Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 22/2024 de 07 de octubre del 2024

PRIMERO.- Régimen de admisibilidad del Recurso de Apelación.-

1.- Dados los términos en los que se plantea la controversia, con carácter previo se ha de recordar que la cuantía del recurso constituye una cuestión de orden público procesal, y como, tal revisable de oficio por el propio órgano judicial, en cuanto puede determinar su competencia ( artículo 7. 2 de la Ley de la Jurisdicción), no estando sujeto el órgano judicial competente para conocer el recurso de apelación a la determinación de la cuantía que pudiera haberse fijado judicialmente en la instancia, a efectos de la admisibilidad de la apelación, aunque dicha cuantía no hubiera sido cuestionada entonces.

2.- Se reclamaban las diferencias retributivas correspondientes a los complementos de destino previstos para los Fiscales de segunda categoría por un Abogado Fiscal de tercera categoría, que desempeñaba funciones en las mismas condiciones que los fiscales de segunda. Por consiguiente, la cuantía no alcanzaba el límite establecido para la apelación.

La cuantía del recurso era sin duda mensurable, atendido el objeto de debate, conforme nos hemos pronunciado en otras ocasiones semejantes, y en particular, en el caso de otros fiscales que ejercitaron pretensiones económicas idénticas a la controvertida en el recurso que se somete a la consideración de la Sala.

3.- En efecto, el artículo 81.1 a) de la LJCA establecía en el momento de la reclamación que "Las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo serán susceptibles de recurso de apelación, salvo que se hubieran dictado en los asuntos siguientes: a) Aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros. ...."

El artículo 42 de la LJCA dispone que " 1. Para fijar el valor económico de la pretensión se tendrán en cuenta las normas de la legislación procesal civil, con las especialidades siguientes:

a) Cuando el demandante solicite solamente la anulación del acto, se atenderá al contenido económico del mismo, para lo cual se tendrá en cuenta el débito principal, pero no los recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsabilidad, salvo que cualquiera de éstos fuera de importe superior a aquél.

b) Cuando el demandante solicite, además de la anulación, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, o cuando solicite el cumplimiento de una obligación administrativa, la cuantía vendrá determinada:

Primero. Por el valor económico total del objeto de la reclamación, si la Administración pública hubiere denegado totalmente, en vía administrativa, las pretensiones del demandante.

Segundo. Por la diferencia de la cuantía entre el objeto de la reclamación y el del acto que motivó el recurso, si la Administración hubiera reconocido parcialmente, en vía administrativa, las pretensiones del demandante.

2. Se reputarán de cuantía indeterminada los recursos dirigidos a impugnar directamente las disposiciones generales, incluidos los instrumentos normativos de planeamiento urbanístico, los que se refieran a los funcionarios públicos cuando no versen sobre derechos o sanciones susceptibles de valoración económica, así como aquéllos en los que junto a pretensiones evaluables económicamente se acumulen otras no susceptibles de tal valoración.

También se reputarán de cuantía indeterminada los recursos interpuestos contra actos, en materia de Seguridad Social, que tengan por objeto la inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, cobertura de la prestación de incapacidad temporal, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores".

4.- Estamos en presencia de materia retributiva funcionarial susceptible de valoración económica, conforme al artículo 42.2 de la LJCA ( Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 16 enero 2014, rec. 26/2013; Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 20 noviembre 2012, rec. 64/2012). En efecto, lo que se reclama son diferencias retributivas en el complemento de destino por razón del trabajo desempeñado en una Fiscalía concreta, y estas sumas se devengan mes a mes. De modo que, teniendo en cuenta las nóminas mensuales en las que se devengan los complementos, de acuerdo con una jurisprudencia constante, no se alcanzaría la cuantía mínima de 30.000 euros. Por consiguiente, esta pretensión tiene una cuantía determinada, valorable ( artículo 42 LJCA) , y determinada en atención a la suma reclamada.

