Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 203/2020 de 10 de noviembre del 2023

PRIMERO: Para el correcto enjuiciamiento de la cuestión planteada es necesario el conocimiento de los siguientes hechos:

1. Mediante resolución de 23 de marzo de 2016 dictada por el Director General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información por delegación del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, se impusieron a Orange Espagne Virtual, SAD las siguientes multas:

2. Una de sesenta mil euros (60.000.-€), otra de treinta mil euros (30.000.-€) y otra de ciento veinte mil euros (120.000.-€), lo que hace un total de doscientos diez mil euros (210.000.-€).

3. El título de imputación fue su intervención como responsable en la comisión de tres infracciones administrativas de carácter grave previstas en el artículo 54.o) de la Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones, que califica como tales las conductas consistentes en "El incumplimiento de las obligaciones de servicio público y la vulneración de los derechos de los consumidores y usuarios finales, según lo establecido en el Título III de la Ley y su normativa de desarrollo, salvo que deban considerarse como infracción muy grave, conforme a lo previsto en el artículo anterior".

4. Interpuesto recurso de reposición ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, fue desestimado por medio de resolución de la Subsecretaría de Economía y Empresa de 26 de diciembre de 2019.

SEGUNDO: Po r la representación de la actora se interpuso recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución precedente, formalizando demanda con la súplica de que se dictara sentencia declarando la nulidad del acto recurrido por no ser conforme a derecho. La fundamentación jurídica de la demanda se basó en las siguientes consideraciones:

I. Prescripción de la sanción y aplicación retroactiva de la norma sancionadora más favorable.

1. Si bien el expediente sancionador se incoó bajo la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la resolución recurrida fue dictada el 26 de diciembre de 2019, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria tercera, letra c, de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, serán de aplicación a este caso, dicha Ley y la Ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público. Dicha normativa es la más favorable para la recurrente, razón de más para que sea la aplicable.

2. De acuerdo con el artículo 30.2 de la Ley de la Ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público, el plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso.

3. En este caso, el 29 de abril de 2016 fue interpuesto el recurso de reposición contra la resolución de 23 de marzo de 2016, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124.2 de la Ley 39/2015, la desestimación tácita del mismo se produjo el 29 de mayo de 2016, esto es, una vez transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposición.

4. En consecuencia, el dies a quo para el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la sanción, fijado en dos años por el artículo 30.1 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público venció el referido 29 de mayo de 2016, fecha en la que debe entenderse presuntamente desestimado por silencio negativo el recurso.

5. Dado que la resolución desestimatoria del recurso de reposición de 26 de diciembre de 2019 se notificó el 2 de enero de 2020, la sanción habría prescrito por el transcurso de más de dos años entre una fecha y otra.

II. Infracción del principio de proporcionalidad y modulación de la actividad sancionadora. Infracción del artículo 131 de la ley 39/2015 y56.2 de la LGTel.

1. La sanción no contiene una graduación adecuada y proporcionada de la misma, acorde en todo caso con los hechos acontecidos y demás circunstancias concurrentes.

2. En consecuencia, las sanciones impugnadas no están suficientemente bien motivadas, deben obviamente motivarse, ya que, la motivación se constituye como un elemento extrínseco significativo de la graduación de la sanción impuesta.

3. La Administración no ha concretado, ni especificado los conceptos de graduación que se han aplicado para imponer la sanción. Sólo de esta forma puede fiscalizarse, desde la perspectiva del principio proporcionalidad si la valoración de las circunstancias realizada lo es en consonancia con la sanción impuesta.

4. En concreto, la resolución impugnada no considera ni aplica ninguno de los criterios que recoge el artículo 131.3 de la LRJPAC para graduar las sanciones, como son la intencionalidad, la repercusión, la naturaleza de los perjuicios causados o el beneficio reportado al infractor, entre otros.

5. Los hechos producidos no pueden ser considerados en ningún caso objeto de una infracción grave del artículo 54.o) LGTel, ya que la Administración no ha acreditado la gravedad de los hechos que pretende imputar a la recurrente, pues no ha especificado los criterios de graduación aplicados para fijar la cuantía de la sanción impuesta, ni tampoco ha observado las mejoras incorporadas hasta la fecha.

TERCERO: La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella con la súplica de que se dicte sentencia desestimando el recurso y declarando ajustada a derecho la resolución recurrida.

CUARTO: Pr acticada la prueba declarada pertinente, se acordó en sustitución de la vista el trámite de conclusiones que fue evacuado por las partes.

QUINTO: Señalado el día 8 de noviembre de 2023 para la deliberación, votación y fallo ésta tuvo lugar en la reunión del Tribunal señalada al efecto.

SEXTO: Ap arecen observadas las formalidades de tramitación, que son las del procedimiento ordinario.