Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 1773/2019 de 31 de enero del 2023

PRIMERO. - Es objeto del presente recurso contencioso administrativo resolución presunta del Ministerio de Justicia, por la que se deniega la solicitud de la concesión de la nacionalidad por residencia solicitada por el ahora recurrente.

SEGUNDO. - La parte recurrente pone de manifiesto en el escrito de demanda que el 29 de agosto de 2017, se presentó toda la documentación en vigor que la normativa enumera para presentar la solicitud. Así consta ya no solo en la documentación aportada por esta parte, sino incluso en el expediente que ahora aporta la Administración. Sin embargo y pese a ello, el 9 de mayo de 2021 (4 años después de la presentación) la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil remite a mi representada escrito requiriendo determinada documentación que ya obra en el expediente. Parece que la Administración trata de justificar el retraso excesivo que mantiene para la resolución de expedientes volcando la responsabilidad sobre las personas solicitantes.

Consta también debidamente acreditado un grado suficiente de integración del solicitante en la sociedad española ya no sólo porque lleve viviendo en este país desde hace años junto con sus padres y ahora su actual marido e hija, también ha estudiado la Educación Secundaria, Bachillerato, Grado Superior, Educación Universitaria y un título de experto en la Universidad de Barcelona.

Solicitó que se tenga por presentado en tiempo y forma este escrito y los documentos que lo acompañan, se sirva admitirlo, y tenga por formalizada, en tiempo y forma DEMANDA de Recurso Contencioso-Administrativo contra la denegación presunta de la solicitud de nacionalidad por residencia formulada por Zaira, acordándose la concesión de la nacionalidad española, todo ello con expresa imposición de costas a la Administración.

Por parte del Abogado del Estado se planteó la desestimación del recurso contencioso sobre la base de que la interesada fue requerida por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública para que aportara certificado literal de nacimiento del cónyuge español, certificado de empadronamiento junto con el cónyuge, certificado de matrimonio. También certificado de nacimiento y de antecedentes penales del país de origen, en vigor, traducidos y legalizados según los Convenios internacionales y que como resulta del artículo 22.4 del Código Civil, que señala expresamente que el promotor deberá justificar el cumplimiento de estos requisitos, lo que implica que es el solicitante el que debe probar la concurrencia de éstos.

Sobre esta base concluye que la concesión de la nacionalidad española requiere una "cuidadosa y prudente" apreciación de la concurrencia de los requisitos exigidos para ello, concurrencia que en este caso no consta acreditada por el peticionario ni apreciada debidamente por la Administración que, conviene recordar, incluso en casos de concurrencia de todos los requisitos, puede denegarla por razones de orden público o seguridad nacional.

TERCERO. - Los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación.

Los primeros no plantean problema para su apreciación, y en cuanto a los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisan de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración ( art. 103 de la Constitución), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa.

Así ha declarado la sentencia de 24 de abril de 1999, citando otras muchas como las de 22-6-82, 13-7-84, 9-12-86, 24-4, 18-5, 10-7 y 8-11 de 1993, 19-12-95, 2-1-96, 14-4, 12-5- y 21-12- de 1998 y 24-4-99, que en la apreciación de los conceptos jurídicos indeterminados, como orden público e interés nacional, resulta excluida la discrecionalidad de la Administración, porque la inclusión de un concepto jurídico indeterminado en la norma a aplicar no significa, sin más, que se haya otorgado capacidad a la Administración para decidir con libertad y renunciar a la solución justa del caso, sino que viene obligada a la única decisión correcta a la vista de los hechos acreditados, añadiendo que el reconocimiento de la nacionalidad española no es una potestad discrecional sino un deber cuando concurren los requisitos legalmente previstos. Por ello, la propia sentencia señala que la nacionalidad tiene la auténtica naturaleza jurídica de estado civil de la persona, por lo que su adquisición por residencia no puede confundirse con la que se lleva a cabo por carta de naturaleza, pues mientras ésta constituye un genuino derecho de gracia, en que el requisito de la solicitud tiene el significado de ocasión o motivo pero no causa jurídica de la misma, la adquisición por residencia no puede concederse o denegarse sino cuando concurran las circunstancias legalmente previstas, de manera que no se trata de una concesión "stricto sensu" sino de un reconocimiento por concurrir al efecto los requisitos exigibles.

CUARTO. - Examinado el expediente administrativo resulta que la recurrente, junto con el escrito de solicitud de nacionalidad española, aportó la siguiente documentación:

- Solicitud de nacionalidad española presentada en Agosto de 2017 donde aparece ya mencionado su esposo.

- Permiso de residencia otorgado a la solicitante de la nacionalidad.

- Certificado de nacimiento y carencia de antecedentes penales otorgado por su país de origen.

- Pasaporte de la república de Benín.

- Certificados académicos, expedidos por las autoridades académicas españolas, de la solicitante como estudiante de ESO y Bachiller así como de Técnico de Laboratorio y de Graduado en nutrición humana.

