Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 109/2021 de 11 de julio del 2023

PRIMERO. El presente recurso de apelación se ha interpuesto frente a sentencia Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo Número Cinco de 30 de septiembre de 2021, la cual desestimaba el recurso contencioso- administrativo interpuesto frente a resolución de 05-03-21 de la Ministra de Hacienda, y en su delegación la Secretaria General Técnica, por la que se desestima la reclamación por responsabilidad patrimonial formulada por dicho recurrente interesando el abono de 18.400 €. Expediente nº HA/A/000442/2020.

SEGUNDO. Delimitado el objeto de la apelación de la manera anteriormente expresada, debe señalarse, que no cabe recurso de apelación contra dicha Sentencia por las razones que a continuación se expondrán que conforman el criterio de esta Sala.

· Establece el artículo 81.1 de la LJCA que "L as sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo...serán susceptibles de apelación, salvo que se hubieran dictado en los asuntos siguientes: a) Aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros"

· El asunto sobre el que ha recaído la resolución impugnada es subsumible en el supuesto del artículo 81 a) de la LJCA, ya que no excede de 30.000 euros.

· El referido asunto no es de cuantía indeterminada, sino determinada, pues las prevenciones legales en materia de cuantía han de ser aplicadas en función de la real entidad material de la cuestión litigiosa, siendo irrelevante a efectos de la inadmisión del recurso por razón de la cuantía, que se haya admitido el recurso de apelación en la instancia, se haya tramitado el procedimiento como cuantía indeterminada o se haya hecho ofrecimiento del mismo al notificarle la resolución impugnada, siempre naturalmente que la cuantía sea inferior al límite legalmente establecido.

· Pues bien, aunque la cuantía litigiosa no aparece en autos determinada o lo haya sido como indeterminada puede, por lo expuesto, determinarse en este momento por esta Sala. Como viene siendo criterio establecido por el Tribunal Supremo en estos supuestos (en relación a la cuantía del recurso de casación a efectos de inadmisión: por todas Auto 5-5-1997, 13-10-1997) y de plena aplicación al presente caso que nos ocupa.

· Y así de la determinación de la cuantía del asunto que nos ocupa conforme a los criterios expuestos se concluye que en el presente caso tal cuantía no alcanza la cifra de 30.000 euros.

TERCERO. La cuestión específica a dilucidar en el presente supuesto es es si se trata de un litigio entre administraciones públicas de conformidad con lo establecido en el artículo 44 LJCA, que de conformidad con el artículo 81.2.c), siempre sería susceptible de apelación.

Como dicen las Sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2009 , 30 de septiembre de 2.009 y 7 de abril de 2.011

"... los requerimientos contemplados en el artículo 44 de la Ley de la Jurisdicción no son recursos administrativos ni participan de la naturaleza de estos. Tales requerimientos responden a un mecanismo de acuerdo y entendimiento entre Administraciones Públicas para evitar litigios, en el marco de los principios constitucionales de coordinación y colaboración que han de presidir las relaciones entre dichas Administraciones. A través de ellos se busca dar a la Administración requerida la posibilidad de reconsiderar sus decisiones y así procurar una solución que soslaye el conflicto; pero por su carácter de técnicas de acuerdo y entendimiento no son, insistimos, ni por su naturaleza ni por su tramitación cauces impugnatorios como los recursos administrativos".

Ese requerimiento previo procede solamente en aquellos litigios entre Administraciones cuando éstas ejercen potestades de derecho público, y estando ambas revestidas del poder de imperium. Pero cuando la Administración no actúa bajo esa condición, el requerimiento deviene improcedente, pudiendo instar la revisión de las decisiones a través del régimen de recursos administrativos que corresponda, según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común".

Y la sentencia del propio Tribunal de 2 de julio de 2020, recurso de casación 37072019, señala:

"En efecto, siguiendo una consolidada doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, expuesta en las sentencias de 31 de diciembre de 2001 (RC- A 43/2000 ) y de 29 de abril de 2008 (RC 5574/2005 ), entendemos que la plena aplicabilidad del artículo 44 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa adquiere significado para resolver los conflictos que pudieran suscitarse entre Administraciones Públicas, cumple con la finalidad institucional de dar la oportunidad a la Administración autora de la actividad administrativa cuestionada de poder reconsiderar su actuación y adoptar, en su caso, las decisiones de modificación, anulación o revocación que correspondan.

De acuerdo con este criterio interpretativo, sostenemos que en aquellos supuestos en que el conflicto se sustancie formalmente entre Administraciones Públicas, pero una de ellas se posicione en la relación jurídica entablada como una persona despojada de su condición de poder público, no resulta procedente la formalización del requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , como mecanismo para dirimir las controversias jurídicas antes de entablar las acciones pertinentes en la jurisdicción contencioso- administrativa.

La precedente sentencia, ha fijado doctrina a los efectos de determinar la posible inadmisibilidad del recurso, en los casos en que hubiera existido una errónea calificación del régimen de aplicación -requerimiento entre administraciones o recurso-, pero sus consideraciones son aplicables al presente caso.

Y aplicando dichas consideraciones al supuesto que nos ocupa, se ha de llegar a la conclusión de que la Administración del Estado ya en el acto originario, resolviendo como reclamación y no como requerimiento entre administraciones la solicitud del Ayuntamiento, calificó correctamente la pretensión municipal, al considerar que no se trataba de un requerimiento entre administraciones públicas, sino de una solicitud en la que se instaba una pretensión de responsabilidad patrimonial por parte del reiterado Ayuntamiento.

Al ejercitar tal solicitud el Ayuntamiento de Layos no actúa revestido de potestades administrativas, sino que su posición es la de un administrado común que solicita una indemnización por la vía de responsabilidad patrimonial, por lo que no puede entenderse que exista un litigio entre administraciones públicas a los efectos contemplados en el artículo 44 LJCA. Por ello el recurso de apelación es inadmisible por razón de la cuantía, al estar cuantificada la misma en una cifra inferior a los 30.000 euros.

CUARTO. Sobre al carácter de la determinación de la cuantía y vinculación que supone para el órgano "ad quem" la efectuada en primera instancia, ha de decirse que existe una constante línea jurisprudencial que expresa que tal determinación se considera una cuestión de orden público, sin que quede vinculado el órgano "a quo" por las decisiones adoptadas en la instancia. En tal sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 20 diciembre 2004, y las que en ella se citan, expresa que "hemos de reiterar que el órgano jurisdiccional puede, en cualquier momento del proceso, incluso de oficio, determinar su cuantía ya que se trata de una materia de orden público, especialmente cuando de ello depende la procedencia o improcedencia de los recursos de apelación o casación, la cual no puede quedar al arbitrio de las partes. La Sentencia de esta Sala de 3 de octubre de 2003 (casación en interés de ley 48/2002), entre muchas otras, así lo recuerda. Y la de 30 de abril de 2004 (casación 8803/1999) precisa que la fijación de la cuantía es una potestad del Tribunal que puede considerar la insuficiencia de la misma en consonancia con el carácter de presupuesto procesal apreciable de oficio que tiene la competencia con arreglo al artículo 7.2 de la Ley".

Por otro lado, la carga de la acreditación del requisito relativo a la cuantía del recurso, que es un auténtico requisito de admisión, corresponde a la parte (Stcia. Sala 3ª y Sección 5ª del T.S. de 7 de julio de 1999).

Con arreglo a tal doctrina no existe limitación alguna a que este órgano jurisdiccional se pronuncie sobre la falta de acreditación de la cuantía del recurso en la forma que lo ha hecho en la presente resolución, por ser una cuestión de orden público procesal, sin limitación alguna por el criterio establecido por el Juzgado "a quo".

Por lo expuesto debe afirmarse la concurrencia de causa de inadmisión del recurso de apelación.

QUINTO. En cuanto a las costas, de conformidad con el artículo 139.2 de la LJCA, en atención al hecho de que se ha declarado la inadmisión del recurso de apelación y que tal inadmisión ha sido una decisión adoptada por la Sala sin que se haya llegado a entrar en el fondo de las cuestiones planteadas, no procede la imposición de las de esta segunda instancia a ninguna de las partes, debiendo estarse en cuanto a las de la primera a lo acordado en la sentencia apelada

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,