Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 1804/2021 de 17 de septiembre del 2024

PRIMERO. Hechos del litigio y resolución denegatoria de la protección internacional.

El relato de persecución presentado por don Don Amadeo para solicitar la protección internacional fue el siguiente:

«(...) ha tenido que salir de Colombia junto a su familia por las amenazas de muerte y agresiones que ha venido recibiendo por parte de una banda criminal llamada " DIRECCION000", que opera principalmente en la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia, pero que en los últimos meses ha ganado mucho poder y ahora su gente se extiende por todo el país y hasta por otros países de Latinoamérica.

Él siempre ha vivido junto a su familia en la ciudad de Bello (departamento de Antioquia), donde él trabajaba como taxista desde hace unos 15 años. En 2018, decidió invertir junto a su hermano, llamado Juan Enrique, en un negocio consistente en una carnicería. Él compaginaba ambos trabajos, como taxista y en la carnicería, si bien era su hermano el que se dedicaba más por entero al negocio. Al poco tiempo de empezar con el negocio, los miembros de la mencionada banda criminal de " DIRECCION000" empezaron a pedirles vacuna por poder mantener el negocio y garantizar la seguridad. La cantidad que les exigían era de 50.000 pesos semanales (el equivalente a unos 110 euros). Esta situación agravó una situación económica bastante complicada, que los llevó a tener que pedir un préstamo de 10 millones de pesos para poder mantener el negocio. Se lo pidieron a una empresa particular, en apariencia perfectamente legal, pero esta empresa resultó estar en propiedad de miembros del mismo grupo armado de " DIRECCION000". Según averiguaron más tarde, ese grupo se estaba haciendo con el control de todas las empresas de préstamos conocidos como "gota a gota", usándolos para blanquear su dinero y para seguir lucrándose, usando intereses abusivos del 20% y amenazas para conseguir el cobro.

Después de varios pagos, se retrasaron en un par de cuotas, lo cual aumentó desproporcionadamente la deuda, ya que el interés se iba acumulando y nunca pudieron pagar nada del principal de la deuda. Empezaron con las amenazas, centrándose en aquel momento en su hermano, Juan Enrique. Ambos decidieron que lo mejor era abandonar ese negocio, puesto que con la cuota y las amenazas que les realizaban en el propio establecimiento, no hacían más que perder dinero. Su hermano decidió irse del país, yéndose a principios de 2019 a EEUU, donde permanece a día de hoy. Sus padres, con los que vivía su hermano, tuvieron que irse del domicilio familiar que tenían en Bello debido a las amenazas que estaban recibiendo, trasladándose a la ciudad de Medellín, donde permanecen a día de hoy. Dice que sus padres ya son personas de edad avanzada, que prácticamente no salen del domicilio, teniendo que mantenerles sus hijos, por lo que no han vuelto a tener problemas.

Al principio pensaba que con la huida de su hermano los problemas cesarían, pero al cabo de unos meses empezaron a amenazarle a él. En un principio, empezaron con llamadas telefónicas, en las que le decían que en caso de no pagar la deuda le matarían a él y a su familia. Le hablaban en especial de su hijo, Jose Pedro, que tiene DIRECCION001 y que va a un colegio cercano al lugar en que se encontraba la carnicería. Decidieron sacarle del colegio, sin que hayan podido llevarle a otro desde entonces, puesto que no hay más para niños con discapacidad como la suya. Trataban de pasar lo más desapercibidos posible, pero a pesar de tratar de evitar desempeñar su trabajo en la ciudad de Bello, acabaron identificando el taxi con el que trabajaba. En enero de este año, 2020, fue abordado por personas de esa banda criminal cuando se encontraba trabajando en el taxi. A pesar de que llevaba un cliente, le hicieron parar el vehículo, golpeando varias partes del mismo y obligándole a bajar a él, momento en el que también le agredieron físicamente y comenzaron a amenazarle con matarle si no pagaba la deuda, que ya había ascendido hasta los 50 millones de pesos (más de 11.000 euros), cantidad que nunca hubieran podido conseguir reunir (presenta un informe de medicina legal).

Ese mismo día se dirigió a la oficina de la fiscalía para denunciar lo ocurrido. En dicha oficina le dieron un documento con consejos de autoprotección y le mandaron a medicina legal, donde constataran las heridas que había recibido. Le dijeron que con dichos documentos debía ir a la comisaría de policía más cercana para que valoraran la adopción de medidas de protección a su favor. Así lo hizo, pero en las comisarías le dijeron que no podían hacer nada por él, que no tenían medios suficientes para esas situaciones, y que le aconsejaban marcharse de allí.

