Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Segunda, Rec. 1079/2021 de 12 de enero del 2024

PRIMERO.- Objeto del recurso y contenido de la resolución recurrida.

Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la impugnación de la Resolución del Ministro del Interior, de 22/3/2021, por la que se denegó la solicitud de protección internacional formulada por el recurrente, nacional de Colombia, que solicitó asilo en España por el temor a las amenazas recibidas de grupos armados, no identificados, por estar casado con una psicóloga trabajadora de una ONG, que fue amenazada y por ello se ha establecido en España, y, en segundo lugar, por las presiones de determinados grupos políticos que pretenden obtener información de la que dispone por su profesión de enfermero en un programa municipal que se relaciona con desplazados.

La resolución impugnada denegó la protección internacional, al no haber quedado suficientemente establecida la existencia de una persecución contra el solicitante, ni de una problemática susceptible de protección, conforme a lo dispuesto en la Convención de Ginebra de 1951; y al no darse ninguna de las causas que pudieran dar lugar a la concesión de la protección subsidiaria, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 12/2009, de 3 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, pero, aunque menciona al recurrente, toda la argumentación se refiere a su esposa, Sacramento, y a sus circunstancias, sin valorar en ningún momento el relato del recurrente, por lo que la motivación resulta más aparente que real.

La petición de asilo de la esposa fue denegada por resolución del Ministro del Interior de igual fecha, con el mismo contenido que la resolución que ahora examinamos.

En sentencia de 21 de diciembre de 2023, en el recurso 1095/2021, hemos anulado esta decisión y hemos concedido el asilo a la esposa y a la hija menor, considerando, en esencia, que el relato vertido por la sra. Sacramento (esposa del recurrente), también coincidente con uno de los extremos narrados por éste, en lo relativo al temor a regresar a Colombia por las amenazas dirigidas contra ella por sus funciones como psicóloga de una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos, era creíble y coherente, y justificado por las pruebas aportadas, de tal forma, y suficiente para la concesión del asilo, pues el regreso a Colombia podría ser perjudicial para ella.

Además, valoramos negativamente la inactividad de la Oficina de Asilo, que podía haber desarrollado alguna investigación para comprobar la veracidad del relato, ni el resultado de la denuncia interpuesta en Colombia por la representante de la ONG, que recibió directamente las amenazas, aunque iban dirigidas principalmente contra la recurrente.

Pues bien, si examinamos el expediente administrativo del recurso 1095/2021, observamos como, pese a tramitarse procedimientos administrativos diferentes, porque la llegada de la esposa e hija fue muy anterior a la del marido, hoy recurrente, y anterior también la petición de asilo, el informe fin de instrucción y elevación del expediente a estudio de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, de 14 de enero de 2021, con buen criterio hizo una sola propuesta para los dos expedientes, valorando el relato de la esposa, -persona solicitante principal, dice el informe-, que también afectaba al marido, en la medida que una de las razones de solicitar asilo era coincidente con la esposa, las amenazas sufridas por razón del trabajo de ella, al haberse instalado ella fuera de Colombia, y pese a eso, la CIAR desglosó este informe propuesta (desfavorable) y propuso al Ministro resoluciones individualizadas en las que sólo valoró las circunstancias de la esposa, sin tomar en consideración las del marido, que incluso tenía relato propio, dando lugar a tres resoluciones coetáneas que, si la de la esposa e hija las hemos considerado contrarias a derecho, la del marido ha de participar del mismo juicio, por las mismas razones, y, además, por la falta de motivación de la resolución que tan sólo se dirige a él para mencionar su nombre, nada más.

En fin, el restablecimiento de la unidad familiar de las personas refugiadas, a que se refiere el artículo 40 de la Ley 12/2009, de 30/10, de Asilo, y su garantía conduciría a la misma conclusión, concediendo el asilo al cónyuge, en los términos previstos en el apartado 1 b) del citado precepto.

Procede por ello la estimación del recurso, y la anulación de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Costas procesales.

Habiéndose impuesto las costas a la Administración demandada en el recurso 1095/2021, no procede imponerlas nuevamente en este recurso, que nunca debió haberse tramitado por separado del de la esposa, y aunque en ello tuvo mucha responsabilidad la CIAR (ya lo hemos dicho), tampoco las partes pusieron de relieve esta circunstancia, ni nosotros la detectamos.

En atención a cuanto se ha expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que nos confiere la Constitución Española,