- Certificado de empadronamiento desde 2017 en una población de navarra.

- Certificado de matrimonio eclesiástico celebrado en Junio de 2016.

- Libro de familia español de la solicitante.

- Certificado de empadronamiento junto con su esposo y dos hijos a partir del día 6 de Febrero de 2019.

En el complemento del expediente consta diligencia con el siguiente contenido: "Con fecha 09/05/2021 se ha requerido al interesado para que complete la documentación exigida en el procedimiento. Cuando se reciba la mencionada documentación en esta Dirección General, será remitida a ese órgano judicial, y a su vez en este Ministerio se continuará con la tramitación de la solicitud del interesado".

Efectivamente, consta el requerimiento dirigido a la recurrente donde se le solicitaba la siguiente documentación:

CERTIFICADO LITERAL DE NACIMIENTO DE CONYUGE ESPAÑOL: Certificación literal de nacimiento del cónyuge español, expedido por Registro Civil español.

CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO JUNTO CON EL CONYUGE: Documento que acredite la convivencia efectiva de los cónyuges en el momento de la solicitud y al menos un año antes.

CERTIFICADO DE MATRIMONIO CÓNYUGE ESPAÑOL: Certificación literal de matrimonio expedido por Registro Civil español con fecha actual.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES DEL PAÍS DE ORIGEN: En vigor, original y traducción, legalizado según los Convenios Internacionales. Este documento podrá ser sustituido por el Certificado Consular de Conducta, conforme a los convenios vigentes, debidamente traducido y legalizado. El certificado consular de conducta sólo será admisible cuando sea expedido en base a la consulta a las autoridades competentes del país de origen. En el caso de nacionales de un estado miembro de la UE se puede sustituir por el Certificado del Registro Central de Penados español donde conste expresamente que se ha consultado los

antecedentes con el país de origen.

CERTIFICADO DE NACIMIENTO: En vigor, original y traducción, legalizado según los Convenios Internacionales.

En el mismo complemento de expediente, consta resolución firmada electrónicamente el día 13 de Enero de 2022 con el siguiente contenido: "Con el fin de resolver adecuadamente la solicitud, se le requirió la aportación de determinados documentos al expediente, concediéndole para ello un plazo de tres meses y con expresa advertencia de que de no ser atendido el requerimiento en el plazo citado, se le tendría por desistido en su petición.

Habiendo transcurrido el plazo de referencia sin que se haya aportado la documentación requerida o siendo la documentación recibida insuficiente o deficiente, procede acordar el archivo del procedimiento por desistimiento conforme a lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 10.2 del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia".

QUINTO. - Del análisis del expediente remitido resulta que, si bien es cierto que el requerimiento remitido carece en buena parte de sentido puesto que se realizo con el fin de solicitar determinados documentos que ya obraban en el expediente, sin embargo, falta la siguiente documentación esencial para adquirir la nacionalidad española:

- Justificante de que el matrimonio ha sido contraído con persona de nacionalidad española y ello pues el articulo 22.2.d) entiende que basta un año de residencia legal en España para "El que al tiempo de la solicitud llevare un año casado con español o española y no estuviere separado legalmente o de hecho". No constando la nacionalidad española del conyugue de la solicitante no puede utilizarse el plazo de un año.

- El articulo 22.4 del Código Civil recoge los dos siguientes requisitos para adquirir la nacionalidad española: El interesado deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española.

- Falta el cumplimiento del requisito que señala el articulo 6.1 del RD 1004/2015: Los interesados deberán superar tanto los exámenes para la obtención del diploma de español como lengua extranjera (DELE) como mínimo de nivel A2, como la prueba que acredite el conocimiento de los valores históricos, constitucionales y socioculturales de España (CCSE), derivados de la configuración de España como un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, y del conocimiento y respeto de los principios de conforman la convivencia en la sociedad española.

- No se han aportado los justificantes de conocimiento del Español ni del conocimiento de los valores históricos y constitucionales españoles

La parte recurrente ha formulado su escrito de demanda, sustancialmente, argumentando la innecesaridad del requerimiento de información remitido a la recurrente una vez que se había superado, con mucho, el plazo para dictarse la resolución del expediente de solicitud de nacionalidad española. Aun siendo cierto este argumento, sin embargo, nada se ha dicho sobre la falta de acreditación de los requisitos esenciales mencionados más arriba:

- La nacionalidad española del conyugue que permitiría beneficiarse del plazo abreviado.

- El conocimiento de la lengua española (que aunque podría suponerse ya que ha estudiado en centros docentes españoles, debería haberse acreditado).

- El conocimiento de la realidad y los valores históricos, constitucionales y socioculturales de España.

Por esta razón, procede la integra desestimación de la demanda y la confirmación de la denegación de la nacionalidad española.

SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , las costas procesales de esta instancia habrán de ser satisfechas por la parte recurrente.