Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 1811/2020 de 10 de enero del 2024

PRIMERO. - Es objeto del presente recurso contencioso administrativo el acuerdo dictado por el Tribunal Económico-Administrativo Central confirmatorio en alzada de resolución del Tribunal Regional de la Región Murcia desestimatorio de reclamación formulada la resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura que desestimó el Canon de Regulación de los ríos Segura, Mundo y Quípar del año 2015.

SEGUNDO. - En el escrito de allanamiento del Abogado del Estado expone que el Tribunal Supremo ha dictado entre otras, las Sentencias de fecha 3 de abril de 2018, recurso de casación 876/2017, y de 10 de octubre de 2019, recurso de casación 6204/2018, relativas a la liquidación del canon de regulación y tarifa de utilidad del agua, tributos previstos en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (en adelante TRLA) y ha fijado doctrina estableciendo que "(...) no es posible su aprobación una vez iniciado el periodo impositivo que, para los años siguientes a aquél en que se produzca la mejora o beneficio de los usos o bienes afectados (caso del canon de regulación) o en el momento en que puedan utilizarse las instalaciones de las obras hidráulicas (supuesto de la tarifa), deben entenderse que es el primer día del año natural, de suerte que la aprobación posterior a dicho día incurriría en una retroactividad proscrita por el artículo 9.3 de la Constitución ".

Se afirma también por el Abogado del Estado no puede válidamente estimarse la pretensión de anulación de una liquidación hipotéticamente dictada en aplicación del canon impugnado (Liquidación 2015-01-0039), a la que también se extiende el suplico de la demanda, toda vez que no consta que se haya interpuesto recurso alguno en vía administrativa contra la referida liquidación, ni que se haya interesado la ampliación de las reclamaciones- económico administrativas al referido acto, ni que el escrito de interposición del presente proceso se haya referido a él. Por tanto, el allanamiento no abarca a las liquidaciones que se hayan girado, ni éstas pueden ser objeto del presente proceso, pues la declaración de nulidad de la disposición general no afecta a los actos dictados en aplicación de ella que hayan devenido firmes por no haber sido recurridos en tiempo y forma

Examinado el escrito de demanda y el expediente resulta que la liquidación no consta citada en el escrito de interposición del presente recurso contencioso administrativo, como tampoco consta mención a su impugnación en debida forma, a fin de impedir ganar la firmeza propia de los actos consentidos, por lo que no es posible extender el allanamiento a dichas resoluciones

Así resulta de lo previsto en el artículo el artículo 73 de la Ley LJCA cuando dispone que " las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente".

TERCERO. -

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no procede efectuar expresa imposición de costas procesales de esta instancia a ninguna de las partes y ello dado que ha sido necesario el pronunciamiento de diversas sentencias para fijar un criterio claro sobre las razones de la anulación de la resolución recurrida.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, la Sala dicta el siguiente