Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 2030/2021 de 19 de septiembre del 2024

PRIMERO.-Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo por la representación de Anyelina, nacional de Marruecos, la Resolución la Dirección General de los Registros y del Notariado dictada por delegación del Ministerio de Justicia de 18 de junio de 2021, que deniega a dicha actora su solicitud de concesión de la nacionalidad española por razón de residencia.

Razona la expresada resolución que tal interesada no ha justificado suficiente grado de integración en la sociedad española, requisito contemplado en el artículo 22.4 del Código Civil , ya que durante la entrevista mantenida con el Juez Encargado del Registro Civil de Murcia, se constató que desconocía la mayoría de las preguntas que se le formularon sobre la Constitución, las Comunidades Autónomas, los municipios, las provincias, los políticos, comidas típicas, festividades, monumentos, mares, islas etc. Informando negativamente la solicitud.

SEGUNDO.-El artículo 22.4 del Código Civil establece que los que deseen obtener la nacionalidad española han de justificar "buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española",en el expediente seguido al efecto conforme a las normas reguladoras del Registro Civil.

El requisito de suficiente grado de integración en la sociedad española (cuya inexistencia se aprecia por la resolución denegatoria impugnada) constituye un concepto jurídico indeterminado, que precisa de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso, cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración, sin que resulte admisible la existencia de soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa.

Así, el reconocimiento de la nacionalidad española por residencia no constituye el ejercicio de una potestad discrecional, sino una potestad reglada, pues es un deber cuando concurren los requisitos legalmente previstos. De ahí que su naturaleza jurídica difiera de la potestad de concesión de nacionalidad por carta de naturaleza, pues mientras ésta constituye un genuino derecho de gracia, en que el requisito de la solicitud tiene el significado de ocasión o motivo pero no causa jurídica de la misma, la adquisición por residencia no puede concederse o denegarse sino cuando concurran las circunstancias legalmente previstas, de manera que no se trata de una concesión "stricto sensu" sino de un reconocimiento por concurrir al efecto los requisitos exigibles ( SSAN 9 de octubre de 2015, Rec. 25/2015, y 16 de octubre de 2015, Rec. 15/2015, entre otras muchas).

En todo caso, y respecto al requisito cuya ausencia se aprecia por la Administración, corresponde al solicitante la carga de probar su suficiente grado de integración en la sociedad española, mediante la aportación de los medios de prueba que estime conducentes a demostrar tal circunstancia ( STS 11 de diciembre de 2013, Rec. 2226/2011). Ello dado que la integración social implica la armonización del régimen de vida del interesado con los principios y valores sociales, que en gran parte tienen reflejo constitucional, su grado de implicación en las relaciones económicas, sociales y culturales, y también su arraigo familiar, todo lo cual ha de justificarse por el interesado, o desprenderse de las actuaciones del expediente administrativo ( SSTS 19 de diciembre de 2011, Rec. 4648/2010 y 11 de diciembre de 2013, Rec. 2226/2011).

TERCERO.-Ap licando la anterior doctrina al supuesto de autos, figura en el expediente que la Sra. Anyelina había presentado solicitud de concesión de nacionalidad española ante el Juez Encargado del Registro Civil de Alcantarilla (Murcia) en junio de 2015, siendo citada para realizar el examen ante dicho Encargado el 24 de enero de 2017, fecha en la que se extendió el correspondiente Acta, en la que figura el cuestionario efectuado a tal solicitante, a fin de acreditar su grado de integración en nuestra sociedad. Entre las preguntas y las contestaciones dadas por la misma, que se detallan en el citado cuestionario unido al expediente, debe destacarse que, o bien deja las respuestas en blanco, sin contestar (la gran mayoría de ellas) o bien contesta incorrectamente.

Se trata, como pone de manifiesto el Informe emitido por el referido Juez Encargado del Registro de que, si bien dicha actora habla y lee la lengua castellana, sin embargo la escribe con dificultad y, sobre todo, desconoce en lo más básico todo lo referente al sistema de gobierno, autoridades, división territorial, costumbre, fiestas, comidas etc., en definitiva, de las distintas facetas de la cultura de nuestro país.

CUARTO.-Es aplicable al litigio la consolidada Jurisprudencia, seguida por la doctrina de esta Sala de la Audiencia Nacional, a cuyo tenor el conocimiento de la lengua y del marco institucional forman parte del grado de adaptación a la cultura española que, a su vez, componen el requisito del suficiente grado de integración en la sociedad española que el interesado debe justificar. Y si bien el nivel de exigencia en cuanto al conocimiento de la lengua y de las instituciones españolas puede modularse en función del grado de instrucción del interesado y de las demás circunstancias que concurran en el mismo, se requiere un dominio de la lengua que permita al menos una comunicación fluida a nivel oral, y un cierto grado de conocimiento de la realidad española de la que se pretende formar parte como un miembro nacional más.

En definitiva, considera la Sala que a la Sra. Anyelina le era exigible, dado el largo tiempo de residencia en España (solicitó y obtuvo su primer permiso de residencia en el mes de enero del año 2001) y su implicación familiar y laboral en nuestro país, que se desprende de la documentación obrante en el expediente administrativo, un nivel de conocimiento de las instituciones y costumbres españolas muy superior al puesto de relieve.

Sin que sea de aplicación, por otra parte y contrariamente a lo argumentado en la demanda, la doctrina de la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2021 ( Núm. 1521/21) pues una cosa es acomodar el nivel de exigencia en cuanto al conocimiento de la lengua y de las instituciones españolas, tomando en consideración que la solicitante es una mujer emigrante, procedente de un país en el que la educación de las mujeres está muy condicionada a un aislacionismo social, y otra distinta que, tal y como resulta del expediente administrativo tramitado, dicha recurrente desconozca, casi en su totalidad, cualquiera de las múltiples facetas que, respecto de la cultura española, se le preguntaron en el interrogatorio sobre grado de integración practicado. Y ello después de residir en nuestro país más de veinte años (obtuvo la residencia en 2001 y el examen de integración data del año 2017), tal y como motivadamente se desprende de las actuaciones practicadas.

Por lo que de conformidad con el artículo 22.4 del Código Civil, la resolución impugnada se ajusta a derecho, desde el momento en que la interesada no cumple un requisito esencial para la concesión de la nacionalidad, cuál es su suficiente grado de integración en la sociedad española.

QUINTO.-A tenor del art. 139.1 de la LRJCA, de 13 de julio de 1998, procede la imposición de las costas a la recurrente, cuyo importe máximo, por todos los conceptos, se fija en la suma de 1500 euros.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación;