Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 2063/2019 de 10 de noviembre del 2023

PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo, por parte de la Abogacía del Estado, la Resolución la Directora General del Agua de 16 de diciembre de 2015 por la que se aprueba el expediente de intereses de demora derivados de la expropiación forzosa con motivo del proyecto " Obras en los Ramales de la Zona Nororiental de la Llanura Manchega" Fincas nº NUM000, NUM002, NUM001, NUM003 y NUM004, TM Villarobledo (Albacete) y se ordena librar "a justificar" a la Confederación Hidrográfica del Guadiana la cantidad de 3550,95 euros para su abono a los interesados.

El Abogado del Estado sustenta la declaración de lesividad de la citada resolución, en síntesis, en cuanto a la lesión para los intereses públicos e infracción del ordenamiento jurídico del acto declarado lesivo, en que la controversia se circunscribe a la cuestión del " dies a quo" para el cálculo de los intereses de demora en la determinación y pago del justiprecio en las expropiaciones tramitadas por el procedimiento de urgencia pues, conforme a reiteradísima Jurisprudencia, cuando la declaración de urgencia no contuviese la relación de bienes o derechos expropiables, tal dies a quo será el siguiente a aquél en que se cumplan los seis meses de la aprobación de dicha relación de bienes o derechos a expropiar. Dado que la Confederación Hidrográfica del Guadiana toma como tal dies a quo la fecha en que se cumplen seis meses desde la declaración de urgencia, tal cómputo del plazo de intereses resulta erróneo en el presente caso.

La Resolución de la Ministra para la Transición Ecológica de 29 de julio de 2019 declaró lesiva para el interés público la citada Resolución de 16 de diciembre de 2015, dictada por la Directora General del Agua, en uso de las facultades delegadas del Secretario de Estado de Medio Ambiente, en el sentido de considerar lesivo el abono de los intereses de demora derivados de la expropiación forzosa de las obras referidas, en los términos expuestos.

SEGUNDO. - El art. 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (anterior art. 103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), dispone que: "1. Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público.

2. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 82.

Sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente, la declaración de lesividad no será susceptible de recurso, si bien podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos.

3. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.

4. Si el acto proviniera de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada Administración competente en la materia...".

Y el art. 43 de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativo es del siguiente tenor literal: " Cuando la propia Administración autora de algún acto pretenda demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa deberá, previamente, declararlo lesivo para el interés público".

Tanto la previa declaración de lesividad como la subsiguiente impugnación ante los tribunales, persiguen la nulidad de un acto favorable para el interesado, como es la resolución de concesión de intereses de demora derivados de la expropiación forzosa con motivo de las obras en cuestión, cuando incurra en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, tal y como dispone el citado art. 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en relación con el art. 48 de dicha norma.

A este respecto, conviene precisar, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de junio de 2015 -Rec. 2130/2013- " que la infracción del ordenamiento jurídico que se imputa al acto, y por la que se pretende su anulación, ha de concurrir en el momento en el que se dictó y no de forma sobrevenida a éste, pues se trata de enjuiciar si el acto era anulable conforme a las circunstancias y la normativa existente en la fecha en que se dictó y no por datos o circunstancias posteriores al mismo que, en todo caso, y siempre que se cumpliesen los requisitos para ello, podría motivar un recurso extraordinario de revisión".

TERCERO. - Ha de examinarse, por tanto, si la resolución cuya anulación se pretende es lesiva para el interés público e incurre en causa de anulabilidad del art. 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en lo que respecta al "dies a quo" tomado en consideración para el cálculo de los citados intereses de demora, que es en lo que se centra la declaración de lesividad, sin que se cuestione el término final del periodo de cálculo de dichos intereses.

El art. 58.2 de la Ley sobre Expropiación Forzosa (LEF) establece para el procedimiento de urgente ocupación que " sobre el justiprecio acordado definitivamente para los bienes objeto de este artículo, se girará la indemnización establecida en el artículo cincuenta y seis de esta Ley , con la especialidad de que será fecha inicial para el cómputo correspondiente la siguiente a aquella en que se hubiera producido la ocupación de que se trata".

Y el art. 56 de tal LEF, a cuya indemnización se remite el citado precepto, indica que " cuando hayan transcurrido seis meses desde la iniciación legal del expediente expropiatorio sin haberse determinado por resolución definitiva el justo precio de las cosas o derechos, la Administración expropiante culpable de la demora estará obligada a abonar al expropiado una indemnización que consistirá en el interés legal del justo precio hasta el momento en que se haya determinado, que se liquidará con efectos retroactivos, una vez el justiprecio haya sido efectuado".

Disponiendo el art. 57 de la misma LEF que: " La cantidad que se fije definitivamente como justo precio devengará el interés legal correspondiente a favor del expropiado, hasta que se proceda a su pago (...)".

Señala el Tribunal Supremo en Sentencia de 3 de marzo de 2009 -Rec. 2744/2005-, que "(...) el dies a quo, a efectos del cómputo de los intereses de demora en la tramitación y pago del justiprecio en los procedimientos de urgente expropiación es el siguiente a la fecha de efectiva ocupación de los bienes o derechos - artículo 58.2 de la Ley de Expropiación Forzosa -hasta que el justiprecio determinado definitivamente en vía administrativa se paga, deposita o consigna eficazmente, sin que, por tanto, exista solución de continuidad entre los intereses del artículo 56 - demora en la fijación- y 57 -demora en el pago- de la Ley de Expropiación Forzosa , salvo que la ocupación tuviese lugar después de transcurridos seis meses de la declaración de urgencia, pues al entenderse cumplido con ella el trámite de declaración de necesidad de ocupación - artículo 52.1 de la Ley de Expropiación - el dies a quo será el siguiente a aquel en que se cumplen los seis meses de la declaración de urgencia a menos que ésta no contuviese la relación de bienes o derechos".

En el caso de autos, la resolución cuya lesividad ha sido declarada, toma como fecha inicial del cómputo de intereses de demora derivados de la expropiación forzosa efectuada con ocasión de las obras en cuestión, el 6 de abril de 2008, transcurridos seis meses desde la declaración de urgencia.

Sin embargo, como la declaración de urgencia no contenía la relación de los bienes y derechos afectados por la expropiación, conforme a la Jurisprudencia expuesta, hay que considerar que la fecha de inicio del cómputo de intereses tiene que ser seis meses contados desde el 18 de agosto de 2010 -fecha de la aprobación de la relación concreta e individualizada de los bienes afectados por la expropiación-, esto es, el 19 de febrero de 2011. Por lo que, a la vista de lo anterior, el cálculo correcto de los intereses asciende a 1994,54 euros, y no a los 3550,95 euros abonados.

En definitiva, y al darse los requisitos para la declaración de lesividad, por cuanto no ha transcurrido el plazo de 4 años desde que se dictó la resolución de 16 de diciembre de 2015 hasta que se declara su lesividad por la resolución de la Ministra de Transición Ecológica de 29 de julio de 2019; haberse dado audiencia a los propietarios de las fincas expropiadas, y no haber transcurrido el plazo de 6 meses desde la iniciación del procedimiento hasta la declaración de lesividad, procede la estimación del presente recurso contencioso-administrativo.

CUARTO. - Por aplicación del artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción y tomando en consideración que nos hallamos ante una cuestión interpretativa, se considera que no procede efectuar condena en costas.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación