, la adopción de las medidas cautelares de embargo de saldos y de la devolución del IRPF acordada por la administraqción se encuentra suficientemente justificada y deberá rechazarse la impugnación en este punto:

- La resolución que acuerda la medida cautelar es suficientemente motivada y justifica las razones por las que se acuerda la misma.

- Se hizo el mismo día en que se acordó el inicio del expediente de derivación y para garantizar el resultado de dicho expediente.

- Se realizó de modo proporcional a la deuda y en relación a bienes que facilmente podrían eludir las actuaciones recaudatorias de la hacienda publica.

- Se cumplen las exigencias del articulo 81.1 de la LGT cuando señala que "Para asegurar el cobro de las deudas para cuya recaudación sea competente, la Administración tributaria podrá adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se vería frustrado o gravemente dificultado".

- El hecho de que durante el ejercicio 2008 la deudora principal regularizara el IS despues de que la provisión depositada se hiciera innecesaria, no justifica que en el año 2014 se puedan adpotar medidas cautelares respecto la administradora declarada responsable subsidiaria.

- La parte recurrente no ha acreditado que se le hayan producido perjuicios por la adopción de la medida cautelar y en el caso de que así hubiera sido, solo bastaria con justificarlos y reclamarlos.

SEPTIMO.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ,no procede efectuar imposición de las costas procesales de esta instancia y ello en atención a la estimación parcial de las pretensiones de la parte recurrente.