Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 618/2021 de 12 de diciembre del 2023

PRIMERO : La parte recurrente, Claudia, nacional de Ecuador, nacida el NUM000-1988, interpone recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta de la nacionalidad por residencia solicitada el 20 octubre 2016. La actora tiene permiso de residencia por familiar de ciudadano de la UE. La actora está perfectamente adaptada al modo de vida español, observa buena conducta cívica, tiene familia directa viviendo en España. Tiene arraigo personal y laboral, y la residencia legal. Y suplica que se tenga por presentada demanda en el presente recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta de la nacionalidad española solicitada y se proceda a la concesión de la misma, con imposición de costas a la parte demandada.

El Abogado del estado en su escrito de contestación a la demanda se opuso a su estimación con imposición de costas a la parte actora.

En fecha 30 noviembre 2022 se dictó resolución expresa denegatoria de la nacionalidad. Y mediante diligencia de ordenación se dio traslado a las partes para alegaciones, constando las del Abogado del Estado que solicita la confirmación de la resolución expresa.

SEGUNDO : La obligación de la parte recurrente es acreditar que cumple con los requisitos legales; a saber, que ha residido en España de forma legal y continuada durante los plazos previstos en el artículo 22.1 o 2 del Código Civil (10 años, 5 años, 2 años o un año de forma excepcional); que observa buena conducta cívica, y que cuenta que con el suficiente grado de integración en la sociedad española. En estecaso, dos años de residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición (art. 22.3 CCivil).

La modificación legal del procedimiento ( disposición final séptima de la Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil y el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre) ha objetivado este requisito de modo que es preciso aportar un doble certificado: el DELE de nivel A2 o superior y el de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE) conforme dispone el artículo 6.1 del Real Decreto 1004/2015. Si bien, cabe que "8. Además de la superación de las pruebas a que se refiere el presente artículo, para que resulte acreditado el suficiente grado de integración en la sociedad española se deberá valorar conjuntamente la documentación indicada en este artículo con los informes señalados en los apartados 1 y 2 del artículo 8 de este Reglamento" (artículo 6.8).

2.- Dicho precepto recuerda que la carga de la prueba corresponde al interesado, sin perjuicio de que la Administración pueda efectuar las comprobaciones que considere oportunas, y en particular solicitar el informe del Ministerio del Interior. El artículo 8 (Informes), establece que:

1. Sin perjuicio de que corresponda al interesado la carga de la prueba de los requisitos para adquirir la nacionalidad, con motivo de la tramitación del expediente se recabarán de oficio de las Administraciones Públicas competentes cuantos informes resulten necesarios y se llevarán a cabo las comprobaciones oportunas por parte de la Dirección General de los Registros y del Notariado. En particular, se solicitará informe, cuando se considere necesario, a la Delegación o Subdelegación del Gobierno que en cada caso corresponda, en los términos que se derivan de la normativa anterior.

2. En cualquier caso, deberá constar el informe preceptivo del Ministerio del Interior, al objeto de comprobar si el solicitante reúne los requisitos exigidos en elartículo 22 del Código Civil. El informe de este Departamento comprenderá el juicio sobre la conducta y situación del extranjero respecto de las obligaciones que impone su entrada y residencia en España.

TERCERO : A la luz de dichas normas, hemos de verificar si el interesado ha acreditado los requisitos que son precisos para poder adquirir la nacionalidad por residencia, de acuerdo con la carga que le procesalmente le corresponde.

