Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 1808/2023 de 22 de mayo del 2024

PRIMERO.- Se impugna, por D. Tomás, la resolución del Ministerio del Interior de fecha 11 de septiembre de 2023, por la que se le deniega la renovación de la autorización de residencia por razones de protección internacional de carácter humanitario, al ser notificada por el Cuerpo Nacional de Policía una reseña de la persona solicitante, sin perjuicio de que, en su caso, pueda continuar la residencia en España en el marco de lo dispuesto en la legislación de extranjería.

En la demanda alega, en síntesis, que reúne los requisitos para que se le conceda la renovación de la autorización de la que es titular, puesto que la constancia de una reseña policial no es motivo suficiente para la denegación, siendo incluso susceptible de cancelación por parte de la Dirección General de la Policía, dado que se dictó Auto por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Zaragoza por el cual se acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de dicha causa, por lo que el recurrente no ha sido condenado en ningún momento como autor de ningún delito.

SEGUNDO.- La Abogacía del Estado manifiesta su allanamiento toda vez que, según se indica en el Informe del Ministerio del Interior que aporta:

"el recurrente solicita la renovación de su autorización de residencia temporal por razones de protección internacional en virtud de los artículos 37 b ) y 46.3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre , reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, se estima fundada su pretensión tras haberse comprobado que no concurre en la actualidad ninguna causa obstativa de las enumeradas en el apartado segundo de la resolución del Ministro del Interior, de 28 de febrero de 2019, sobre concesión de la autorización de residencia temporal por razones humanitarias de protección internacional a personas de nacionalidad venezolana".

TERCERO.- El artículo 75 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece que los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2 del artículo anterior, es decir acompañando testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente con arreglo a los requisitos exigidos por las leyes o reglamentos respectivos. Producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo común de 10 días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho.

El allanamiento a la demanda es un acto del proceso ya abierto que extingue la relación procesal en virtud del reconocimiento o conformidad que el demandado presta a la pretensión contenida en la demanda, cuyo efecto determinante es que el juzgador quede en principio obligado a resolver en todo conforme a lo pedido en ella, es decir de acuerdo con los términos de la pretensión reconocida. En el caso presente se han cumplido los requisitos necesarios para dar validez a dicho allanamiento, en el que se reconoce la estimación de la pretensión de la recurrente, no apreciando la Sala que el mismo es contrario al interés público o de tercero. En la misma línea, las SAN (2ª) de 12 de marzo de 2015 (Rec. 164/2013), 18 de marzo de 2015 (Rec. 341/2013); 27 de marzo de 2015 (Rec. 233 y 433/2013); 9 de julio de 2015 (Rec. 408/2014) y 23 de julio de 2015 (Rec. 411/2014).

En consecuencia, procede estimar las pretensiones de la parte demandante, y anular la resolución impugnada, reconociendo al recurrente el derecho a la renovación de la autorización de residencia por razones humanitarias.

CUARTO.- En lo relativo a las costas procesales, la decisión debe adoptarse partiendo de lo dispuesto en el artículo 139 LJCA, según la interpretación realizada por el Tribunal Supremo en los casos de allanamiento antes de contestar a la demanda, en Sentencias del Pleno de 17 de julio de 2019 (recursos de casación 5145/2017 y 6511/2017), seguida en otras posteriores como la de 30 de noviembre de 2020 (recurso de casación 6979/2019).

Conforme a esta interpretación, rige la regla objetiva del vencimiento que deriva de lo dispuesto en ese artículo, y, por consiguiente, en estos casos resulta procedente la imposición de costas, salvo criterio subjetivo del juzgador, quien habrá de atender a las circunstancias concurrentes en cada caso y quien, igualmente podrá también acudir al apartado 4 del artículo 139 LJCA y antes en el apartado 3 en moderación del criterio objetivo.

Pues bien, en el caso de autos la Sala considera que existen circunstancias que determinan la no imposición de costas a la Administración, teniendo en cuenta que en el momento en que se dictó la resolución administrativa existía, efectivamente, una reseña policial del recurrente ocasionada por hechos que, posteriormente, derivaron en un Auto de sobreseimiento, una vez conocido lo cual se produjo el allanamiento de la Abogacía del Estado.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, la Sala dicta el siguiente