Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Quinta, Rec. 1608/2021 de 11 de octubre del 2023

PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo se interpuso contra la desestimación presunta del recurso de reposición deducido contra la resolución de 8 de julio de 2020, de la Subsecretaria del Interior, actuando por delegación del Ministerio del Interior, que acuerda denegar la renovación de autorización de residencia en España por razones de protección internacional de carácter humanitario que tenía concedida, por existir una reseña policial de la Dirección General de la Policía Nacional por malos tratos.

Ahora bien, siguiendo lo razonado en la sentencia de esta Sección de 5 de septiembre de 2023 (recurso 2174/2021), no obstante, tal concreta precisión del acto contra el que se dirige el presente recurso jurisdiccional, en el escrito de demanda se solicita que se le conceda la protección internacional y el asilo denegada por resolución de 15 de julio de 2019, a la que se hace expresa referencia.

Lo que tiene su fiel trasunto en el suplico de dicho escrito procesal, tal y como se refleja en el antecedente de hecho segundo de la presente sentencia.

Téngase además en cuenta que en dicha sede de demanda ningún razonamiento se despliega en orden a poner de manifiesto una posible disconformidad a Derecho de la resolución de 8 de julio de 2020, de la Subsecretaria del Interior, actuando por delegación del Ministerio del Interior, que deniega la renovación de la autorización de residencia en España por razones de protección internacional de carácter humanitario, dirigiéndose, por el contrario, las argumentaciones plasmadas en la misma a combatir la resolución de 18 de julio de 2019 en cuanto deniega el derecho de asilo y la protección subsidiaria.

Por lo tanto, de los propios escritos procesales presentados por la actora, resulta que existe una desviación procesal clara, manifiesta y patente pues, como señala, entre otras, la STS de 26 de octubre de 2010, « debemos recordar que un reiterada doctrina de este Tribunal, ha venido recogiendo la doctrina jurisprudencial de la desviación procesal, la cual concurre cuando se extienden las pretensiones contenidas en la demanda a actos distintos de los delimitados en el escrito de interposición, en cuanto que de los artículos 41 , 42 , 43 , 57 , 67 y 69 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción de 1956 , se deduce que en el proceso Contencioso-Administrativo la delimitación del objeto litigioso se verifica en el escrito de interposición del recurso y en el de demanda, habiendo de indicarse en aquél el acto o disposición contra el quien se formula, y en éste las pretensiones que se interesan de entre las posibles, según los artículos 41 y 42 citados, con relación a los actos o disposiciones que en el primero se mencionaron, sin que sea lícito extender tales pretensiones a actos distintos de los inicialmente delimitados, puesto que permitirlo supondría prescindir de la naturaleza y del carácter revisor, en principio, del orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo, conculcándose el espíritu y la letra de los artículos 1 y 37 de dicha Ley » - artículos 1 y 25 de la vigente Ley Jurisdiccional-.

Y continúa la referida sentencia que: « En estos ---o parecidos términos--- se han expresado las SSTS de 23 noviembre 1982 , 25 abril 1984 , 16 marzo 1985 , 15 diciembre 1986 , 2 de octubre de 1990 , 8 noviembre 1990 , 6 febrero 1991 (es reiterada doctrina jurisprudencial, en el proceso contencioso- administrativo la delimitación del objeto litigioso se hace en dos escritos distintos, uno, en el de interposición del recurso, en que habrá de indicarse el acto o disposición contra el que se formula, y otro, en el de demanda, en el que con relación a aquéllos se deducirán las pretensiones que interesen, sin que sea lícito extenderlas a actos distintos de los inicialmente delimitados..."); 3 de julio de 1991 ("... preciso es tener en cuenta también que en el proceso contencioso- administrativo es el escrito de interposición del recurso el que determina el objeto del proceso"); 30 de marzo de 1992, 21 de junio de 1993, etc.(...)».

En el caso de autos la parte actora pretende que nos pronunciemos sobre un acto administrativo distinto del que fue recurrido, y que no fue sino la resolución de 8 de julio de 2020, de la Subsecretaria del Interior, actuando por delegación del Ministerio del Interior, que deniega la renovación de la autorización de residencia en España por razones de protección internacional de carácter humanitario; resolución respecto de la que, además, no se articula en demanda razonamiento alguno tendente a poner de manifiesto que incurra en infracción del ordenamiento jurídico por la que debiera ser anulada, lo que ha de conducir, en consecuencia, a la desestimación del recurso interpuesto.

SEGUNDO.- A tenor del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, las costas procesales han de imponerse a la parte demandante.