Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 551/2019 de 18 de septiembre del 2024

1.La parte actora interpuso, en fecha 24 de junio de 2019 este recurso; admitido a trámite y reclamado el expediente se le dio traslado para que formalizara la demanda, lo que hizo en tiempo y forma mediante escrito presentado el 11 de noviembre de 2019 y en ella realizó una exposición fáctica y la alegación de los preceptos legales que estimó aplicables, concretando su petición en el suplico de la misma, en el que literalmente dijo:

"Que se tenga por admitida la presente demanda junto con los documentos que la acompaña y en consecuencia se declare la suspensión de este procedimiento hasta que el procedimiento que se sigue ante los órganos supranacionales sea firme, en los términos del Fundamento Jurídico-Material Segundo.

Que posteriormente se proceda a anular el Acuerdo de Liquidación derivado del actuaciones inspectoras de comprobación e investigación de carácter parcial limitadas a la determinación del importe de las ayudas a recuperar en aplicación de la Decisión de la Comisión Europea de 17/07/2013 , relativa a la ayuda estatal SA.21233 C/2011 (ex NN/2011, ex CP 137/2006), sobre determinados contratos de arrendamiento financiero, derivado del Acta de Inspección A02 72595461 anteriormente citada".

2.Solicitada por el recurrente la suspensión del curso del presente procedimiento en tanto que ante el Tribunal General de la Unión Europea se estén ventilando los asuntos T-515/13, España/Comisión y T-719/13, Lico Leasing y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión/Remisión, cuya decisión puede resultar relevante para la resolución del asunto, al someterse a revisión la decisión por la que se declara la existencia de ayuda al Estado incompatible por parte del denominado "sistema español de arrendamiento fiscal", se confirió traslado al Abogado del Estado sin que se formulara oposición a la solicitud de suspensión instada por la otra parte.

3.Mediante Auto de 28 de octubre de 2020 el Tribunal accedió a la solicitud de la parte recurrente y acordó suspender la tramitación del recurso hasta el agotamiento de la vía judicial ante los Tribunales de la Unión Europea.

Mediante escrito de 22 de febrero de 2024 la recurrente solicitó el alzamiento de la suspensión acordada en su día, a la vista de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 2 de febrero de 2023, que anuló parcialmente el contenido de la Decisión 2014/200/UE, de 17 de julio de 2013, relativa a la ayuda estatal SA.21233C/11 ejecutada por España y relativa al Régimen fiscal aplicable a determinados acuerdos de arrendamiento financiero que estima parcialmente el recurso de casación presentado contra la sentencia del Tribunal General de 23 de septiembre de 2020, y dado que, en resumen y en esencia, el Tribunal de Justicia advierte en la referida Sentencia que la Comisión en su Decisión realizó una "identificación errónea" al designar exclusivamente a los inversores de las agrupaciones de interés económico como únicos beneficiarios de la ayuda en cuestión y por lo tanto, únicos obligados a los que exigir su recuperación. Corregía así la previa Sentencia del Tribunal General de 23 de septiembre de 2020, anulando tanto el artículo 1 de la Decisión 2014/200/UE de la Comisión, en la medida en que designa a las agrupaciones de interés económico y sus inversores como únicos beneficiarios de la ayuda contemplada en dicha Decisión, como el artículo 4, apartado 1, de dicha Decisión, en cuanto que ordena al Reino de España que recupere íntegramente el importe de la ayuda contemplada en esa misma Decisión de los inversores de las agrupaciones de interés económico que se beneficiaron de ella. Con ello, no es difícil advertir que el Tribunal de Justicia termina anulando la orden de recuperación recogida en la Decisión de la Comisión en tanto en cuanto la misma designa como únicos beneficiarios de la ayuda a las AIE y sus inversores, lo cual proyecta sus efectos sobre los procedimientos nacionales de recuperación de la ayuda de Estado ilegal que se estaban tramitando frente a los inversores, y en lo que a este procedimiento interesa, sobre los actos administrativos de liquidación tributaria que se encuentran en el origen de esta controversia.

El Abogado del Estado estuvo de acuerdo en alzar la suspensión, lo que se produjo mediante providencia de 27 de febrero de 2024, confiriéndose traslado al Abogado del Estado para que contestara la demanda.

4.Mediante escrito de 22 de marzo de 2024 el Abogado del estado contestó a la demanda, de manera parcial -según se dice- porque, en lo que ahora importa, dado el carácter genérico de la autorización concedida, ésta se refiere, y es inequívoca, exclusivamente a las liquidaciones afectadas por la Sentencia del TJUE de 2 de febrero de 2023 (Asuntos acumulados C-649/20 P, C-658/20 P y C-662/20 P) y, en consecuencia, no alcanza a cualesquiera otros ajustes que pudieran haberse practicado a las AIE con ocasión de los procedimientos de comprobación desarrollados, por lo que en caso de que existan otros ajustes o se planteen otras cuestiones en los recursos interpuestos, la autorización del allanamiento tendrá carácter parcial, limitado a las cuestiones indicadas sobre la ejecución de la Decisión indicada, y no se refiere a cualesquiera otros ajustes que pudieran haberse practicado a las AIE con ocasión de los procedimientos de comprobación desarrollados.

Consta la autorización para llevar a cabo el allanamiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 52/1997, de Asistencia Jurídica al Estado e instituciones Públicas.

La parte actora mostró su conformidad con el allanamiento de la Abogacía del Estado mediante escrito presentado el 3 de abril de 2024.

5.Finalmente se señaló para votación y fallo el día 11 de septiembre de 2024, fecha en que efectivamente se deliberó y votó.

En el presente recurso contencioso-administrativo no se han quebrantado las formas legales exigidas por la Ley que regula la Jurisdicción. Y ha sido Ponente la Ilma. Sra. Dª María Asunción Salvo Tambo, Presidente de la Sección.