Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 1980/2021 de 10 de enero del 2024

PRIMERO.- El presente recurso contencioso administrativo se interpone por la representación de D. Anselmo contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 22 de septiembre de 2021, por la que se desestiman las Reclamaciones Económico-administrativas números NUM000 y NUM001, deducidas respectivamente contra el Acuerdo de 16 de octubre de 2018 dictado por la Administración de Guillem de Castro, Delegación Especial de la Agencia Tributaria de Valencia, y por el que se practica la liquidación del recargo por presentación fuera de plazo de la autoliquidación, respecto del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2013, así como contra la resolución del mismo órgano de 14 de noviembre de 2018, de denegación de rectificación de la referida autoliquidación.

SEGUNDO.- La recurrente solicita en su demanda, en primer lugar, la anulación tanto de la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central -directamente impugnada en el proceso-, como de la Resolución de Rectificación de 14 de noviembre de 2018, por la que se desestima su solicitud de rectificación de la declaración-liquidación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2013, y en la cual se postulaba la devolución del importe de 670.634,82 euros que se consideraba indebidamente ingresado, así como de la la Liquidación de Recargo por Presentación Fuera de Plazo de Autoliquidación; en segundo lugar, la restitución de las cantidades indebidamente ingresadas, más los correspondientes intereses de demora.

Se circunscribe la controversia, según se plantea en el citado escrito rector, en determinar si las consecuencias que el legislador español anuda a la presentación extemporánea de la Declaración Informativa de Bienes en el Extranjero, que se concretan en la calificación del valor de los activos incluidos en dicha declaración como ganancias patrimoniales no justificadas imputables al último de los ejercicios no prescritos, supone una vulneración de los principios comunitarios y, más en particular, de la libertad de circulación de capitales recogida en el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante "TFUE"). Y advierte que la misma ha sido resuelta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante Sentencia de fecha 27 de enero de 2022 (asunto C-788/19), en la que se declara que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 63 TFUE, cuando dispone que la falta de presentación o presentación extemporánea de la referida Declaración Informativa de Bienes en el Extranjero tiene como consecuencia la imposición de las rentas declaradas en el citado modelo como ganancias patrimoniales no justificadas sin posibilidad de que el contribuyente se ampare en la prescripción de las mismas, lo que acarrea, como declara la referida sentencia la infracción de la aludida libre circulación de capitales y del principio de proporcionalidad.

Ad cautelam, también se plantea la improcedencia de aplicar a un caso como el que ahora nos ocupa, en el que se trata de rentas declaradas mediante la declaración complementaria del IRPF 2013 presentada en abril del 2018, lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 7/2012, pues se habrían generado con carácter previo a su entrada en vigor, sin que sea posible la aplicación retroactiva de su contenido no prevista en la norma, y consecuentemente también se habrían vulnerado los artículos 10.2 LGT y 2.3 del Código Civil, que propugnan la irretroactividad de las normas, así como una consolidada doctrina del Tribunal Supremo acerca de la aplicación en el tiempo de las normas que prevén un nuevo cómputo del plazo de prescripción.

TERCERO.- Pues bien, la Abogacía del Estado, tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes de hecho de esta sentencia, ha presentado escrito allanándose a las pretensiones deducidas en la demanda, en virtud de la autorización que le fue concedida por la Abogacía General del Estado; ello tras constatar que el contribuyente sí que había opuesto el origen en ejercicios prescritos de las rentas ocultas con las que adquirió o se generaron los bienes situados en el extranjero y aflorados a través de la presentación extemporánea del Modelo 720, así como que en el propio expediente hay prueba suficiente del hecho alegado, esto es, que los bienes situados en el extranjero se financiaron con rentas obtenidas en ejercicios prescritos.

Advierte, no obstante, que con carácter previo a la sentencia del TJUE esa circunstancia estaba excluida como circunstancia que pudiera limitar los efectos de la presunción prevista en el artículo 39.2 de la LIRPF, por lo que la Administración Tributaria y el TEAC, en su posterior revisión, no pudieron valorar las explicaciones ofrecidas sobre ese aspecto fáctico; pero en todo caso, una vez declarado incompatible el referido precepto con el derecho de la Unión Europea por no contemplarse la prescripción como un límite más al juego de la presunción de existencia de rentas ocultas, admite la procedencia de anular los actos impugnados por tal motivo.

Ante la concurrencia de estas circunstancias, respecto a la declaración de costas y en la línea declarada por la propia Sala en su Sentencia nº 2077/2021, de 27 de septiembre de 2021, considera que de conformidad con lo dispuesto en el art. 139.1 de la LJCA, no procede efectuar una especial imposición de las mismas al presentar el supuesto dudas de Derecho, pues la actuación de la AEAT y la posterior del órgano económico-administrativo se habían ajustado a la legislación existente en ese momento, sin perjuicio de la posterior declaración realizada por el TJUE de su falta de adecuación (en parte) a los principios del derecho de la Unión Europea.

CUARTO.- El art. 75 LJCA dispone que los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2 del art. 74 y que, producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo común de diez días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho.

En este caso, se cumplen los requisitos formales exigidos al Abogado del Estado para el allanamiento, puesto que ha acompañado autorización concedida por la Abogacía General del Estado para allanarse en este concreto recurso contencioso administrativo, sin que se aprecie, por otro lado, que concurra una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.

Por lo tanto, procede estimar las pretensiones de la parte demandante, con la consecuencia de que habrá de anularse tanto la resolución administrativa del TEAC objeto de impugnación en este recurso, como la resolución de 14 de noviembre de 2018 desestimatoria de la solicitud de rectificación de la declaración-liquidación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2013, en la que se solicitaba la devolución del importe de 670.634,82 euros que se consideraba indebidamente ingresado, y la resolución de 16 de octubre de 2018 de recargo por presentación fuera de plazo de la autoliquidación; y debiendo condenarse a la vez a la Administración demandada a restituir las cantidades indebidamente ingresadas, más los correspondientes intereses de demora.

QUINTO.- En cuanto a las costas procesales, la decisión debe adoptarse partiendo de lo dispuesto en el artículo 139 LJCA, según la interpretación realizada por el Tribunal Supremo en sentencias del Pleno de 17 de julio de 2019 (recursos de casación 5145/2017 y 6511/2017), seguida en otras posteriores como la de 30 de noviembre de 2020 (recurso de casación 6979/2019).

Conforme a esta interpretación, rige la regla objetiva del vencimiento que deriva de lo dispuesto en ese artículo, y, por consiguiente, en estos casos resulta procedente la imposición de costas, salvo criterio subjetivo del juzgador, quien habrá de atender a las circunstancias concurrentes en cada caso y quien, igualmente podrá también acudir al apartado 4 del artículo 139 LJCA y antes en el apartado 3 en moderación del criterio objetivo.

En el caso de autos considera la Sala que existen circunstancias que determinan la no imposición de costas a la Administración demandada, dado que, como se ha visto, se ha producido el allanamiento de la Administración demandada como consecuencia de la sentencia del TJUE de fecha 27 de enero de 2022 (C-788/19).

VISTOS lo s artículos legales citados por las partes y demás de general y pertinente aplicación;