Se fueron al municipio de Envigado, donde tienen unos familiares, pero allí también tiene mucha presencia esta banda criminal, por lo que no podían permanecer allí pensando principalmente en no causar problemas a su familia.

Se fueron a Bogotá, por ser una ciudad lo suficientemente grande y lejana como para poder comenzar de cero. Sin embargo, apenas llevaban un par de días en esa ciudad, volvieron a recibir una llamada telefónica en la que le dijeron que ya habían averiguado que se encontraban allí, y que no se iban a poder esconder de ellos en ninguna parte del país, y que se les acababa el tiempo para poder saldar la deuda antes de comenzar con las consecuencias irreversibles.

Fue entonces cuando decidieron salir del país, teniendo que vender algunas propiedades y pedir dinero a familiares para poder pagar los pasajes de avión, eligiendo España ya que es un país seguro y respetuoso de los derechos de las personas, más favorable que EEUU, donde su hermano está pasando enormes dificultades».

Admitidas a trámite las solicitudes e instruidas por el procedimiento ordinario, por la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio se formuló propuesta de denegación en la que se expresa que no ha quedado establecido un temor fundado de persecución a los recurrentes por los motivos previstos en el art. 7 de la Ley 12/2009, y que, en consecuencia, no concurren los supuestos para el reconocimiento del estatuto de refugiado; y adicionalmente porque las acciones descritas se identifican con actuaciones de naturaleza delictiva procedentes de agentes terceros.

Por otro lado, se razona que del relato tampoco se deduce la posibilidad de que los ahora recurrentes sufran la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material, ni tampoco se identifica un riesgo de tortura o tratos inhumanos o degradantes en el caso de retorno a su país de origen a efectos de la concesión de la protección subsidiaria.

Haciendo suyos los términos de la propuesta, por las resoluciones de la Subsecretaria del Interior por delegación del Ministro, de 4 de febrero de 2021, se deniega el derecho de asilo así como la protección subsidiaria a los recurrentes.

SEGUNDO. Posiciones de las partes.

Disconformes con lo resuelto, los demandantes, Don Amadeo, Doña Gregoria, Jose Pedro y Asunción, acuden a la jurisdicción solicitando un pronunciamiento en los términos reproducidos en los antecedentes. Como motivos impugnatorios, se aduce la nulidad de las resoluciones por concurrir los requisitos para otorgar la protección internacional a los recurrentes. En todo caso, se considera que existen razones humanitarias para que se les autorice la permanencia en España por razones humanitarias.

De forma inversa, a juicio del Abogado del Estado no concurren las causas de reconocimiento del derecho de asilo e igualmente considera improcedente la protección subsidiaria al no darse los supuestos previstos en los artículos 4 y 10 de la Ley 12/2009.

TERCERO. Marco jurídico del asilo, de la protección subsidiaria y de la autorización para residir en España por razones humanitarias.

Para resolver el problema sometido a nuestro estudio y decisión, conviene definir, siquiera a grandes rasgos, el espacio normativo en que se ubica el asunto.

Como es sabido, se configura el asilo como un mecanismo legal de protección para defensa de ciudadanos de otros Estados que se encuentran en una situación de posible vulneración de sus derechos por razón de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas (artículo 1.A.2 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de junio de 1951 y Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de Nueva York de 31 de enero de 1967).

Por su parte, el artículo 3 de la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, establece que «la condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9».

La Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo ha establecido las normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida.

Conviene señalar también que para que la extorsión sea causa de asilo se requiere el concurso de otras circunstancias que individualicen al sujeto frente al conjunto de ciudadanos que le confieran un perfil relevante socialmente.

Al respecto del derecho a la protección subsidiaria, con arreglo al artículo 4 de la Ley 12/2009, se trata del «dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley, y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley».

Añade el artículo 10 de la Ley 12/2009 que «constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley: a) La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno».

La residencia por razones humanitarias se contempla en el artículo 46 de la Ley 12/2009, lo reproducimos:

«1. En el marco de la presente Ley, y en los términos en que se desarrolle reglamentariamente, se tendrá en cuenta la situación específica de las personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional en situación de vulnerabilidad, tales como menores, menores no acompañados, personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con menores de edad, personas que hayan padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica o física o sexual y víctimas de trata de seres humanos.

2. Dada su situación de especial vulnerabilidad, se adoptarán las medidas necesarias para dar un tratamiento diferenciado, cuando sea preciso, a las solicitudes de protección internacional que efectúen las personas a las que se refiere el apartado anterior. Asimismo, se dará un tratamiento específico a aquéllas que, por sus características personales, puedan haber sido objeto de persecución por varios de los motivos previstos en la presente Ley.

3. Por razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria, se podrá autorizar la permanencia de la persona solicitante de protección internacional en España en los términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración».

Por su parte, el artículo 37 b/ de la propia Ley se refiere a la posibilidad de autorización de estancia o residencia por razones humanitarias determinadas en la normativa correspondiente, para casos de las resoluciones denegatorias de la protección internacional.

Sobre estas autorizaciones de residencia por razones humanitarias ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal Supremo en su sentencia de 3 de marzo de 2020 (casación 868/2019) distinguiendo la existencia de un régimen general y un régimen especial.

Al primero se refiere en los siguientes términos en el fundamento jurídico octavo:

«Un supuesto o régimen general, al que se refiere el apartado 3 del artículo 46, y que abarca a toda "persona solicitante de protección internacional en España». Para su viabilidad, el precepto exige la alegación de «razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria», y, por otra parte, el precepto se remite a «los términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración».

De ello podemos deducir:

a) Que se requiere una previa o principal solicitud de protección internacional.

b) Que se requiere una solicitud - subsidiaria, si se quiere - de autorización de residencia temporal por razones humanitarias, las cuales sean «distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria» (previsto en los artículos 4, 10, 11 y 12 de la LAPS); y,

c) Que la respuesta de la Administración, distinta de la solicitud principal de protección internacional, debe enmarcarse en "la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración". Esto es, que se establece una remisión a los artículos 125, 126 y 128 del RLOEX de 2011 y al 31 del Reglamento de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, Reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado (hoy derogada), aprobado por Real Decreto 203/1995, en la redacción dada al precepto por el Real Decreto 2393/2004, por el que se aprobó el anterior Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (hoy derogado por el RLOEX) .

Pues bien, en relación con este supuesto general previsto en el artículo 46.3 de la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria en la STS 791/2019 (casación 5805/2017) se declara lo siguiente:

«(...) debemos advertir de la improcedencia de su concesión en el caso de autos, ya no solo porque el aquí recurrentes no solicitó ni en el escrito presentado en vía administrativa ni en el de demanda la concesión de autorización de residencia por razones humanitarias, concesión que en el suplico del escrito de interposición insta ex novo con el carácter subsidiario a una hipotética desestimación de su pretensión principal, cual es el reconocimiento del estatuto de refugiado y de una primera pretensión subsidiaria, cual es la concesión de la protección subsidiaria, sino también porque las razones alegadas para la autorización de residencia por razones humanitarias no difieren de las esgrimidas para la solicitud de asilo y de protección subsidiaria».

Y del régimen especial se ocupa el fundamento jurídico noveno, que contiene la argumentación que se reproduce a continuación:

«Junto a dicho régimen general, los artículos de precedente cita (37 y 46 de la LAPS) contemplan un régimen especial, de ámbito más concreto y restringido, cual es el que resulta de aplicación a las " las personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional en situación de vulnerabilidad".

El legislador no establece ---ni quizá podría hacerlo--- un ámbito cerrado o acotado de este concepto de vulnerabilidad personal, pues opta por un "numerus apertus"---"tales como", dice el precepto--- en el que, por lo menos, se incluyen: "menores, menores no acompañados, personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con menores de edad, personas que hayan padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica o física o sexual y víctimas de trata de seres humanos".

De esta escueta regulación, por su parte, podemos deducir:

a) Que se requiere, como en el supuesto general anterior, una previa y principal solicitud de protección internacional.

b) Que, siendo necesaria la anterior solicitud, sin embargo, no se requiere una solicitud subsidiaria específica de autorización de residencia temporal por razones humanitarias, alegando razones "distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria"; si bien se observa, esta necesidad sólo la contempla el legislador en el apartado 3 del artículo 46 de la LAPS, que hemos considerado como supuesto general.

c) "Que ello es así porque el legislador impone, de oficio y sin necesidad de esperar a la alegación de concretas razones humanitarias, el cumplimiento de dos obligaciones (artículo 46.1 y 2) en relación con "las personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional en situación de vulnerabilidad", concepto subjetivo antes descrito:

1. "Tener en cuenta" la situación de dichas personas, en el marco de la LAPS, y en los términos que se desarrolle reglamentariamente; y,

2. Comprobada dicha situación subjetiva de vulnerabilidad personal ("Dada su situación de especial vulnerabilidad", señala el precepto), la LAPS impone una obligación proactiva a la Administración - si se nos permite la expresión - por cuanto la misma está obligada a adoptar " las medidas necesarias para dar un tratamiento diferenciado, cuando sea preciso, a las solicitudes de protección internacional que sufren las personas a las que se refiere el apartado anterior».

