Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 2952/2019 de 11 de octubre del 2023

PRIMERO.- Objeto del recurso.

Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 21 de julio de 2021 de denegación de la solicitud de nacionalidad española por residencia, por estimar que no ha quedado justificado suficientemente el requisito de buena conducta cívica que exige el art. 22.4 del CC "ya que fue CONDENADO/A COMO AUTOR/A EN SENTENCIA FIRME DE FECHA 14/09/2011 DICTADA POR EL JUZGADO DE LO PENAL N. 3 DE BARCELONA :

- POR UN DELITO EN CONCURSO DE AMENAZAS (TODOS LOS SUPUESTOS NO CONDICIONALES) [ ART.169 - 171 CP ]

-POR UN DELITO EN CONCURSO DE QUEBRANTAMIENTO CONDENA O MEDIDA CAUTELAR (TODOS LOS SUPUESTOS) [ ART.468 - 469 CP ]

También se ha visto implicado/a en detenciones e incidentes que han exigido la intervención policial, en concreto LE CONSTAN LAS SIGUIENTES DETENCIONES EFECTUADAS POR MOSSOS DE ESQUADRA EN BADALONA:

- 15/10/2008, MALOS TRATOS FISICOS AMBITO FAMILIAR, ATEST. NUM000 TR.

- 12/04/2009, MALOS TRATOS FISICOS AMBITO FAMILIAR Y ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACION, ATEST. NUM001 TR.

- 01/07/2009, QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA, ATEST. NUM002 TR.

- 14/10/2009, MALOS TRATOS FISICOS AMBITO FAMILIAR Y QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA, ATEST. NUM003 TR.

- 21/10/2009, MALOS TRATOS HABITUALES AMBITO FAMILIAR Y QUEBRANTAMIENTO DE CONDENA, ATEST. NUM004 TR.

- 04/02/2013 EL JUZG. PENAL 21 DE BARCELONA, EN PROC. 2885/2011, POR MALOS TRATOS FISICOS AMBITO FAMILIAR, DICTA PRIVACION DE TENENCIA Y PORTE DE ARMAS.

Ello por sí mismo ya pone en evidencia alteraciones de la convivencia ciudadana que no se corresponden con el estándar de la conducta media exigible a cualquier ciudadano. Por otro lado, se observa que, en atención a la naturaleza del delito cometido, el Código Penal le ha asignado una pena menos grave y esta Dirección General estima que tal circunstancia impide tener por satisfecho el requisito de la buena conducta cívica que exige el citado artículo 22.4 del Código civil . Hayan sido o no cancelados estos antecedentes penales, no puede obviarse que se trató de un comportamiento antijurídico que no se corresponde con lo que se considera buena conducta cívica."

SEGUNDO.- Posición de las partes.

La parte demandante solicita de la Sala una Sentencia que deje sin efecto la resolución impugnada y conceda la nacionalidad española por residencia al demandante.

La parte demandante sostiene que en fecha 22 de junio de 2021, se emitió un certificado de cancelación por parte del Ministerio de Justicia, a instancia del demandante, antes de la fecha de la resolución denegatoria que aquí se combate, en el que consta que el demandante carece de antecedentes penales. Sigue diciendo que no se ha tenido en consideración que el demandante lleva residiendo en España desde el año 2000; que ha venido ejerciendo una profesión, cumpliendo sus deberes fiscales, en definitiva, la resolución no ha tenido en consideración las circunstancias particulares del recurrente. Por último, alude a una conducta puntual, y la Administración debe tener en consideración el tipo de delito y las circunstancias que lo rodearon.

La Administración demandada, representada y defendida por la Abogacía del Estado se ha opuesto a la demanda, interesando su desestimación.

TERCERO.- No concurrencia del requisito de buena conducta cívica.

1.- Para obtener la nacionalidad por residencia - art 22.4 CC - se requiere, entre otros requisitos "buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española." Lo que el art. 22 del Código Civil exige es que el solicitante justifique positivamente que su conducta, durante el tiempo de residencia en España y aun antes, ha sido conforme a las normas de convivencia cívica, no sólo no infringiendo las prohibiciones impuestas por el ordenamiento jurídico penal o administrativo, sino cumpliendo los deberes cívicos razonablemente exigibles, sin que la no existencia de antecedentes penales sea elemento suficiente para entender justificada la buena conducta cívica, tal y como establece la sentencia del Tribunal Constitucional 114/87 .

Partimos de que el requisito de la buena conducta cívica a los efectos de la nacionalidad española por residencia, no viene marcado por el principio de presunción de inocencia y no se agota materialmente con comportamientos merecedores de reproche penal (hay comportamientos incívicos que no pasan por el Código Penal), ni temporalmente con referencia al momento de la solicitud (posibilidad de valorar hechos posteriores) ni geográficamente con referencia a España (se tiene en cuenta la trayectoria del recurrente en origen y en otros países donde se haya desenvuelto antes de venir a España o en estancias intercaladas con su residencia en España).

La Sentencia de la Sala III del Tribunal Supremo num. 397/2022 de 30 de marzo dictada en el recurso de casación num 3117/2021, a los efectos de acreditar la buena conducta cívica, cuando le consta al solicitante, una condena penal por el/los delitos, que aparecen en su hoja de antecedentes penales, y los hechos delictivos fueron cometidos con anterioridad a la resolución que recae en el expediente, ha declarado:

"(i)La carga de la prueba del requisito de buena conducta cívica incumbe al solicitante (véanse a estos efectos, entre otras, las sentencias SSTS de 10 de junio de 2015 , 23 de marzo de 2017 y 17 de junio de 2016 , antes mencionadas).

(ii) El requisito de buena conducta cívica no sólo ha de concurrir en el momento inicial de la presentación de la solicitud de nacionalidad, sino que también ha de estar presente durante toda la tramitación del expediente, hasta el mismo momento de la concesión de la nacionalidad (véanse en este sentido las citadas SSTS de 10 de junio de 2015 y de 23 de marzo de 2017 ).

(iii) No basta con que no exista constancia en los registros públicos de actividades merecedoras de consecuencias sancionadoras penales o administrativas que "per se" impliquen mala conducta, puesto que lo que el artículo 22 del Código Civil exige es que el solicitante justifique positivamente que su conducta, durante el tiempo de residencia en España y aun antes, ha sido conforme a las normas de convivencia cívica, esto es, no sólo no infringiendo las prohibiciones impuestas por el ordenamiento jurídico penal o administrativo, sino cumpliendo los deberes cívicos razonablemente exigibles, sin que la no existencia de antecedentes penales sea elemento suficiente para entender justificada la buena conducta cívica, tal y como establece la sentencia del Tribunal Constitucional 114/87 (en este sentido se pronuncia la STS de 19 de junio de 2015 ).

(iv) Entre esos deberes cívicos que razonablemente cabe exigir al extranjero que pretende obtener la nacionalidad española está, indiscutiblemente, el de observar un comportamiento leal con las instituciones y autoridades españolas encargadas de tramitar y resolver el procedimiento de adquisición de la nacionalidad.

Así se infiere, sin ningún género de duda, del artículo 25.2 del Código Civil , que dispone que se producirá la nulidad de la adquisición de la nacionalidad española cuando en sentencia firme se declare que el interesado ha incurrido en falsedad, ocultación o fraude en tal adquisición.

Por ello, no puede apreciarse la concurrencia de buena conducta cívica en el solicitante de la nacionalidad española cuando se acredite que éste, de modo deliberado, ha ocultado a las autoridades encargadas de la tramitación y resolución del expediente su participación en hechos de entidad suficiente para ser considerados contrarios a las normas de convivencia cívica y a los principios y valores de nuestra sociedad, haya o no recaído sobre ellos condena penal o sanción administrativa, y con independencia de que dicha participación haya tenido o no reflejo en el expediente de nacionalidad.

En este sentido, debemos recalcar que lo verdaderamente relevante a los efectos que ahora interesan -de conformidad con el espíritu de la norma que, en protección del interés general, demanda que solo puedan acceder a la nacionalidad española quienes observen buena conducta cívica- es la existencia real de tales hechos y la participación en ellos del solicitante y no su mera constancia documental, en la medida en que evidencian la realidad de un comportamiento incívico del solicitante, por más que éste no haya tenido reflejo en el expediente de nacionalidad o en otros expedientes o registros públicos.

(...)"

2.- Examinando la documentación presentada y el expediente tramitado, procede concluir que, en este caso, el demandante no cumple todos los requisitos previstos en el marco normativo citado, señaladamente los previstos en el artículo 22.4 del Código Civil, por lo que no procede el derecho a la obtención de la nacionalidad española por residencia, pues pese a cumplir los restantes requisitos legales, especialmente la residencia legal en España por el tiempo previsto en la ley, no ha acreditado buena conducta cívica.

Como destaca la Abogacía del Estado, el demandante fue condenado como autor en Sentencia de 12/01/2010, firme el 14 de septiembre de 2011, en la causa seguida por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer num 1 de Badalona y dictada por el Juzgado de lo Penal num 3 de Barcelona, por un delito de amenazas en concurso con uno de quebrantamiento de condena o medida cautelar. Tras la suspensión de la pena, ésta quedó definitivamente extinguida el 21 de septiembre de 2017, con posterioridad a la solicitud de la nacionalidad española. La cancelación pues podía acordarse, con arreglo a lo dispuesto en el art. 136 del CP, a partir del 21 de septiembre de 2020, es decir, tras la presentación de la solicitud de nacionalidad.

cabe significar que, como señala la jurisprudencia, una condena penal por sí sola no es necesariamente suficiente para integrar, en sentido negativo, el concepto jurídico indeterminado de buena conducta cívica ( ni tampoco la existencia de antecedentes policiales) pero también hemos dicho que, dándose una circunstancia similar, es exigible al solicitante la aportación de elementos positivos que contrarresten el juicio inicial peyorativo del hecho delictivo que revela una acción antijurídica, alejada del estándar de la conducta ciudadana. Y es lo cierto que ni se ha abordado esta cuestión por la parte recurrente, habiendo tenido oportunidad de hacerlo, ni existen en el expediente elementos positivos para afirmar la buena conducta cívica, pues nada ha acreditado sobre su trayectoria vital en España ( es evidente que no lo es la residencia en España). Por último, en el presente caso, las penas impuestas lo eran por un delito de violencia de género, que debe considerarse grave a estos efectos para la obtención de la nacionalidad española.

CUARTO.- Costas.

En cuanto a las costas, el art 139 LJCA , dispone que " En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho".

En el caso que nos ocupa, no apreciando dudas de hecho ni de derecho, procede imponer al recurrente el pago de las costas causadas en esta instancia.

Si bien la Sala considera procedente limitar la cantidad que, por todos los conceptos enumerados en el art 241.1 LEC , ha de satisfacer a la parte contraria la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de 1.000 euros - art 139.4 LJCA -.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, la Sala dicta el siguiente