Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 1886/2020 de 01 de febrero del 2024

PRIMERO.- En el presente recurso se impugna la resolución dictada por el Ministerio del Interior por que se acuerda denegar la petición de asilo y protección internacional Marco Antonio, de Liberia.

SEGUNDO.- El reconocimiento de la condición de refugiado está condicionado a la acreditación de que concurren las causas que se contienen en el artículo 1.A.2) de la Convención de Ginebra de 29 de julio de 1951, por remisión expresa del artículo 3.1 de la Ley reguladora del Derecho de Asilo 12/2009, y se concretan en la existencia de fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas en su país de origen. Acorde con tal exigencia, se resolverá favorablemente la solicitud de asilo cuando aparezcan indicios suficientes, según la naturaleza de cada caso, para deducir que el solicitante cumple con los anteriores requisitos (artículo 8 de la citada Ley). Y, en consecuencia, de ello se deriva que no procede la concesión del derecho de asilo, si no aparecen indicios suficientes sobre la existencia de fundados temores de ser perseguido, lo que acontece en el presente supuesto en el que tampoco se aprecian motivos relevantes que permitan acceder a la permanencia en España, procede desestimar el recurso.

Resumidamente, el relato ofrecido por el recurrente remite a la voluntad de residir en España. Alega un problema de desarraigo en su país de origen, Liberia, de donde salió en el año 1999 debido al estallido de la segunda guerra civil de Liberia. Toda la familia se marchó a vivir a Nigeria, donde años más tarde dejó embarazada a una chica. Manifiesta que en secundaria conoció a una chica musulmana llamada Tarsila, cuyo padre era un jefe tradicional importante. En el año 2015 la chica se quedó embarazada y su padre obligó a Tarsila a abortar. En la operación la chica murió y su padre culpó al solicitante por este hecho; fue detenido y le tuvieron encerrado dos meses. Cuando el padre de la chica se enteró de que le habían puesto en libertad, le amenazó de muerte, y a los dos días se presentaron unas personas mandadas por el padre de la chica en su casa, que después de atacar a su familia, se lo llevaron a él y a su padre a la selva. El solicitante pudo escapar y se fue a Sokoto, donde un amigo le ayudó a curarse; allí se enteró de que su padre había sido asesinado y no sabía nada de su madre y de su hermana. Decidió salir del país. Declara que en su país no ha sido perseguido por su ideología política, social, religiosa u orientación sexual, sino que fue en Nigeria donde se sentía perseguido.

Sin embargo, el recurrente no tiene los caracteres o perfil de perseguido por motivos políticos y el relato ofrecido al solicitar asilo remite a razones ajenas a la protección internacional.

No cabe tampoco apelar a la persecución por parte del estado nigeriano ni hacer referencia a hechos ocurridos en ese país como fundamento de una petición de protección internacional, que no se puede basar en el hecho de ser perseguido por un estado distinto al de la nacionalidad que se ostenta, según la definición de refugiado que establece el artículo 1.A.2.) de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados: "el término refugiado se aplicará a toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país"

En cuanto a la situación en la actualidad de su país de origen, Liberia, es cierto que se vio inmersa en dos guerras civiles sucesivas: durante los años 1989 a 1996 tuvo lugar la que ha sido llamada "primera guerra civil de Liberia"; la segunda tuvo lugar entre 1999 y 2003. Estas guerras desplazaron a cientos de miles de ciudadanos y devastaron la economía de este país. Un acuerdo de paz en el año 2003 llevó a la celebración de unas elecciones democráticas en 2005, en las cuales Ellen Johnson Sirleaf fue elegida Presidenta del país. La recuperación del país empezó de forma progresiva; sin embargo la estabilidad política y económica se vio amenazada por la epidemia de ébola de 2014 donde murieron más de 4500 personas. Sin embargo, en la actualidad no existe riesgo alguno en caso de retorno al país de origen del interesado en tanto en cuanto la Organización Mundial de la Salud declaró el 9 de mayo de 2015 a Liberia libre de la transmisión del virus ébola. Si bien desde entonces el virus se ha reintroducido dos veces, el 9 de junio de 2016 finalmente la Organización Mundial de la Salud declara que el país de Liberia esta libre del virus del ébola, después de 42 días consecutivos sin ningún caso del virus.

En cuanto a la parte del relato que se refiere a Nigeria, país donde ha residido en los últimos quince años, se trata de unos hechos que se refieren al ámbito meramente personal.

Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, la mera condición de desertor o prófugo del servicio de armas no constituye, sin más, causa que justifique el reconocimiento de la condición de refugiado, así como la eventual persecución que pueda derivarse de ello, y no puede considerarse, por si sola, una persecución protegible ( SSTS de 6 de noviembre de 2006-recursos. nº 3370/2003 y de 20 de diciembre de 2007 - recurso nº 4498/2004).

El solicitante no ha sufrido una persecución personal por motivo de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de genero u orientación sexual, motivos a que se refiere el artículo 3 de la citada Ley, ni se desprende de su declaración la existencia de un fundado temor a sufrirla.

De la documentación obrante en autos y considerada por la Administración demandada en su resolución, la cual se da aquí por reproducida, el recurrente no tiene los caracteres o perfil de perseguido por motivos políticos y el relato ofrecido al solicitar asilo, como se ha dicho, remite a razones ajenas a la protección internacional.

El procedimiento administrativo, por otra parte, se tramitó regularmente y no es de apreciar la menor indefensión de la parte solicitante. No se han infringido las normas de procedimiento administrativo aplicables y las disposiciones sustantivas sobre derecho de asilo y condición de refugiado.

Lo anteriormente expuesto permite descartar igualmente una protección subsidiaria ( art. 4 y 10 de la Ley de 12/2009) o la permanencia por razones humanitarias ( art. 46.3 de la Ley 12/2009). Las razones humanitarias, según los términos establecidos en la Ley, aun cuando se interprete la expresión ampliamente, deben ser suficientemente precisas en relación con la situación personal del interesado y la situación del país de origen o procedencia, pues no atienden a razones de humanitarismo imprecisas o genéricas siendo que el recurrente no responde a ninguna situación que le haga sujeto de especial vulnerabilidad en relación a la situación actual del país de origen.

En definitiva, no ha quedado acreditada persecución u otra circunstancia susceptible de protección conforme a la Convención de Ginebra de 1951 ni para protección internacional subsidiaria conforme a lo previsto en el artículo 10 de la ley 12/2009.

En estas condiciones, resulta ajustado a derecho que la Administración haya denegado la solicitud de protección internacional.

TERCERO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, al desestimarse el recurso procede la imposición de las costas a la parte actora. La sala, en virtud de las facultades conferidas legalmente y atendiendo a las circunstancias del caso, establece por todos los conceptos la cantidad máxima de 1500 €, según lo previsto en los artículos 139. Uno y tres de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.