Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 1486/2021 de 11 de octubre del 2023

PRIMERO.- En el presente recurso se impugna la resolución dictada por el Ministerio del Interior por que se acuerda denegar la petición de asilo y protección internacional a Alonso, nacional de Perú.

SEGUNDO.- El reconocimiento de la condición de refugiado está condicionado a la acreditación de que concurren las causas que se contienen en el artículo 1.A.2) de la Convención de Ginebra de 29 de julio de 1951, por remisión expresa del artículo 3.1 de la Ley reguladora del Derecho de Asilo 12/2009, y se concretan en la existencia de fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas en su país de origen. Acorde con tal exigencia, se resolverá favorablemente la solicitud de asilo cuando aparezcan indicios suficientes, según la naturaleza de cada caso, para deducir que el solicitante cumple con los anteriores requisitos (artículo 8 de la citada Ley). Y, en consecuencia, de ello se deriva que no procede la concesión del derecho de asilo, si no aparecen indicios suficientes sobre la existencia de fundados temores de ser perseguido, lo que acontece en el presente supuesto en el que tampoco se aprecian motivos relevantes que permitan acceder a la permanencia en España, procede desestimar el recurso.

Resumidamente, el relato ofrecido por la parte recurrente remite a la voluntad de residir en España. La Sra. Alonso, natural y con última residencia en Lima, de profesión teleoperadora, manifiesta que vivía en DIRECCION000, Perú donde tuvo una relación sentimental con el Sr. Camilo quien ejerció sobre ella violencia física y psicológica. Refiere que se separaron en el año 2009 y que tienen una hija en común. Respecto a la violencia sufrida durante la convivencia, la solicitante explica que su expareja la agredía la golpeaba y le daba patadas incluso durante su embarazo. Añade que, en una ocasión le clavó un tenedor en la cabeza. No señala haber tenido que ser asistida por servicios médicos ni tampoco presenta certificados. Tampoco hace alusión a los daños o secuelas consecuencia de las agresiones descritas. Posteriormente, y una vez terminada la convivencia, alega la solicitante, que su expareja la amenaza cuando se entera de que ha formalizado la demanda de alimentos a favor de su hija, En concreto, explica que la amenazó con una pistola colocándosela en la boca y en la frente y diciéndole frases como: tú no me conoces a mí, ahora te mueres, te van a encontrar tirada y muerta y riéndose a la vez, por lo que decide venir a España para estar lejos de él. Respecto a la solicitud de ayuda a las autoridades de su país, la interesada señala que denunció la violencia sufrida una vez que se separó de su expareja, si bien, no manifiesta haber denunciado los hechos sufridos durante dicha convivencia ni razón alguna que le impidiese hacerlo. Por otra parte, no se deducen circunstancias que podrían haber imposibilitado su traslado a otra zona de Perú para evitar las agresiones que alega haber sufrido, puesto que en su relato, alega que su intención al venir a España era alejarse de él. Tampoco se desprenden del relato circunstancias que pudieran explicar especiales dificultades para poder acceder a la protección de algún organismo institucional competente en defensa de las mujeres ante la violencia de género de la ciudad de DIRECCION000.

El procedimiento administrativo, por otra parte, se tramitó regularmente y no es de apreciar la menor indefensión de la parte solicitante. No se han infringido las normas de procedimiento administrativo aplicables y las disposiciones sustantivas sobre derecho de asilo y condición de refugiado.

Lo anteriormente expuesto permite descartar igualmente una protección subsidiaria ( art. 4 y 10 de la Ley de 12/2009) o la permanencia por razones humanitarias ( art. 46.3 de la Ley 12/2009). Las razones humanitarias, según los términos establecidos en la Ley, aun cuando se interprete la expresión ampliamente, deben ser suficientemente precisas en relación con la situación personal del interesado y la situación del país de origen o procedencia, pues no atienden a razones de humanitarismo imprecisas o genéricas siendo que la recurrente no responde a ninguna situación que le haga sujeto de especial vulnerabilidad en relación a la situación actual del país de origen.

En definitiva, no ha quedado acreditada persecución u otra circunstancia susceptible de protección conforme a la Convención de Ginebra de 1951 ni para protección internacional subsidiaria conforme a lo previsto en el artículo 10 de la ley 12/2009.

En estas condiciones, resulta ajustado a derecho que la Administración haya denegado la solicitud de protección internacional.

TERCERO.- De conformidad con lo previsto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, al desestimarse el recurso procede la imposición de las costas a la parte actora. La sala, en virtud de las facultades conferidas legalmente y atendiendo a las circunstancias del caso, establece por todos los conceptos la cantidad máxima de 1500 €, según lo previsto en los artículos 139. Uno y tres de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.