Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 1133/2020 de 10 de noviembre del 2023

PRIMERO: La cuestión que se plantea en el presente proceso es la relativa a determinar el ajuste legal de la resolución de 10 de febrero de 2020 de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se acordó: "Inhibirse en el presente asunto, sin perjuicio del derecho del interesado a dirigirse, si lo estima conveniente, ante los Órganos con competencias para resolver controversias regulados en la legislación de Consumidores y Usuarios".

SEGUNDO: El presente recurso debe ser desestimado de conformidad con los siguientes argumentos, esencialmente coincidentes con lo alegado por la defensa del Estado y la resolución impugnada:

1. El artículo 3, punto 3, letra b), de la Orden ITC/1030/2007, de 12 de abril, por la que se regula el procedimiento de resolución de las reclamaciones por controversias entre usuarios finales y operadores de servicios de comunicaciones electrónicas y la atención al cliente por los operadores, indica que no podrán ser objeto de dicho procedimiento los asuntos que no formen parte de la prestación del servicio de comunicaciones electrónicas, por referirse a materias tales como las relacionadas con aparatos terminales de telecomunicaciones.

2. El Anexo II de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, define los equipos terminales como aquellos destinados a ser conectados a una red pública de comunicaciones electrónicas.

3. El artículo 3, punto 3, letra b), de la Orden ITC/1030/2007, de 12 de abril señala que no podrán ser objeto del procedimiento regulado en este capítulo los asuntos que no formen parte de la prestación del servicio de comunicaciones electrónicas, por referirse a materias tales como: (...) b) Las materias relacionadas con aparatos terminales de telecomunicaciones o con instalaciones situadas tras el punto de terminación de red.

4. El recurrente en su escrito de 12 de diciembre de 2019 mostró su disconformidad con el funcionamiento de equipos de comunicaciones electrónicas cuya normativa se encuentra sometida a régimen de liberalización de terminales.

5. Las anteriores consideraciones se encuentran en la resolución impugnada y de las mismas se deduce como expresamente se indica en la misma, que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales carecía de competencias para atender la queja del recurrente y ello aunque como consecuencia del problema de conexión denunciado debido al mal funcionamiento de un terminal, se hubiera procedido a la facturación de determinados conceptos por el operador, pues el problema primario es el de la deficiente adaptación del equipo del recurrente.

6. En consecuencia, ni procede aplicar el artículo 38 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, ni la resolución impugnada carece de motivación, que es la queja principal que formula el recurrente, pues otra cosa es la discrepancia con la misma, extremo sobre el que nada se dice en la demanda que no combate los argumentos de la resolución ya que se limita a denunciar la, en su opinión, inexistencia de motivación cuando ésta es evidente.

7. Finalmente, tampoco puede ser acogida la queja de falta de información sobre el órgano competente para conocer de su reclamación ya que en la resolución impugnada expresamente se indica que si el interesado lo estima conveniente podrá acudir ante los órganos con competencia para resolver controversias contemplados en la Legislación de Consumidores y Usuarios.

En atención a lo expuesto, el presente recurso debe ser desestimado.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la LJCA procede imponer las costas a la recurrente, parte vencida en este proceso, con un límite máximo de 1000 euros por todos los conceptos.

Vistos los preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación, venimos a pronunciar el siguiente