Sentencia Contencioso-Administrativo del Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 44/2021 de 29 de noviembre del 2022

Se aceptan los fundamentos de derecho de la sentencia impugnada, en los que no se opongan a los siguientes:

PRIMERO.- En el presente recurso de apelación se impugna la sentencia nº 39/2021, de 5 de abril del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo nº 5 en el recurso contencioso-administrativo 15/2020 que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la procedimiento por Derechos Fundamentales 4/2020 que desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra las liquidaciones de fecha 11.12.2019 de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT, ejercicios 2.012, 2014 y 2.016, imponiendo las costas a la parte apelante.

La sentencia, en esencia, confirma la resolución impugnada, al considerar que el acto impugnado no tiene contenido sancionador, por lo que no ha habido lesión del art. 24 de la CE. Además la resolución del TSJ de Madrid de 22 de mayo de 2.019, que revoca la de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 20 de noviembre de 2.018, Sección 23ª, RA 92/2019, dictada en el PA 1043/2016, que condenaba al actor a una pena de prisión de 6 mes y un día, lo hace por falta de motivación, sin que acredite que no ha existido simulación en el contrato de préstamo en el contrato celebrado entre la entidad holding CIBV con los acusados, entre los que se encuentra el actor. De los hechos no declarados probados no quedaba vinculada la Administración, por lo que podía iniciar un procedimiento de comprobación que concluyese con un acuerdo de liquidación.

SEGUNDO.- El recurso de apelación se sustenta en que de las declaraciones hechas en la sentencia del TSJ de Madrid que absuelve al actor de un delito fiscal se deduce que sí se declara la realidad de los préstamos celebrados entre la sociedad CIBV y los acusados. Por consiguiente, no se han respetado los hechos declarados probados en el proceso penal, y por tanto, se han lesionado los art 25.1, 24.1 y 2 de la CE, en cuanto se refieren a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías. En consecuencia, no procedía el inicio de un procedimiento de regularización posterior a la sentencia penal absolutoria.

El Ministerio Fiscal reitera que no nos encontramos ante un acto sancionador y definitivo, y la Abogacía del Estado se centra en que la declaración de hechos probados de la sentencia del TSJ de Madrid que considera en una causa por delito fiscal no se declara probado que el préstamo objeto de la regularización fiscal fuese real.

TERCERO.- En relación con la oposición de la actora ha de decirse en primer término, que la misma sí contiene una crítica de la sentencia, rebatiendo, en parte, el núcleo de la decisión judicial adoptada. Todo ello conforme a una inveterada doctrina sobre la necesidad de realizar dicha crítica en los recursos de apelación ( STS de 30.11.1998, RA 9087/92, 4.6.1996, RA 5790/92, 17.9.1991, RA 1546/88, por todas).

En segundo lugar, que para la resolución del presente recurso de apelación, lo cierto es que, sin necesidad de entrar a valorar si de la sentencia del TSJ de Madrid de fecha 5 de abril de 2.021 puede deducirse que se ha declarado el préstamo celebrado por la sociedad con sus socios como real y existente -cuestión ésta de no fácil solución- lo que sí parece claro es que en el presente procedimiento de derechos fundamentales no se ha producido, como bien indica el Ministerio Fiscal, lesión alguna del art. 24.1 ni 24.2 de la CE, toda vez que el actor ha podido acceder a los Tribunales y manifestar cuanto ha tenido por conveniente contra el acto impugnado, y el acto impugnado carece de contenido sancionador alguno, por tratarse de un acto liquidatorio, por lo que no ha tenido lugar lesión alguna del principio del non bis in idem en su aspecto procesal de respeto a los hechos declarados probados en la vía penal, como tampoco por el inicio de un procedimiento de regularización posterior al penal que no tiene carácter sancionador.

Por consiguiente, la resolución impugnada es conforme a derecho, conforme a los razonamientos ahora expuestos.

CUARTO.- Po r consiguiente, debemos desestimar el recurso de apelación formulado, confirmando la resolución impugnada proveniente de la Juez a quo. Con costas, conforme al art. 139 de la Ley Jurisdiccional, al haberse desestimado el presente recurso de apelación, las cuales se cifran en 2.000 euros, por todos los conceptos, IVA incluido, a la vista de la complejidad, cuantía del pleito y extensión de las alegaciones formuladas.

VISTOS.- los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.