Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 223/2022 de 10 de enero del 2024

PRIMERO. - Se interpone el presente recurso contencioso-administrativo ,por la representación de D. Mariano, frente a la Resolución de la Agencia española de Protección de Datos de 1 de septiembre de 2021, que acuerda inadmitir la reclamación presentada por dicho recurrente.

Constituyen antecedentes facticos relevantes para enjuiciar la controversia, los que a continuación se exponen:

El Sr. Mariano había presentado reclamaciones frente a la Conselleria de Sanidad y Salud Publica de Valencia, con fechas de 6 de febrero, 7 de junio y 1 de julio de 2021, solicitando el acceso a los datos personales de su historia clínica que figuran en dichos escritos de reclamación.

El Hospital General Universitario de Valencia le remitió, con fecha de 1/7/2021 un listado con información de los accesos a su historia clínica por el periodo comprendido entre el 3/9/2018 y el 30/6/2021.

Presentó asimismo reclamación frente al Servicio Aragonés de Salud, el 21 de junio de 2021, que obtuvo respuesta de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, a través de la Resolución de 23 de junio de 2021, en la que se razona que:

En contestación a la solicitud de los nombres de las personas que han accedido a su Historia Clínica electrónica, informarle que, consultada la Agencia Española de Protección de Datos (en adelante AEPD) en una situación similar a ésta, emitió un informe, con fecha 24 de abril de 2012, en el que se señala lo siguiente: "el derecho de acceso es uno de los derechos de las personas en relación con los datos de carácter personal que aparece regulado en el Título III de la LOPD. Dentro del mismo, el artículo 15.1 LOPD indica: El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos.

Así pues, de conformidad con dicha definición el derecho de acceso abarca el conocimiento de los datos sometidos a tratamiento, su origen y sus posibles cesiones. Pero no incluye la determinación de qué personas, en el tratamiento de los datos, han tenido acceso a la información.

De este modo, el derecho concedido al interesado por la Ley únicamente abarcaría el conocimiento de la información sometida a tratamiento, pero no qué personas, dentro del ámbito de la organización del responsable del fichero han podido tener acceso a dicha información, tal y como ha indicado ya esta Agencia Española de Protección de Datos al resolver cuestiones similares a la planteada en el presente supuesto.

Posteriormente el actor interpone dos reclamaciones ante la AEPD, frente a la Conselleria de Sanidad de Valencia y frente al Servicio Aragonés de Salud, ambas de fecha 5 de agosto de 2021.

La Agencia Española de Protección de Datos dicta la Resolución impugnada con fecha de 1 de septiembre de 2021, inadmitiendo la reclamación planteada por el actor.

SEGUNDO. - El Sr. Mariano sustenta su pretensión impugnatoria de la demanda, en síntesis, en las siguientes consideraciones:

La resolución dictada da una única respuesta a dos reclamaciones presentadas por el actor ante la AEPD, que tienen un contenido muy diferenciado.

Con la reclamación interpuesta ante la Conselleria de Sanidad Valenciana se adjuntan dos denuncias presentadas ante la Fiscalía Provincial de Valencia (por accesos ilegítimos a su historia clínica).

La AEPD da una respuesta generalista, sin hacer referencia alguna a las alegaciones formuladas por el Sr. Mariano en su reclamación, desconociendo absolutamente la documentación presentada, que acredita las denuncias penales interpuestas y que justificaría la admisión de la reclamación y el inicio por parte de la AEPD de un expediente de investigación, de conformidad con el artículo 65 de la LOPDGDD.

A pesar de lo manifestado por la Agencia, la concurrencia de indicios racionales de la existencia de una infracción queda acreditada con las denuncias interpuestas por mi representado ante la Fiscalía de Valencia, donde se detalla, pormenorizadamente, la alteración de los datos contenidos en su Historia Clínica y el acceso indebido a tales datos por parte de personas desconocidas no implicadas en el diagnóstico y tratamiento de su enfermedad.

La queja presentada por uso ilegitimo de los datos de Historia clínica está dentro del marco competencial de la AEPD y su decisión de inadmitir deviene inmotivada y arbitraria.

