Sentencia Contencioso-Administrativo del Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 1716/2021 de 09 de enero del 2023

PRIMERO. - Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo por la representación de Primitivo frente a la Resolución de la Agencia Española de Protección de Datos de 16 de abril de 2021 que desestima el recurso de reposición frente a la anterior Resolución de 3 de marzo de 2021 que impone a tal actor una sanción de 1500 euros por infracción del artículo 5.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679

Resolución que se sustenta en los siguientes hechos probados más trascendentes:

- Se constata la presencia de una cámara orientada hacia la vía publica instalada en el balcón del inmueble asociado al denunciado.

- No consta cartel informativo en lugar visible informando de la presencia de dispositivo en cuestión.

- Se ha producido un tratamiento de datos de carácter personal al ser usadas las imágenes por el denunciado, el cual procede a almacenarlas durante dos meses de manera ininterrumpida.

- No consta autorización judicial para la instalación de las cámaras, ni se han trasladado los hechos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la localidad de la parte denunciada.

Por los mismos hechos había sido dictada una anterior Resolución de la AEPD de fecha 5 de septiembre de 2016 que estimando el recurso de reposición frente a la anterior Resolución de 12 de julio de 2016, deja sin efecto el apercibimiento y absuelve al demandante.

Ello de conformidad con los siguientes antecedentes fácticos de interés:

La Audiencia Provincial de Ávila había dictado sentencia el 18 de diciembre de 2014 en la que, estimando parcialmente el recurso de apelación planteado por el actor, condena al demandado ( Victor Manuel) a dejar libre y no estacionar vehículo alguno, ni materiales, en el terreno correspondiente a la servidumbre de paso cuyo derecho tiene concedido el actor, así como abstenerse de realizar en el futuro cualquier estacionamiento de vehículos o depósito de materiales.

Con fecha de 23 de mayo de 2017 se dicta Auto ejecución por dicha Audiencia Provincial que impone tres multas coercitivas a los ejecutados, por incumplimiento del anterior Auto de 18/05/2016.

Arrendado el local a Amadeo, puesto que no atendió a las advertencias del actor respecto de la prohibición de ocupar el patio en la forma en que lo estaba haciendo, se presentó acto de conciliación por Primitivo, que concluyó sin avenencia el 15 de julio de 2020.

El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Ávila dicta Auto el 30 de noviembre de 2020 que acuerda sucesión procesal, por la que Amadeo pasa a ocupar posición de nuevo ejecutado en sustitución de Victor Manuel.

SEGUNDO. - El actor sustenta su pretensión impugnatoria de la demanda, en síntesis, en las siguientes consideraciones:

Al cambiar el arrendatario y no avenirse el nuevo en el acto de conciliación celebrado el 15 de julio de 2020, el Sr. Primitivo se vio en la obligación de volver a instalar las videocámaras, para obtener pruebas de la vulneración que se estaba produciendo de la sentencia que había dictado la Audiencia Provincial de Ávila.

Obtenidas tales pruebas, en el mismo procedimiento de ejecución de título judicial se vuelve a solicitar se despache ejecución, aportando DVD con la grabación de imágenes (documentos seis y siete). Siendo mediante Auto de 30/11/2020 cuando se acuerda la sucesión procesal de títulos judiciales en favor del nuevo arrendatario del local.

Por lo que queda acreditado que la finalidad de instalación de las videocámaras es conseguir la Tutela Judicial Efectiva, exactamente igual que ocurría en el procedimiento precedente, resuelto sin imposición de sanción alguna.

Contrariamente a lo razonado en la resolución, la zona del patio controlada por las videocámaras no tiene carácter de lugar público, constando claramente en el expediente anterior el carácter de elemento privado y no público del patio indicado.

Así, dado que existe anterior expediente sancionador anterior, exactamente por los mismos motivos, en el que se absuelve al recurrente, es contrario a derecho que se hayan producido una segunda resolución contradictoria.

Ha existido una subrogación en la posición de ejecutado por lo que resulta indiferente que el denunciante de los mismos hechos del expediente anterior sea otra persona.

La AEPD yerra al indicar que es público el lugar donde están colocadas las cámaras: el patio en que se encuentran las cámaras y está la servidumbre de paso es privado y no está incluido en relación bienes de uso público que precede (calles, paseos, parques, fuentes, estanques, puentes y demás obras publicas de aprovechamiento o utilización).

TERCERO. - La infracción imputada al recurrente es la del artículo 5.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) , que determina que el tratamiento de datos personales ha de ser adecuado, pertinente y limitado a lo necesario en relación con los fines para los que tales datos (en el presente supuesto imágenes) son tratados.

Esta Sala ha declarado en múltiples ocasiones (SSAN de 19/12/2018, Rec. 286/2017 y de 27/12/2019, Rec.786/2018) que la imagen de una persona grabada por una cámara constituye un dato personal en el sentido del (anterior) artículo 2 letra a) de la Directiva 95/46/CE, relativa a la Protección de Datos Personales, y actual artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la medida en que permite identificar a la persona afectada, como señala la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014 (asunto C-212/13).

Y asimismo constituye doctrina consolidada y reiterada que la captación y grabación de las imágenes de personas recogidas por las cámaras de videovigilancia constituye un tratamiento de datos de carácter personal, conforme al actual apartado 2 del artículo 4 del mismo RGPD, y por ende sujeto a la normativa de protección de datos.