CUARTO. Criterio de la Sala y decisión del recurso.

Como se señala en las resoluciones recurridas, aun sin entrar a valorar la verosimilitud de los hechos relatados, las acciones descritas se identifican con actuaciones de naturaleza delictiva procedentes de una peligrosa banda, " DIRECCION000", que ciertamente tiene orígenes en la ciudad de Bello. Con todo, los agentes perseguidores para la materia que nos ocupa deben ser considerados agentes terceros en la comisión de acciones delictivas y no componentes de las autoridades del país. Y si bien el artículo 13 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, como el artículo 6 de la Directiva 2011/95/UE, de 13 de diciembre, determinan que podrán ser agentes de persecución individuos u organizaciones no estatales, para que pueda encajarse el supuesto en el ámbito de la Convención del Estatuto ha de demostrarse que el Estado o los partidos y organizaciones que controlan el Estado no pueden o no quieren proporcionar la protección contra la persecución o daños graves. No es ese el caso de Colombia donde se destinan numerosos recursos para actuar contra los grupos armados organizados. Así pues, entiende este Tribunal que, en el caso examinado, falta el elemento clave de persecución no estatal en los términos del artículo 13 de la Ley del derecho de asilo y la protección subsidiaria y de la jurisprudencia que lo interpreta [por todas STS 18 de octubre de 2017 (Rec. 1923/2004)].

Sucede también que DON Amadeo y sus familiares solicitantes de asilo no poseen unas características que les individualicen sobre el resto de los ciudadanos y que pueda ser indicio de que la extorsión a que habría sido sometido aquél no está fundamentada exclusivamente en motivos económicos sino en alguna de las causas de la Convención. Tampoco hay que olvidar que el desplazamiento a otro departamento o localidad en el que no actúe el grupo criminal hubiera sido suficiente para acabar con la persecución que manifiesta sufrir. En todo caso, una extorsión con finalidad puramente económica, sin otros elementos que indiquen que puede haber habido una motivación basada en la Convención de Ginebra para seleccionar individualizadamente a la persona o personas solicitantes, este potencial acto de persecución quedaría excluido del ámbito de la protección internacional

Al respecto de la protección subsidiaria, este Tribunal no aprecia la concurrencia de razones para otorgarla. Del artículo 4 de la Ley 12/2009, en relación con el 10, resulta que constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista: a) la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; y c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno.

La situación de violencia que existe en algunas zonas de Colombia no se extiende a la totalidad del territorio, ni afecta a toda la población no puede aceptarse que exista una situación de violencia generalizada asimilable a la de conflicto armado a los efectos de conceder la protección subsidiaria y que determine que en caso de volver las vidas de los recurrentes corran peligro sólo por el hecho de encontrarse en Colombia.

A este respecto, la Sala considera que la situación existente en Colombia no puede ser calificada como de violencia generalizada a los efectos de conceder la protección subsidiaria.

Y para finalizar, no apreciamos que concurran razones humanitarias para otorgar la autorización de residencia a que se refieren los artículos 46 de y 37 b) de la Ley 12/2009, interpretados por las sentencias del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2020 (casación 868/2019, fundamentos jurídicos 8º y 9)º y de 16 de noviembre de 2022 (casación 1766/2022, fundamento jurídico 2º), puesto que ni los recurrentes formularon una solicitud específica y diferenciada a la Administración -en lo que afecta al régimen general de este tipo de autorizaciones- ni tampoco se aprecia en ellos una situación de especial vulnerabilidad-por lo que se refiere al régimen especial-.

Por todo lo expuesto, procede desestimar el recurso.

QUINTO. Costas Procesales.

Conforme a lo previsto en el artículo 139 LJCA, procede imponer a la parte recurrentes el abono de las costas causadas en este proceso, si bien, y haciendo uso de la facultad prevista en el art. 139.3 de la Ley de la Jurisdicción, la Sala limita el alcance cuantitativo, que no podrá exceder, por todos los conceptos, de la cifra máxima de 1.000 euros por la intervención del abogado del Estado, atendida la facultad de moderación conferida por la Ley y habida cuenta del alcance y la dificultad de las cuestiones suscitadas.