La resolución se limita a señalar que el derecho de acceso no se configura como una vía para obtener información sobre la identidad de terceros que han podido acceder a dicha Historia clínica. Planteamiento que implica, de facto, una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, al privar al actor de la información necesaria para articular las correspondientes denuncias por intromisión ilegítima en su historia clínica.

TERCERO. - Conforme a ello y las demás actuaciones practicadas en las actuaciones, resulta que se sustenta el recurso contencioso-administrativo planteado, esencialmente, en la vaguedad y generalidad de la respuesta dada por la AEPD a las reclamaciones presentadas por el Sr. Mariano, en virtud de lo cual la Resolución combatida se considera carente de motivación y lesiva del derecho de tutela judicial efectiva de la parte.

Frente a ello hay que indicar que efectivamente la Resolución impugnada, tras invocar con carácter general el tratamiento de los datos de salud, hacer referencia a la historia clínica del paciente, a los responsables de su custodia y a los derechos de rectificación, supresión y oposición, con especial referencia al derecho de acceso a tal historia clínica, concluye razonando de manera escueta, en lo que se refiere al caso concreto, que:

"(...) tras el análisis realizado sobre los documentos aportados y las circunstancias concurrentes, no se aprecian indicios racionales de la existencia de una infracción en el ámbito competencial de la AEPD, por lo que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 65.2 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, SE ACUERDA inadmitir la reclamación.

Y también es cierto que dicha AEPD efectúa tal pronunciamiento, sin llevar a cabo actuación ni investigación ninguna, limitándose a analizar las dos denuncias presentadas por el actor y la documentación adjuntada con las mismas dictando, sin más, una resolución de inadmisión.

No obstante lo anterior esta Sala considera, de un lado, que esta última posibilidad se encuentra contemplada en el artículo 65 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, de adaptación al ordenamiento jurídico español del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril, a cuyo tenor:

La Agencia Española de Protección de Datos inadmitirá las reclamaciones presentadas cuando no versen sobre cuestiones de protección de datos de carácter personal, carezcan manifiestamente de fundamento, sean abusivas o no aporten indicios racionales de la existencia de una infracción.

Precepto que prevé una inadmisión a limine, es decir, de oficio y en un momento inicial, sin analizar el fondo de la posible controversia planteada y sin necesidad de ninguna otra actuación en los supuestos, entre otros, en que no se aprecien indicios racionales de existencia de infracción.

Ha de entenderse, por otra parte, que la resolución impugnada sí se encuentra motivada en cuando da suficiente (si bien somera) respuesta, a las razones que llevan a dicha AEPD a tomar la decisión de inadmitir las reclamaciones del actor.

Así, además del párrafo final, transcrito con anterioridad, el cuarto párrafo de la misma Resolución también razona que " el derecho de acceso no se configura en una vía para obtener información en torno a la identidad de tercero que, dentro de la organización del responsable del fichero, pudiera haber accedido a la historia clínica. Tampoco se configura en un medio arpa valorar si los accesos estaban adecuadamente justificados, competencia que debe ser desarrollada no por esta Agencia, sino por los órganos de gestión del Servicio de Salud, correspondiente, a quienes pueden dirigirse los afectados".

Motivos que se suscriben por este Tribunal, y que se sustentan en los elementos fácticos que se desprenden del contenido de las denuncias presentadas por el Sr. Mariano y demás documentación obrante en las actuaciones. Sin que en definitiva los razonamientos de la resolución impugnada hayan quedado desvirtuados por las alegaciones y consideraciones de la demanda, dado que tal recurrente no ha practicado prueba de cargo desvirtuadora de los referidos razonamientos, en que los que se basa la repetida inadmisión de sus denuncias.

Procede, por todo ello, dictar un pronunciamiento desestimatorio de la demanda, con confirmación de la resolución de archivo dictada por la AEPD.

CUARTO. - Por aplicación de lo establecido en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, resulta procedente imponer las costas procesales al actor, costas cuyo importe máximo no puede exceder de 1500 euros.

Vistos los preceptos citados por las partes y los demás de general y pertinente aplicación al caso de autos.