Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 2633/2021 de 01 de marzo del 2024

PRIMERO.- Sobre la Resolución recurrida.

1.- Consta Resolución, de 30 de julio de 2021, en el expediente en la que se indica: " con el fin de resolver adecuadamente la solicitud, se le requirió la aportación de determinados documentos al expediente, concediéndole para ello un plazo de tres meses y con expresa advertencia de que de no ser atendido el requerimiento en el plazo citado, se le tendría por desistido en su petición. Habiendo transcurrido el plazo de referencia sin que se haya aportado la documentación requerida, procede acordar el archivo del procedimiento por desistimiento conforme a lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 10.2 del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia".

2- Examinado el expediente constan dos requerimientos en los que se solicita partida de nacimiento debidamente traducida y legalizada. El primero emitido en fecha 7 de noviembre de 2019 y el segundo en fecha 24 de noviembre de 2020.

Asimismo, puede verse un acuse de recibo de fecha 7 de mayo de 2020.

La parte recurrente presentó un escrito de fecha 6 de agosto de 2020, al que adjuntó certificación de nacimiento, traducido.

Acto seguido consta dictada la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Sobre la resolución del caso enjuiciado.

A.- La verdad es que, con todo el respeto, no se entiende muy bien la resolución recurrida. En efecto, hay un primer requerimiento de fecha 7 de noviembre de 2029, que al parecer se recibió según acuse el 7 de mayo de 2020 y consta presentado documento presentado el 6 de agosto de 2020. Por lo que no entendemos como puede afirmarse que no se aportó la documentación requerida, la documentación se aportó, otra cosa es que la Administración no la considerase suficiente, lo que tendría al menos que explicar. Pero es que, además, se aprecia la existente un segundo requerimiento de que 24 de noviembre de 2020, que no se notificó.

La única explicación que podemos encontrar es que la Administración no considerase realizada la aportación en plazo, pero al margen de que no es así, tal circunstancia resultaría irrelevante pues dispuso de la misma antes del dicto de la resolución - STS de 19 de julio de 2018 (Rec. 369/2018 )-.

Lo razonado hasta el momento implica la estimación del recurso y la única duda que podría suscitarse es si debemos conceder o no la nacionalidad en la sentencia o, por el contrario, anular la resolución y pedir a la Administración que, sin demora, tras requerir la documentación que no obra en autos, dicte la resolución que proceda.

Esta última es la decisión que debemos adoptar pues es preciso determinar con rigor el tiempo de "residencia legal", el cual no se infiere con claridad y no podemos deducir del expediente, vistos los datos obrantes en el mismo y la prueba aportada. En efecto, no basta con residir en territorio español, sino que la residencia debe ser legal en el tiempo señalado en la Ley.

Procede por ello, estimar el recurso, anular las actuaciones y tras la reanudación de los trámites, decidir lo que proceda. La estimación de la demanda debe ser parcial, pues no podemos acceder a la concesión de la nacionalidad instada.

TERCERO.- Sobre las costas.

Al estimarse en parte el recurso, procede que cada parte soporte las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, la Sala dicta el siguiente