Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 913/2021 de 10 de mayo del 2023

Objeto del recurso

PRIMERO.- Se impugna la Resolución del Ministerio del Interior de 18 de enero de 2021, por la que se denegó la solicitud de protección internacional formulada por D. Urbano.

La solicitud de protección internacional

SEGUNDO.- D. Urbano, de nacionalidad colombiana, refiere el siguiente relato de persecución al folio 6 del expediente:

Abandonó Colombia ya que su familia era conocida en su municipio por su ayuda a la comunidad, lo que originó que fuera objetivo militar de una organización al margen de la ley denominada DIRECCION002. Fueron declarados víctimas de conflicto armado, Han sufrido episodios violentos como el asesinato de 3 primos. Empezaron a ser extorsionados para que colaboraran con grupos armados, siendo asaltados él y su esposa por dos individuos armados, que les ordenaban colaborar con ellos cometiendo actos delictivos y que ya recibirían el aviso de cómo podían ayudarles. Al negarse, eran amenazados de muerte, al igual que sucedió con sus familiares fallecidos. Después de este hecho, decide abandonar el país y viajar a España en busca de protección ya que, de lo contrario, sus vidas correrían peligro. Vive en España con su hijo menor de edad, Amador, y su esposa, Josefa.

La resolución impugnada

TERCERO.- La resolución impugnada, tras constatar la nacionalidad colombiana del solicitante de asilo, refiere el siguiente relato de persecución en el fundamento de derecho segundo:

"La persona solicitante fundamenta su petición de protección internacional en los actos de persecución perpetrados por grupos armados que operan en su lugar de residencia".

A continuación, en el fundamento de derecho tercero, la resolución valora la información disponible sobre Colombia cuyo origen se detalla en el antecedente de hecho tercero.

La ratio decidendi del sentido desestimatorio de la resolución impugnada se expresa en los fundamentos de derecho cuarto y quinto y consiste en la falta de acreditación de una persecución basada en alguno de los motivos previstos en el art. 7 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (en adelante, Ley 12/2009).

En el fundamento sexto se valora el incumplimiento de los requisitos del art. 13.c) de la Ley 12/2009 para apreciar la existencia de un agente de persecución, al proceder de agentes terceros no estatales la persecución alegada y al no ser las autoridades colombianas indiferentes ante la actuación de los grupos armados organizados.

Por último, en el fundamento de derecho séptimo se rechaza la procedencia de la protección subsidiaria.

Posición de las partes

CUARTO.- La parte actora, en el suplico de la demanda, solicita a la Sala que " se dicte sentencia por la que, conforme a las alegaciones de esta demanda, se declare no ser conforme a Derecho dicha resolución, anulándola totalmente y ordenando la retroacción de actuaciones al momento inmediatamente anterior al acta de la Comisión Interministerial y obligando a la Administración a documentar nuevamente a mi representado con la tarjeta de solicitante de asilo.

Subsidiariamente, para el caso de no estimarse la pretensión de nulidad se interesa que le sea reconocido al demandante su derecho a la protección internacional, y si no fuera así, se le reconozca su derecho a la protección subsidiaria o, en último extremo, le sea permitida su permanencia en España por razones humanitarias, concediéndosele una autorización de residencia y trabajo en el marco de la legislación vigente en materia de extranjería e inmigración, obligando a la Administración a hacer constar cualquiera de las anteriores circunstancias en el Registro Central de Extranjeros y en la base de datos o fichero de datos personales "Adexttra" que existe en la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, con imposición de costas a la Administración demandada".

En síntesis, la demanda reitera el relato de persecución referido en vía administrativa y expone que en el caso del recurrente y en el contexto de la situación existente en Colombia se cumplen los requisitos exigidos para el reconocimiento del derecho de asilo y, subsidiariamente, la protección subsidiaria o la autorización de residencia por razones humanitarias. Alega, además, que no consta el acta de la reunión de la CIAR en que se examinó la petición del recurrente.

QUINTO.- La Abogacía del Estado se opone a la estimación de la demanda.

En síntesis, la Administración se opone a que se reconozca al recurrente el derecho de asilo, la protección subsidiaria o la autorización de residencia por razones humanitarias al no apreciarse que concurran los requisitos exigidos al efecto.

En cuanto al acta de la reunión de la CIAR, se aporta como documental, indicando la Administración que por tal razón el motivo de impugnación no puede merecer favorable acogida.

Sobre el acta de la reunión de la CIAR

SEXTO.- Suscitada en la demanda la ausencia en el expediente del acta de la reunión CIAR en que se examinó la solicitud del recurrente, se ha aportado con el escrito de contestación el certificado correspondiente.

Dicho medio de prueba acredita que, en la reunión de la CIAR celebrada el día 12 de enero de 2021, aprobada en la reunión de la CIAR de 9 de febrero de 2021, a la que asistieron todos sus miembros y a la que fue convocado, como es preceptivo, el representante del ACNUR, quien también asistió y se mostró de acuerdo con la propuesta formulada, fue estudiada la solicitud de protección internacional del recurrente, acordándose sin ningún voto en contra emitir propuesta desfavorable al reconocimiento de la condición de refugiado y el derecho de asilo, así como al derecho a la protección subsidiaria, resuelta en este mismo sentido por el Ministro del Interior con fecha 18 de enero de 2021.

En conclusiones, además, este medio de prueba no ha sido objeto de consideración o crítica alguna por parte del recurrente.

El trámite previsto en el art. 24.2 de la Ley 12/2009 se ha verificado, por ende, en la forma legalmente prevista.

El motivo se desestima.

Sobre la solicitud de asilo

SÉPTIMO.- Por lo que se refiere al asilo, el art. 3 de la Ley 12/2009 establece que " La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9".

Pues bien, en primer lugar, procede subrayar que la información disponible sobre Colombia que se valora en la resolución impugnada no ha resultado desvirtuada en los presentes autos. En la demanda se hace referencia, entre otros elementos, a distintas noticias de prensa y al informe de la ONG "Indepaz" sobre distintos hechos acaecidos en Colombia y sobre la situación de violencia que atraviesa dicho país. Sin embargo, aparte de no conectarse tal información con las concretas circunstancias del solicitante de asilo, consideramos que se trata de circunstancias que no desmienten la valoración que se recoge a este respecto en la resolución impugnada. Valoración en la que se refleja cómo, tras el proceso de paz en Colombia, la situación de violencia se ha prolongado en la figura de los grupos delictivos organizados y grupos armados organizados y cómo la capacidad del Estado para combatir a estos grupos se enfrenta a una serie de limitaciones derivadas de la falta de presencia en algunas zonas y de algunos casos puntuales de corrupción. Pero que, al mismo tiempo, refleja cómo el Estado colombiano ha desarrollado medidas específicas para combatir a estos grupos criminales y para proteger a sus víctimas.

En cuanto al relato de persecución, del contenido de la entrevista que obra al folio 5 del expediente y del relato aportado a los folios 8 y siguientes del expediente se desprende que existirían dos momentos fundamentales en la persecución alegada:

Por una parte, los hechos acaecidos en el municipio de DIRECCION000 en el Valle DIRECCION001, al ser amenazada la familia del recurrente por las DIRECCION002 y que se materializaron finalmente en la muerte violenta de tres de sus primos y en el hecho de que otra de sus primas resultara gravemente discapacitada (" quedó en silla de ruedas"). Estos hechos fueron denunciados y determinaron el reconocimiento del recurrente como víctima de desplazamiento forzado. La fecha de estos hechos, según lo que se desprende del certificado del Registro único de víctimas que obra al folio 20 del expediente administrativo, se remonta al 13 de enero de 2009.

Por otra parte, los hechos acaecidos el 7 de junio de 2019 y que consistieron en las amenazas de muerte recibidas por el recurrente y su esposa, por parte de dos individuos que les interceptaron cuando se dirigían a su casa, para el caso de que aquella se negara a colaborar con su organización criminal.

La documentación aportada al expediente administrativo avala la verosimilitud del relato en lo que se refiere al primero de los momentos señalados (folios 54 y siguientes del expediente). Se trata de diversos documentos en los que se refleja la muerte violenta de distintas personas en la localidad de origen del solicitante de asilo.

Sin embargo, consta también acreditado que, presumiblemente por razón de estos hechos, se reconoció protección al interesado por el Estado colombiano, tal y como figura en el certificado de inclusión en el Registro único de víctimas que figura al folio 20 del expediente administrativo.

Aunque por el recurrente se alude a que la protección citada resultó insuficiente y que vivían en un estado de miedo y zozobra constantes, lo cierto es que no concreta hecho alguno que corrobore tal afirmación.

En cuanto al segundo de los momentos, también existe documental que avala indiciariamente esta vertiente del relato. Por ejemplo, la documental que acredita que la esposa del recurrente trabajaba en el Banco de Bogotá (folios 39 y siguientes del expediente administrativo), que parece ser el origen de las amenazas recibidas en esta ocasión.

Sin embargo, a pesar lo anterior, no existe constancia de que el recurrente formulara denuncia ante las autoridades colombianas por razón de tales hechos.

Admitir la justificación ofrecida por el solicitante de asilo para excusar la denuncia de estos hechos ante las autoridades colombianas (que el grupo del que procedían las amenazas tiene personas infiltradas en todos los niveles de la sociedad, folio 9 del expediente) equivaldría a asumir de forma apriorística y generalizada que dichas autoridades no son capaces de otorgar protección a sus ciudadanos frente a la acción de estos grupos criminales.

Y esto último es algo que no resulta corroborado por la información disponible sobre Colombia que se valora en la resolución impugnada y que, como dijimos, no ha resultado desvirtuada en los presentes autos.

En definitiva, no resulta acreditado que la protección dispensada por las autoridades colombianas en el primero de los momentos señalados no haya sido efectiva. En cuanto al segundo de los momentos referidos, dada la falta de denuncia de los hechos referidos en el relato de persecución, tampoco cabe hablar de falta de voluntad o capacidad del Estado colombiano de proporcionar protección efectiva al solicitante de asilo.

Por tal razón, como aprecia la resolución impugnada, tampoco puede estimarse concurrente la premisa básica y esencial para que pueda operar el art. 13.c) de la Ley 12/2009 en relación a la persecución procedente de agentes no estatales (" Los agentes de persecución o causantes de daños graves podrán ser, entre otros: (...) c) agentes no estatales, cuando los agentes mencionados en los puntos anteriores, incluidas las organizaciones internacionales, no puedan o no quieran proporcionar protección efectiva contra la persecución o los daños graves").

Por último, cabe subrayar también la opinión desfavorable del ACNUR en relación al reconocimiento de la protección internacional solicitada por el recurrente, como resulta del contenido de la propuesta formulada por la CIAR que obra en el expediente administrativo, folios 85 y siguientes del expediente administrativo, dato que merece especial atención en virtud de la relevancia que legal y jurisprudencialmente se otorga al criterio del ACNUR en esta materia (por todas, la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2013, ROJ: STS 5578/2013, FJ 4).

El motivo se desestima.

Sobre la protección subsidiaria

OCTAVO.- Por lo que se refiere a la protección subsidiaria, el artículo 4 de la Ley 12/2009 establece: " El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley , y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley " .

El artículo 10 de la Ley 12/2009, por su parte, establece:

"Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley :

a) la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material;

b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante;

c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno".

Sobre la base de las circunstancias de hecho expuestas en el presente caso, a los efectos de la protección subsidiaria, no cabe considerar que la situación del recurrente resulte subsumible en el ámbito del artículo 4 de la Ley 12/2009.

No se dan, por una parte, las condiciones requeridas en el art. 10.a) y b) de la Ley 12/2009.

Por otra parte, respecto al art. 10.c) de la Ley 12/2009, como hemos declarado en la sentencia de esta Sala y Sección de 20 de febrero de 2023 (ROJ: SAN 770/2023, FJ 4): "la situación existente en Colombia no puede ser calificada como de violencia generalizada a los efectos de conceder la protección subsidiaria".

En tal sentido y según lo que resulta de las actuaciones, la información disponible sobre Colombia no permite estimar acreditado que la vida del recurrente corra peligro por el solo hecho de volver a su país de origen.

El motivo se desestima.

Sobre la solicitud de residencia por razones humanitarias

NOVENO.- Por último, respecto a la autorización de permanencia en España por razones humanitarias, el artículo 46 de la Ley 12/2009 establece:

"1. En el marco de la presente Ley, y en los términos en que se desarrolle reglamentariamente, se tendrá en cuenta la situación específica de las personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional en situación de vulnerabilidad, tales como menores, menores no acompañados, personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con menores de edad, personas que hayan padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica o física o sexual y víctimas de trata de seres humanos.

2. Dada su situación de especial vulnerabilidad, se adoptarán las medidas necesarias para dar un tratamiento diferenciado, cuando sea preciso, a las solicitudes de protección internacional que efectúen las personas a las que se refiere el apartado anterior. Asimismo, se dará un tratamiento específico a aquéllas que, por sus características personales, puedan haber sido objeto de persecución por varios de los motivos previstos en la presente Ley.

3. Por razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria, se podrá autorizar la permanencia de la persona solicitante de protección internacional en España en los términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración."

Y, por otra parte, el artículo 37.b) de la Ley 12/2009 dispone lo siguiente:

"La no admisión a trámite o la denegación de las solicitudes de protección internacional determinarán, según corresponda, el retorno, la devolución, la expulsión, la salida obligatoria del territorio español o el traslado al territorio del Estado responsable del examen de la solicitud de asilo de las personas que lo solicitaron, salvo que, de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y su normativa de desarrollo, se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) que la persona interesada reúna los requisitos para permanecer en España en situación de estancia o residencia;

b) que se autorice su estancia o residencia en España por razones humanitarias determinadas en la normativa vigente".

Pues bien, conforme a la interpretación del anterior régimen legal que se deriva de las sentencias del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 2020 (ROJ: STS 754/2020, FFJJ 8 y 9) y de 16 de noviembre de 2022 (ROJ: STS 4338/2022, FJ 2), tampoco esta pretensión subsidiaria merece favorable acogida al no apreciarse que el recurrente haya formulado una solicitud específica y diferenciada a la Administración -en lo que afecta al régimen general de este tipo de autorizaciones- ni tampoco que, en el momento actual, se encuentre en una situación de especial vulnerabilidad-por lo que se refiere al régimen especial-.

Decisión del recurso

DÉCIMO.- En atención a lo expuesto, procede desestimar el recurso contencioso-administrativo al ser ajustada a Derecho la resolución recurrida.

Costas procesales

UNDÉCIMO.- En cuanto a las costas, el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , dispone que " En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho".

En el caso que nos ocupa, no apreciando dudas de hecho ni de derecho, procede imponer a la parte recurrente el pago de las costas causadas en esta instancia.

Si bien la Sala considera procedente limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de 1.000 euros ( artículo 139.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa ).

Por lo expuesto, la Sala dicta el siguiente