Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 138/2021 de 26 de julio del 2024

PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo se interpone contra la Orden HA/A/000168/2020, de 12 de noviembre del 2020, por la que se desestima reclamación de responsabilidad patrimonial por daños materiales y morales derivados de la tramitación de procedimiento por responsabilidad contable derivada de actuaciones en funciones de Director General del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, al no impulsar expediente de reintegro de subvenciones concedidas a la productora "Els Films de la Rambla, S.A."

SEGUNDO.- El demandante sostiene que las actuaciones en su contra para reclamarle responsabilidad contable no se basaban en un criterio razonable, como afirma la resolución impugnada, sino que seguían un designio predeterminado de imputarle la responsabilidad por la prescripción de las acciones de reintegro de subvenciones.

Se denuncian manejos para no elevar las actuaciones al Gobierno, y que estas permanecieran en sede del Ministerio de Hacienda, mediante el apartamiento del procedimiento de un tercero. Pero ni se detallan las razones por las que debiera haberse seguido el procedimiento de responsabilidad contable contra otra persona, ni se da razón que refleje que la acción dirigida en su contra era carente de fundamento, al punto que no se analiza la actuación del demandante ni se menciona el cargo que se ejerció ni se da detalle alguno sobre el caso concreto.

Asimismo, se refiere que fue obstaculizado el derecho de defensa porque no se accedió a celebrar pruebas ni se atendieron otras peticiones del encartado. Pero se olvida que por las actuaciones del instructor del expediente se siguieron diligencias penales que fueron archivadas, pero ni tan siquiera se mencionan.

La STS de 12 de marzo del 2019 sienta el criterio de que el plazo de caducidad aplicable a los expedientes de responsabilidad contable es de tres meses, y no seis, como correspondería a los procedimientos sancionadores. En la demanda se sostiene que el instructor, en connivencia con el titular del órgano competente para resolver el expediente, decidieron continuar las actuaciones pese a que eran conscientes de que habían caducado o estaban a punto de hacerlo, alargando el calvario del demandante. Para acreditar esto se apoya en unos correos electrónicos intercambiados entre tales personas.

Esto vuelve a ser una visión sesgada de lo ocurrido. Se pone el foco en unos correos electrónicos en los que se expresan dudas sobre el plazo de caducidad aplicable. Pero lo cierto es que, finalmente, se adoptó el criterio de que las actuaciones no habían caducado, y esto fue refrendado nada menos que por el Tribunal de Cuentas. Tales correos no reflejan sino el estado del pensamiento en un momento concreto, pero estas ideas pueden variar, bien sea por propia reflexión o por influjo de informes técnicos.

Que el asunto no era baladí, y que había serias dudas sobre el plazo de caducidad a aplicar, lo refleja la propia sentencia del TS, que no impone las costas a la administración demandada, pese a que se anula la actuación impugnada. Esto pone de manifiesto que el caso presentaba dudas jurídicas, y que la decisión de continuar las actuaciones se basaba en un criterio razonable.

Fuera de esto, no hay datos que permitan afirmar que la administración demandada no condujo su actuar inspirada en el interés público y la aplicación del Derecho. Nada dice la demanda sobre la actuación correcta del demandante en la defensa de los fondos públicos que se perdieron por falta de impulso de la acción de reintegro. Obtuvo una sentencia favorable que apreció la vulneración de una garantía del procedimiento- la dirigida a evitar su duración excesiva- pero no hay visos de que la incoación de las actuaciones para depurar sus responsabilidades se debiera a un ánimo de revancha personal del instructor y del Ministro, como se sostiene en la demanda.

TERCERO.- Las costas se imponen al demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 LJCA, limitadas a 3.000 euros.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección séptima, ha dictado el siguiente