Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 20/2023 de 10 de octubre del 2023

PRIMERO.- La información solicitada se concretaba en "el detalle de todas y cada una de las solicitudes de deportistas de autorización de uso terapéutico (en adelante, AUT) de sustancias y métodos prohibidos en el deporte" con indicación de " fecha de recepción de la solicitud, fecha de toma de la decisión, decisión tomada (si la autorización ha sido aprobada, rechazado o lo que sea), qué organización autoriza o rechaza la autorización ( sea la propia AEPSD, la AMA, una federación internacional concreta o lo que sea), si la autorización sirve únicamente para competir a nivel nacional o internacional, para qué sustancia o método era la autorización (tanto el grupo al que pertenecía la sustancia como la sustancia concreta), en qué dosis se solicitaba poder tomar la sustancia, por qué vía de administración se solicitaba tomar la sustancia, que duración tenía el tratamiento de la sustancia (...) si (...)estaba prohibida (...) en competición o en cualquier momento, si se ha autorizado al deportista a utilizarla únicamente en competición o en cualquier momento, sexo del deportista, deporte que practica, disciplina concreta que practica, edad, si la autorización era retroactiva o no y qué patología o enfermedad sufre el deportista ...".

La AEPSD entregó datos relativos al número de autorizaciones otorgadas en cada deporte, sexo del deportista y principio activo, pero sin dar detalle de cada autorización.

El Consejo de Transparencia y de Buen Gobierno sostiene que el límite del artículo 14.1 k) de la Ley de Transparencia - garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisiones- no es absoluto y no impide en todo caso el acceso a la información relativa a la salud cuando debe prevalecer el interés público en el acceso a la información, porque se desconocería con ello el principio de proporcionalidad con el que deben aplicarse las limitaciones al ejercicio del derecho de acceso a información.

Se cita profusamente la jurisprudencia del TS, en especial la STS de 18 de marzo del 2021 (recurso nº 3934/2020) sobre la aplicación preferente de regulaciones sectoriales parciales en materia de acceso a la información, sin perjuicio de la supletoriedad de la Ley de Transparencia y muestra su disconformidad con la apreciación que se hace en la sentencia de instancia relativa a que la prolijidad de la información reclamada permite la identificación del deportista, pues ello no sería posible sin realizar una compleja y exhaustiva labor de investigación utilizando fuentes diversas.

La sentencia de instancia parece asumir la tesis de la Abogacía del Estado sobre la posibilidad de identificar al deportista caso de entregarse la totalidad de la información solicitada.

SEGUNDO.- Si existe una regulación específica que concreta el alcance del deber de confidencialidad, ésta es, sin duda, de aplicación preferente.

La Convención Internacional contra el dopaje en el deporte considera estrictamente confidenciales-según transcribe la sentencia- toda información médica y los datos proporcionados por el deportista y los profesionales que le asisten, todos los detalles de su solicitud, incluido el nombre de los profesionales que participan en el proceso de autorización.

Pero la verdadera cuestión a resolver en este caso es si la forma desagregada en la que se solicitan los datos permite realmente la identificación de los deportistas beneficiados por las autorizaciones; esto unido a lo prolijo de la información, que en muchos casos permitirán identificarle con los datos facilitados.

La individualización del expediente de autorización al que se refieren los datos genera un grave riesgo de identificación del deportista. En realidad, por la forma en que se pide la información no parece ser otro el propósito del solicitante, que parece querer escrutar cada caso concreto, de manera que si reúne otros antecedentes, lo que no es difícil en el caso de profesionales de la información deportiva, podrá identificar en buena parte de los casos al deportista.

Para una óptima anonimización de los datos, la solución más idónea es ofrecerlos agregados, de tal forma que no puedan relacionarse varios datos con un mismo expediente, porque esto aumenta los puntos de conexión y facilita la identificación del deportista.

En definitiva, debemos considerar acertada la sentencia de instancia y por ello desestimamos el recurso de apelación.

CUARTO.- Las costas se imponen al apelante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, limitadas a 1.500 euros.

Vi stos los artículos citados y demás de general aplicación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección séptima, ha dictado el siguiente

Fallo