La legislación específica sobre videovigilancia se contiene, fundamentalmente, en la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras, que ya en su Exposición de Motivos habla de la necesidad de que el uso y empleo de estos mecanismos de grabación sea proporcionado a la finalidad que se persigue, indicado a tal efecto que: Asimismo la proporcionalidad es un elemento fundamental en todos los ámbitos en los que se instalen sistemas de videovigilancia, dado que son numerosos los supuestos en los que la vulneración del mencionado principio puede llegar a generar situaciones abusivas, tales como la instalación de sistemas de vigilancia en espacios comunes, o aseos del lugar de trabajo. Por todo ello se trata de evitar la vigilancia omnipresente, con el fin de impedir la vulnerabilidad de la persona.

Principio de proporcionalidad cuyo contenido se detalla en el artículo 4 de la citada Instrucción.

En nuestra normativa interna es el Artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de personales y garantía de los derechos digitales el que regula los tratamientos con fines de videovigilancia, estableciendo lo siguiente: 1. Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán llevar a cabo el tratamiento de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras con la finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones.

2. Sólo podrán captarse imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible para la finalidad mencionada en el apartado anterior.

No obstante, será posible la captación de la vía pública en una extensión superior cuando fuese necesario para garantizar la seguridad de bienes o instalaciones estratégicos o de infraestructuras vinculadas al transporte, sin que en ningún caso pueda suponer la captación de imágenes del interior de un domicilio privado.

(...)

5. Al amparo del artículo 2.2.c) del Reglamento (UE) 2016/679 , se considera excluido de su ámbito de aplicación el tratamiento por una persona física de imágenes que solamente capten el interior de su propio domicilio.

Esta exclusión no abarca el tratamiento realizado por una entidad de seguridad privada que hubiera sido contratada para la vigilancia de un domicilio y tuviese acceso a las imágenes.

(...)

7. Lo regulado en el presente artículo se entiende sin perjuicio de lo previsto en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada y sus disposiciones de desarrollo.

8. El tratamiento por el empleador de datos obtenidos a través de sistemas de cámaras o videocámaras se somete a lo dispuesto en el artículo 89 de esta ley orgánica.

Resultando asimismo trascendente a efectos del litigio, lo preceptuado en el artículo 42 de tal LOPDGDD, según el cual: " no se podrán utilizar cámaras o videocámaras con fines de seguridad privada para tomar imágenes y sonidos de vías o espacios públicos o de acceso público salvo en los supuestos y en los términos y condiciones previstos en su normativa específica, previa autorización administrativa por el órgano competente en cada caso".

CUARTO. - Dadas las alegaciones efectuadas por el actor y la demandada, lo que se ha resolver en la litis es la conformidad a Derecho o no del sistema de videovigilancia instalado por el recurrente en el balcón de su domicilio.

La zona de captación lo constituye un terreno o patio, respecto del que figura un Acuerdo de fecha 7 de enero de 1987, en el que los entonces propietarios de las construcciones que bordean el mismo acuerdan que "el patio existente es de servidumbre y luces para las propiedades existentes y no se podrá construir en él, según consta en las escrituras originarias".Más según se desprende de las imágenes de las cámaras que obran en el expediente, se capta además, mediante la cámara instalada por el recurrente, una zona de tránsito de vehículos, de viandantes y de transportistas.

Se trata, por tanto, de un espacio sobre el existe una servidumbre de paso a beneficio de las partes, que no pertenece en exclusiva a ninguna persona, por lo que no puede considerarse privado, sin que prueba en contrario se haya aportado de manera fehaciente.

En la anterior resolución de la AEPD de 5 de septiembre de 2016 es cierto que se absolvió al recurrente por la captación de imágenes respecto de la misma zona, más conforme a su derecho a la tutela judicial efectiva, al considerar que dichas grabaciones constituían un medio de prueba para aportar en el procedimiento civil instado por el mismo recurrente, a fin de preservar su derecho a que se dejara libre ( sin vehículos ni materiales) tal terreno correspondiente a la servidumbre de paso concedida.

Derecho a la tutela judicial efectiva que, sin embargo, no puede prevalecer de manera permanente respecto del derecho a la protección de datos, de tal forma que cumplido el objetivo (al haber recaído sentencia condenatoria en vía civil, así como numerosos autos despachando ejecución), considera la Sala que continuar grabando imágenes a través de las cámaras no resulta pertinente ni proporcionado.

Así, ponderando ambos derechos fundamentales en juego, consideramos desproporcionada tal captación y grabación de imágenes de viandantes y vehículos, en cuanto que la lesión del derecho de protección de datos que con la captación y grabación de tales imágenes se produce, ha de prevalecer respecto del derecho de tutela judicial efectiva de la parte, una vez se obtuvo dicha tutela a través la sentencia condenatoria en vía civil, favorable a los intereses del actor.

Así las cosas, y atendiendo a las circunstancias concurrentes en el caso consideramos, tal y como aprecia la resolución impugnada, que ha existido vulneración de la normativa de protección de datos y, en concreto, del principio de minimización de datos del artículo 5.1.c) del RGPD, en cuanto el tratamiento de tales datos personales, a través de las cámaras instaladas por el recurrente no pueden considerarse adecuado ni proporcionado, al exceder de lo necesario en relación con los fines para los que tales datos personales ( imágenes de personas y vehículos ) son tratados, por el que la pretensión de la demanda ha de ser desestimada.

QUINTO. - Razones, las anteriores, que conducen a la desestimación del presente recurso, y de conformidad con el Art. 139 de la LJCA, a la imposición de las costas al actor cuyas pretensiones han sido desestimadas.