5.- En este mismo sentido nos hemos pronunciado en casos en los que se solicitaba el reconocimiento del complemento de antigüedad por parte de una funcionaria interina ( Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 427/2016 de 16 junio 2016, Rec. 9/2016 y 7/2016), o el meritado concepto retributivo correspondientes a las distintas anualidades en que los recurrentes ejercieron su labor profesional como magistrados eméritos del Tribunal Supremo ( Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia 148/2016 de 23 Febrero 2016, Rec. 31/2015, y de 16 marzo 2016, Rec. 1/2016); el reconocimiento del "derecho a percibir, desde su reincorporación al servicio activo y mientras dependió de la Administración General del Estado, el complemento de destino" en cuantía que no excede del límite fijado para acceder a la apelación ( Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 30 noviembre 2006, rec. 18/2006); el derecho a percibir "el complemento de representación correspondiente a los magistrados con destino en la Audiencia Provincial", ya que lo que se considera es el importe mensual de los derechos económicos reclamados ( Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 16 enero 2014, rec. 26/2013); o "el reconocimiento del derecho a percibir el complemento específico y el complemento de destino en la misma cuantía que los percibidos por los Subinspectores Adscritos "A", con el consiguiente abono de las cantidades dejadas de percibir por dichos conceptos desde su nombramiento hasta la fecha de cese de tal situación" ( Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Auto de 28 octubre 2004, rec. 3783/1999). En el mismo sentido, en supuestos de cuotas por débitos a la Seguridad Social, "las cifras que deben tomarse en consideración son las cuotas mensuales" ( Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 10 noviembre 2004, rec. 3856/2001).

6.- Y finalmente, en casos como el analizado en el que un Fiscal de tercera categoría solicita el complemento de destino de Fiscal de segunda categoría correspondiente a la plaza que ocupa, hemos seguido esta misma línea, entendiendo que estas sentencias no son apelables ( Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso- administrativo, Sección 3ª, Sentencia de 6 octubre 2021, Rec. 27/2021, Sentencia de 29 octubre 2020, Rec. 11/2020, Sentencia de 16 diciembre 2021, Rec. 18/2021, Sentencia de 15 diciembre 2021, Rec. 23/2021, Sentencia de 21 enero 2022, Rec. 30/2021).

Por lo tanto, si la sentencia de la que deriva el incidente no es apelable, por razón de la cuantía, tampoco lo será el Auto de extensión de efectos dictado al amparo del artículo 110 LJCA, toda vez que el régimen de impugnación de este Auto sigue el de la sentencia, conforme disponen los artículos 110.7 y 80.2 LJCA, ya que remiten los recursos contra el auto pronunciado conforme a los artículos 110 y 111 LJCA al "régimen de admisión de la apelación que corresponda a la sentencia de cuya apelación se trate".

7.- Debe hacerse notar que el artículo 81.2.e) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en la redacción dada tras la modificación operada por el artículo 102.19 del Real Decreto Ley 6/2023, de 19 de diciembre, establece que "serán siempre susceptibles de apelación las sentencias siguientes: (...) e) Las que, con independencia de la cuantía del procedimiento, sean susceptibles de extensión de efectos".

No es aplicable en este caso la nueva redacción del artículo 81.2, que permite el recurso de apelación de aquellas sentencias dictadas en materia de personal de cuantía inferior a 30.000 euros que son susceptibles de extensión de efectos ( artículo 110 LJCA) , como era el caso, toda vez que la disposición transitoria segunda del Real Decreto 6/2023 ("régimen transitorio aplicable a los procedimientos judiciales"), dispuso que "las previsiones recogidas por el libro primero del presente real decreto ley serán aplicables exclusivamente a los procedimientos judiciales incoados con posterioridad a su entrada en vigor, salvo que en este se disponga otra cosa.".

La entrada en vigor de estas normas tuvo lugar a los tres meses de su publicación en el BOE el 20 de diciembre de 2023 ( disposición final novena, apartado segundo), esto es, el 20 de marzo de 2024. Por ello, el régimen de recursos debía ser el anterior al Real Decreto Ley 6/2023 que configuraba el procedimiento principal como de única instancia, sin acceso a la apelación (y susceptible de recurso de casación en el supuesto de 86.1 segundo LJCA -las sentencias dictadas en única instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, únicamente serán susceptibles de recurso las sentencias que contengan doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectos -).

SEGUNDO.- Costas.-

Por consiguiente, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 139.2 de la LJCA las costas causadas en la segunda instancia no se imponen a ninguna de las partes, puesto que la inadmisión no cabe en la norma general que dispone que "2. En los recursos se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición."