Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 423/2021 de 11 de enero del 2024

PRIMERO: La cuestión que se plantea en el presente proceso es la relativa a determinar el ajuste legal de la resolución de 23 de diciembre de 2020 dictada por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana por delegación del Ministro, por la que se desestimó la reclamación administrativa que en concepto de responsabilidad patrimonial de la administración por el anormal funcionamiento de los servicios públicos fue presentada por D. Luciano, como consecuencia de una caída en la vía pública.

SEGUNDO: El artículo 106.2 de la Constitución Española establece que "los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos".

La Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, establece en sus artículos 32 a 35 el régimen sustantivo de la responsabilidad patrimonial del Estado, debiendo destacarse, además de las menciones que se hacen a continuación que la reclamación podrá fundarse en el daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas, causado por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

La Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 67 regula las solicitudes de iniciación en los procedimientos de responsabilidad patrimonial y se pronuncia en los siguientes términos:

1. Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar.

El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.

En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el artículo 32, apartados 4 y 5, de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá al año de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.

2. Además de lo previsto en el artículo 66, en la solicitud que realicen los interesados se deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante."

TERCERO: En el presente caso, la petición del recurrente debe ser desestimada por las siguientes razones, esencialmente coincidentes con la fundamentación de la resolución recurrida y las alegaciones de la abogacía del Estado y Copasa:

1. Dudas sobre la acreditación del accidente.

Resulta llamativo que, ni la Guardia Civil, ni la Policía Municipal, ni Copasa, la empresa encargada del mantenimiento de la vía, ni la Demarcación de Carreteras del Estado en Pontevedra, tuvieran noticia de la caída del recurrente antes de su reclamación, pues su conocimiento tuvo lugar por su denuncia avalada por dos vecinos y amigos, sin que citara el recurrente a los múltiples testigos y comerciantes de la zona que, según el recurrente, presenciaron los hechos.

Además, el recurrente no aporta parte médico de atención del mismo día en el que se produjo la caída en el que suele indicarse el lugar del suceso, sino uno posterior expedido por un centro hospitalario de Vigo expedido posteriormente con ocasión de su alta médica, en el que no se indica el lugar del accidente .

Estas circunstancias, arrojan una duda razonable sobre el hecho de que los daños sufridos por el recurrente se produjeran tal y como los ha relatado.

Ello no obstante, pasamos a analizar las alegaciones y pruebas del recurrente.

2. Inexistencia de relación causal:

El examen de las fotografías de la vía pública en la que ocurrió el siniestro permite afirmar con toda claridad, que, ya en la calzada y junto al borde de la acera en la que se encontraba el recurrente para cruzar el paso de peatones, se aprecian dos modificaciones del pavimento.

Por un lado, vemos un sumidero para evacuar el agua de las lluvias en el que se practicaron dos canaletas para facilitar la entrada de aguas desde el pie del bordillo hasta el citado sumidero.

Por otra parte, y justo al lado del sumidero se constata que la canaleta derecha invadía un tramo de acera, que había sido rebajado en una longitud de 6 cm.

El recurrente, que debía extremar sus precauciones dado que portaba un cochecito con un bebé, en lugar de cruzar por la zona de acera rebajada, lo hizo por el sumidero, superficie que por su propia naturaleza es irregular, encajando las ruedas del cochecito con una de las canaletas lo que, según su versión, provocó la caída. Apreciamos pues, negligencia en el comportamiento del recurrente.

-La administración reconoció que las canaletas en cuestión habían sido hechas por un tercero desconocido ignorándose también la fecha de su ejecución.

-De este hecho, por sí solo, no puede imputarse responsabilidad alguna a la administración, pues si bien es cierto que la misma es responsable del buen funcionamiento de los servicios públicos, también lo es que no puede exigirse a la misma un nivel de prestaciones y cuidados que excedan de un criterio razonable.

En el presente caso, se observa, además, que la administración desplegó una actividad de mantenimiento totalmente razonable, como la acredita la existencia de un servicio privado de control y vigilancia del pavimento que, en el mismo día del accidente y con posterioridad al mismo, realizó dos controles en la misma zona sin advertir anomalía de tipo alguno.

A esto debe añadirse que la existencia del rebaje de la acera para facilitar el paso de personas con discapacidad o portadoras de útiles, como en este caso un cochecito de bebés, permite a un ciudadano diligente transitar por la vía en cuestión sin riesgo alguno.

En estas circunstancias debe concluirse que no existe relación causal entre el daño sufrido por el recurrente como consecuencia de su caída y una supuesta deficiencia en el mantenimiento adecuado de la vía pública por parte de la administración.

2. Deber de soportar el daño sufrido.

Tal y como ya se ha anticipado, no es exigible a la administración el cumplimiento de un deber de mantenimiento de los servicios públicos que vaya más allá de lo razonable.

El ciudadano que vive en una sociedad de riesgo debe asumir las consecuencias de esta situación, por lo que no puede tener acogida bajo el instituto de la responsabilidad patrimonial de la administración eventuales deficiencias de los servicios públicos con un nivel de exigencia rayano en la perfección, especialmente cuando ello va unido a conductas imprudentes del usuario de los mismos.

3. Sobre la prueba practicada.

-Prueba testifical.

La parte recurrente aportó, además de un reportaje fotográfico, el testimonio de dos testigos que presenciaron la caída del recurrente. A pesar de manifestar en su escrito inicial que muchos comerciantes de la zona presenciaron su caída, ninguno de ellos fue llamado a testificar por el recurrente. Dichos testigos fueron objeto de tacha por parte de la administración, dada su reconocida amistad y vecindad con el recurrente, además de constatar ciertas imprecisiones en su relato que no coincidía con lo manifestado por el recurrente. Por ello nulo valor probatorio debemos conceder a esas declaraciones.

- Prueba pericial.

También aportó el recurrente un dictamen pericial que se centra en el examen de la anchura de las canaletas laterales del sumidero. Admite que éste respeta la legislación vigente, pero no así las canaletas que superan en unos dos centímetros la anchura permitida, por lo que estima ese dato como causa probable del accidente.

Debe destacarse que la vía pública en la que ocurrió el hecho fue la carretera nacional N-550 a su paso por el núcleo urbano de Redondela, vía ejecutada de acuerdo con el Plan Nacional de Carreteras de 1939/1941, por lo que no resulta exigible la adaptación de la vía a la normativa vigente señalada por dicho informe.

Por otra parte, en el informe no se hace un examen de la tipología de ruedas del carrito de bebés, dato relevante para establecer un vínculo entre la anchura de la canaleta en cuestión y el accidente.

En consecuencia, el dictamen pericial no desvirtúa en nuestra opinión los razonamientos contenidos en la resolución impugnada.

-Prueba documental.

La recurrente solicitó que informara la policía local de Redondela sobre los antecedentes por caídas en el punto señalado, fenómeno que manifiesta que ocurre con frecuencia. Dicho informe fue emitido el 14 de junio de 2016 y en el mismo se hacía constar que no consta antecedente alguno.

Por las razones expuestas el recurso debe ser desestimado, sin que sea necesario entrar a valorar los daños sufridos por el recurrente.

CUARTO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la LJCA procede imponer costas a la parte recurrente, al haberse rechazado sus pretensiones para lo que se fija un límite por todos los conceptos de 1.500 euros.

Vistos los preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación, venimos a pronunciar el siguiente