Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Quinta, Rec. 2627/2021 de 11 de octubre del 2023

PRIMERO.- El recurso contencioso-administrativo se interpone contra la resolución de la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Publica dictada por delegación del Ministro de Justicia, por la que se deniega de la concesión de nacionalidad española por residencia a la recurrente.

El motivo de denegación es que, según los datos recabados, no acreditaba el requisito de residencia legal y continuada del artículo 22.1 del Código Civil en la fecha de presentación de su solicitud de nacionalidad, el 03/11/2016, según el informe del Ministerio del Interior que figura en el mismo, ya que solicitó su primera autorización de trabajo y residencia el 01/03/2018, habiéndosele concedido el 03/04/2018, renovándola el 13/09/2019, hasta el 27/10/2021.

En la demanda, se alega que la recurrente ya estaba en posesión de residencia legal en España desde 2014, como puede comprobarse con la fotocopia de la tarjeta de residente que figura en el expediente, con una duración de cinco años, con validez hasta el 27 de octubre de 2019, y lo que se concede en 2018 es una autorización de residencia y trabajo independiente.

El Abogado del Estado, insiste en el incumplimiento del requisito de residencia legal en España dos años antes de la solicitud de nacionalidad.

SEGUNDO.- Los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido, como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación.

La denegación de la concesión de la nacionalidad española por residencia se ha basado en el artículo 22.1 del Código Civil, que establece que para la concesión de la nacionalidad por residencia se exigen, con carácter general, diez años de residencia, dos años en caso de nacionales de origen de países iberoamericanos, debiendo ser la residencia «legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición», según reza el número 3 del citado artículo.

El cumplimiento de tal requisito objetivo exige la concurrencia de las tres circunstancias de: a) legalidad de la residencia, lo que supone la sujeción a las normas sobre extranjerías establecidas; b) continuidad o no interrupción del plazo; y c) que tal periodo de residencia corresponda al momento inmediatamente anterior a la solicitud.

La residencia legal implica la permanencia en el territorio español amparada en el régimen de autorizaciones que regula la legislación de extranjería, en el caso de autos la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en su Reglamento de ejecución aprobado por Real Decreto 864/2001, de 20 de julio.

El artículo 29.3 de la citada Ley Orgánica dispone que son extranjeros residentes los que hayan obtenido un permiso de residencia temporal o permanente.

Como señala la jurisprudencia, por todas la STS de 18 de julio de 2016, (recurso 1606/2015): «conviene recordar que la residencia legal a que se refiere el artículo 22 del Código Civil se adquiere por la obtención del permiso de residencia que corresponda a la situación personal del extranjero interesado, expedido por los órganos competentes de la Administración General del Estado, y que no se puede confundir con la simple permanencia física en el territorio español.»

Además, conforme al apartado 3 del artículo 22 del Código Civil, el plazo ha de estar completado inmediatamente antes de la petición, « con independencia de las vicisitudes que el procedimiento para la concesión pueda propiciar en relación dicha exigencia» (así, Sentencia del Tribunal Supremo, Sección Sexta, de 10 de febrero de 2015 (recurso 3025/2012), sin que, consiguientemente, el tiempo que no se haya cumplido antes de la solicitud pueda completarse durante la tramitación del expediente (entre las últimas, Sentencia de esta Sala, Sección 3ª, de 19 de mayo de 2016), ni siquiera tomando en consideración la fecha de la ratificación (también entre las últimas, Sentencia de esta Sala, Sección 1ª, de 5 de mayo de 2016).

Pues bien, como se trata de un requisito objetivo es fácilmente constatable.

Pu ede verificarse, con la copia de la tarjeta de residencia que aportó con la solicitud de nacionalidad y que consta en el expediente, que el recurrente tenía permiso de residencia de larga duración con validez hasta el 27 de octubre de 2019. Si la solicitud de nacionalidad se presentó en el Registro Civil de Sevilla el 3 de noviembre de 2016, y se aportó copia de dicho permiso de residencia, es claro que la autorización de residencia y trabajo a que se refiere el informe del Ministerio del Interior, solicitada el 1 de marzo de 2018, es una autorización distinta y posterior a la aportada con la solicitud, permiso de familiar ciudadano de la unión que no se ha tenido en cuenta. Conforme al artículo 124 del reglamento de extranjería, la tarjeta de residencia de familiar de un ciudadano de la Unión se concede por cinco años.

En el caso presente, por tanto, la resolución denegatoria de la nacionalidad se equivoca al no tener en cuenta la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la unión aportada con la solicitud y que ampara la residencia legal desde dos años antes de la solicitud, esto es, desde 27 de octubre de 2014, por lo que tenía cumplido el tiempo legal de residencia en España de 2 años, y así ha quedado acreditado.

En consecuencia, procede estimar el recurso contencioso-administrativo, y anular la resolución impugnada, reconociendo el derecho del recurrente a la concesión de la nacionalidad española por residencia solicitada.

TE RCERO.- Costas

Por lo que se refiere a las costas, a tenor del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede su imposición a la parte demandada, si bien la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el apartado 4 de dicho artículo, teniendo en cuenta la entidad del asunto y la dificultad del mismo, fija en 1.000 euros la cuantía máxima a reclamar, por todos los conceptos.