Del resultado del expediente se desprende que la actora es nacional de Ecuador, solicitó la nacionalidad española mediante instancia de 1/10/2016, adjuntando tarjeta de residencia por familiar comunitario, certificado de antecedentes policiales expedidos en Ecuador sin apostillar, medios de vida de su progenitor. Y es requerida para la aportación de documentos en 25 agosto 2017 y el 19 noviembre 2019 para presentar certificado de antecedentes penales de su país debidamente apostillado. Consta el informe de la policía de que no constan antecedentes y que solicitó el 25 septiembre 2013 la residencia por familiar comunitario concedida el 25 septiembre 2013 y válida hasta el 20 septiembre 2016, y solicitado de nuevo el 15 diciembre 2016 concedido el 21 septiembre 2016 y válido hasta el 20 septiembre 2021.Se le requiere el 25 agosto 2021 para aportar documentación de residencia efectiva en territorio español en concreto, REQUIERE ACLARACIÓN PERIODO ENTRE 29/06/2014 a 10/02/2015 (FECHA DE VUELTA Y PERMANENCIA EN ESPAÑA); y entre 06/09/2015 a 03/02/2016 (PERIODO DE AUSENCIA EN ECUADOR SUPERIOR A 3 MESES). La actora aportó debidamente apostillado el certificado de carecer de antecedentes penales en su país de origen. Para acreditar la residencia efectiva aporta un certificado de haber cursado estudios aeronáuticos desde el 27-2-2017 al 21-06-2017 en Barcelona, un curso de inglés en 2015, un empadronamiento en Granollers, y consta resolución denegatoria en fecha 30 noviembre 2022 al no acreditarse la residencia efectiva exigida.

La actora formula su petición en fecha 20 octubre 2016 y pretende acreditar esa residencia legal continuada e inmediatamente anterior a la solicitud con un certificado de unos estudios aeronáuticos realizados en 2017 y un curso de inglés de 2015. Debemos también señalar que el empadronamiento, al igual que los documentos anteriores, carecen de validez para acreditar la residencia legal por tratarse de un documento que no sirve para acreditar tal circunstancia. Así la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 2011 -recurso nº. 510/2009-, lo siguiente: " Por otra parte, la inscripción en el padrón no constituye un título de residencia legal en España. Dicha inscripción únicamente acredita que la persona inscrita reside habitualmente en el municipio correspondiente ( art. 15 de la Ley de Bases de Régimen Local ), pero nada más, pues el empadronamiento no presupone ni determina el carácter legal de la permanencia en España con arreglo a la normativa de extranjería. La residencia legal a que se refiere el artículo 22 Cc se adquiere por la obtención del permiso de residencia que corresponda a la situación personal del extranjero interesado, expedido por los órganos competentes de la Administración General del Estado".

No acredita la continuidad de la residencia con el documento que aporta, ya que fue requerida para que justificase esas ausencias de España que se advertían en el pasaporte tanto en 2014 como en 2015, es más parece que salió el 29 junio 2014 y retorna a España el 10 febrero 2015. Y tiene una nueva salida el 6 septiembre 2015. Y no cabe fraccionar la continuidad de la residencia pues debe ser continuada y por supuesto anterior a la solicitud de nacionalidad.

Por otra parte, no consta la presentación del documento CCSE aunque autorizó el acceso a la comprobación de dicho documento.

Por consiguiente, ante la falta de acreditación de la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud de 20 octubre 2016 se confirma esa resolución expresa denegatoria de la nacionalidad pues la carga de la prueba correspondía a la recurrente, dejando sin acreditar uno de los requisitos básicos y esenciales para el otorgamiento de la nacionalidad y como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2011 (recurso 2911/2007) se hace eco de una doctrina jurisprudencial consolidada que, en lo que ahora nos interesa, establece:

"[...] el otorgamiento de ésta en modo alguno puede ser considerado como un derecho del particular, sino, como antes hemos dicho, como el otorgamiento de una condición, la de nacional, que constituye una de las más plenas manifestaciones de la soberanía de un Estado, no en vano la nacionalidad constituye la base misma de aquél, que conlleva el reconocimiento de una serie de derechos y obligaciones y que en todo caso puede ser negado por razones de orden público o interés nacional".

Por lo expuesto, se desestima el recurso contencioso administrativo y conforme al art. 139 LJCA se imponen las costas a la parte actora en cuantía de 1000 euros.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación;