Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 3247/2021 de 02 de julio del 2024

PRIMERO. Se plantea en el presente recurso jurisdiccional, la impugnación del acuerdo de la Subsecretaria del Interior, actuando por delegación del Ministro del Interior, de 12 de mayo de 2021 por el que se deniega el derecho de asilo así como la protección subsidiaria a los recurrentes, referidos en el encabezamiento de la presente resolución.

En la resolución impugnada se arguyen como motivos para denegar la solicitud del actor, tras constatar que se ostenta junta a la venezolana la nacionalidad de Colombia, los siguientes:

"El derecho de asilo, según la Ley 12/2009, de 30 de octubre, es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados , hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967.

Así, la condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9.

En el expediente ha quedado acreditado de forma indiciaria que la persona solicitante es nacional de Colombia. No obstante, los hechos de persecución que narra y el temor fundado que alega en su solicitud de protección internacional habrían sucedido en un país distinto de aquel del que es nacional (Colombia). Por tanto, no existe motivo para que la persona solicitante no quiera o no pueda requerir la protección de las autoridades del país del que es nacional.

..... Por todo lo anteriormente expuesto, se entiende que no ha quedado establecida una problemática susceptible de protección conforme a lo prevenido en la Convención de Ginebra de 1951, por lo que se considera de forma desfavorable la concesión del estatuto de refugiado.

De la misma forma, se entiende que en el presente caso no concurren ninguna de las causas que pudieran dar lugar a la concesión de protección subsidiaria conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 12/2009 de 30 de octubre , reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, por lo que se considera de forma desfavorable la concesión de protección subsidiaria.

Las alegaciones del recurrente, frente a lo razonado en la resolución recurrido se expresan al margen de lo razonado en la resolución recurrida,cuyo motivo de denegación es el ser nacional de un país distinto respecto a aquel del que se pide la protección, y es de ello expresivo el siguiente relato:

"Según la información consultada para el análisis de la solicitud, Venezuela se encuentra inmersa en una situación convulsa en la que concurren simultáneamente múltiples crisis desde el punto de vista económico, social y humanitario, afectando de forma aguda y conjunta a todos los ámbitos.

Según señala la Organización de Estados Iberoamericanos (OEA) en el informe aprobado por la

Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 31 de diciembre de 2017 sobre la situación de Derechos humanos en Venezuela, se ha producido un importante debilitamiento de la institucionalidad democrática, así como un alarmante incremento de la represión, violencia e inseguridad ciudadana .

SEGUNDO. En cuanto al fundamento de la resolución recurrida, que se basa en que siendo la recurrente nacional de Colombia, con doble nacionalidad, al contar también con la venezolana, es a aquél Estado al que le corresponde otorgarle la protección solicitada, ha de entenderse que, efectivamente, dicha protección se ha de otorgar por el país de que se es nacional, Colombia, según deriva de lo previsto en Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, en cuyo artículo 1 se prevé:

" A. A los efectos de la presente Convención, el término «refugiado» se aplicará a toda persona:

1) Que haya sido considerada corno refugiada en virtud de los arreglos del 12 de mayo de 1928 y del 30 de junio de 1928, o de las Convenciones del 28 de octubre de 1933 y del 10 de febrero de 1938, del Protocolo del 14 de septiembre de 1939 o de la Constitución de la Organización Internacional de Refugiados;

Las decisiones denegatorias adoptadas por la Organización Internacional de Refugiados durante el período de sus actividades no impedirán que se reconozca la condición de refugiado a personas que reúnan las condiciones establecidas en el párrafo 8 de la presente sección.

2) Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de racionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.

En los casos de personas que tengan más de una nacionalidad se entenderá que la expresión «del país de su nacionalidad» se refiere a cualquiera de los países cuya nacionalidad posean, y no se considerará carente de la protección del país de su nacionalidad a la persona que, sin razón válida derivada de un fundado temor, no se haya acogido a la protección de uno de los países cuya nacionalidad posea.

El artículo 3 de la Ley 12/2009, tiene un contenido similar al expresar:

" La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9".

Aun cuando la norma de la Ley Reguladora del derecho de asilo no alude a la doble nacionalidad, ha de entenderse que en el caso de que se cuente con ella el solicitante ha de acogerse a la protección del país de la segunda nacionalidad, de no ser este el origen de la amenaza, como es el caso de Colombia, ya que los "temores" se han producido en Venezuela, y la protección se ha de dispensar por aquel primer país, que no es el causante de la acción que fundamenta la protección interesada. Esto es, el estado que brinda la protección es aquél del que se es nacional, y de no ser susceptible de ser otorgada por el mismo, por cuanto que existe el temor de ser perseguido por él, se puede solicitar de otro país, pero ha de entenderse que ello no es posible, de tenerse una doble nacionalidad como es el caso, y la fuente del temor no se encuentra en este país, que ha de ser en este caso el que debería brindarla por ser el solicitante nacional del mismo.

CUARTO. Y efectivamente aun cuando la resolución recurrida no inadmite la solicitud sino que la desestima, se dan todos los elementos necesarios para entender que siendo la recurrente nacional de Colombia -que es la causa de denegación de la protección internacional solicitada- debió ser el estado colombiano el que, en su caso, otorgara tal protección por hechos ocurridos en Venezuela, que son los alegados por la recurrente.

QUINTO. La falta de motivación denunciada no puede entenderse que concurre, pues se circunscribe a la consideración de la existencia de la nacionalidad colombiana, en forma tal que ninguna motivación más debe pronunciarse, sobre los hechos alegados, que por otro lado son ajenos al ámbito de la protección internacional al limitarse que no podía regresar a Venezuela por la interrupción de vuelos por la situación provocada por la pandemia del COVID 19.

Ha de entenderse, así, que la resolución se encuentra suficientemente motivada, a los efectos previstos en el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ha de entenderse que existe una expresión suficiente de las razones que justifican la solicitud de asilo.

Dicha motivación, aun escueta, ha de entenderse que es suficiente a los efectos de reputar que no ha existido indefensión de la actora, que ha podido conocer los motivos existentes en la resolución administrativa, que exteriorizan la causa del acto y que permitieron a dicho recurrente reaccionar frente a dichos motivos interponiendo el recurso pertinente.

Si insistimos en ello ha de considerarse toda la argumentación que se da en la resolución recurrida sobre la existencia de doble nacionalidad es suficiente para entender debidamente motivada la resolución.

A tenor de los razonamientos precedentes la demanda ha de ser íntegramente desestimada.

SEXTO. En cuanto a las costas, previene el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de esta Jurisdicción, en la redacción aplicable a este procedimiento que "En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho". Y en el presente caso, desestimado el recurso, sin que existan dudas de hecho o de derecho, procede su imposición a la parte actora.

En aplicación del principio de moderación, del que se hacen eco diversas sentencias del Tribunal Supremo, como son las de 19 y 25 de febrero de 2010, en atención a la dificultad del asunto y la labor efectivamente realizada en el procedimiento, se considera que la cantidad máxima a que debe ascender la tasación de costas a realizar por todos los conceptos, excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido, ha de ser la cifra de 1.000 euros.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo