Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 1359/2021 de 12 de diciembre del 2023

PRIMERO : La parte recurrente, Cesar, natural de Costa de Marfil, interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución del Ministerio del Interior de fecha 21 octubre 2020. En la resolución se especifica que el recurrente trabajaba como mecánico de coches para su tío, que era comandante del gobierno del partido político RDR llamado Gustavo que fue el que le crió desde que fallecieron sus padres hace 20 años. En 2011 su tío fue asesinado y el recurrente se hizo cargo del negocio de coches. Fue amenazado desde el gobierno para que abandonase el negocio. Así que en 2011 abandonó su país con 16 años, y llegó a España a mediados de 2018. No ha demostrado ni la existencia de persecución ni la existencia de una problemática susceptible de protección. Ni concurre circunstancia alguna para la concesión de la protección subsidiaria y se acuerda denegar el asilo y protección subsidiaria.

SEGUNDO : La parte actora en su demanda refiere que la solicitud de asilo es del 18 febrero 2019 que concurren los requisitos necesarios para la concesión de asilo y no es necesaria una prueba plena de los hechos acaecidos. Persecución por pertenecer a un grupo social. Y suplica que se tenga por presentada demanda en el presente recurso contencioso administrativo y se dicte sentencia que anule la resolución recurrida declarando el derecho del actor a que le sea concedido el asilo por concurrir las circunstancias para ello con los efectos jurídicos inherentes a esa declaración. Subsidiariamente, en el caso de no concederse el derecho de asilo, se le conceda la protección subsidiaria por cuanto el solicitante podría sufrir un grave daños en su integridad física o incluso perder la vida en caso de volver a Costa de Marfil.

El Abogado del Estado en su escrito de contestación se opuso a la estimación de la demanda con imposición de costas a la parte actora.

TERCERO : El art. 2 de la Ley 12/2009, de 13 de octubre del derecho de asilo y de la protección subsidiaria establece que: " El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967 ".

Por su parte, el art. 3 de la Ley 12/2009 que: " La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9 ".

Esa regulación se ajusta al Derecho de la Unión Europea, concretamente al artículo 6 de la Directiva 2011/1995 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida. Regulación comunitaria sobre este punto que tiene un importante precedente en las "Veinte directrices sobre el retorno forzoso", adoptadas el 4 de mayo de 2005 por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, cuya Directriz 2 (sobre la "adopción de la orden de expulsión") disponía que " Una orden de expulsión sólo se expedirá cuando las autoridades del Estado de acogida hayan considerado toda la información pertinente de que dispongan, y estén convencidas, por lo que cabe esperar razonablemente, que el cumplimiento o la ejecución de esta orden, no expondrá a la persona cuando sea devuelta a [...] un riesgo real de ser asesinado o sometido a tratos inhumanos o degradantes por parte de agentes no estatales, si las autoridades del estado de retorno, las partes u organizaciones que controlan el Estado o una parte sustancial del territorio del Estado, incluidas las organizaciones internacionales, no tienen la posibilidad o voluntad de proporcionar una protección adecuada y eficaz" (a estas "veinte directrices" se refiere expresamente, en su considerando 3º, la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular).

Así mismo, la Ley de Asilo 12/2009 establece en su artículo 13 que los agentes de persecución pueden ser, además del Estado, los " agentes no estatales, cuando los agentes mencionados en los puntos anteriores, incluidas las organizaciones internacionales, no puedan o no quieran proporcionar protección efectiva contra la persecución o los daños graves".

Ahora bien, admitiendo que la persecución a cargo de agentes no estatales puede alcanzar el nivel de una persecución protegible que da lugar a la protección internacional, en todo caso, como se indica en la STS de 19 de diciembre de 2008 (RC 4407/2005 ), " esta doctrina general debe ser necesariamente puesta en relación con las específicas circunstancias de cada solicitante de asilo, dado el carácter fuertemente casuístico de esta materia; pues, incluso en los casos en que se advierte la existencia de actos de persecución imputables a agentes distintos de los estatales, el dato relevante para dar lugar a la concesión de la protección internacional es si puede considerarse suficientemente acreditada una situación de aquietamiento, pasividad, desidia o impotencia de las autoridades de su país a la hora de investigar los hechos y otorgarle protección ".

En definitiva, cuando el solicitante de asilo invoca una persecución, le corresponderá justificar - al nivel indiciario requerido en esta materia según constante jurisprudencia- que ha sufrido actos de persecución (en el sentido del artículo 6 de la Ley de Asilo 12/2009 ); que esos actos de persecución traen causa de, o hacen referencia a motivos de persecución protegibles ( artículos 3 y 7 de la misma Ley ), esto es, por fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual); y que las autoridades estatales no quieren o no pueden proporcionar una protección eficaz frente a tales actos ( STS 15 de febrero de 2016 -rec. 2821/2015 -).

CUARTO : Pues bien, siguiendo estas pautas, la valoración circunstanciada de los hechos que concurren en el presente supuesto nos llevan a concluir que no pueden considerarse suficientemente acreditados los elementos necesarios para el reconocimiento de la protección solicitada.

El recurrente sostenía en su demanda que dejó su país como consecuencia del temor por su vida y por su integridad física, basado en que su tío era un militar del ejército del partido RDR. El recurrente trabajó para su tio como mecánico y cuando falleció el recurrente continuo con los coches hasta que desde el gobierno le dijeron que abandonase el negocio. Se fue de su país, estuvo 4 años en Marruecos trabajando en la construcción y como mecánico. No quería quedarse en Marruecos y por eso no pidió protección internacional. Cuando estaba en Tarifa la Cruz Roja preguntó quién iba a solicitar asilo y él manifestó su intención.

A la vista del propio relato que efectúa el recurrente, debe llegarse a la misma conclusión alcanzada por la Administración: no se ha acreditado en autos la concurrencia de ninguna de las situaciones que según la ley justifican el reconocimiento de asilo y de la protección solicitada.

Efectivamente, las alegaciones realizadas por el recurrente resultan genéricas e imprecisas, y no ha acreditado, ni siquiera indiciariamente, que exista una persecución contra el solicitante, de manera que pueda temer por su vida o por el libre ejercicio de sus derechos fundamentales, a los efectos de obtener la condición de refugiado, lo cual coincide con la información disponible sobre país de origen y las Directrices del ACNUR.

Por el conjunto de consideraciones fácticas y jurídicas expuestas, la Sala concluye en la conformidad a derecho de la resolución impugnada en cuanto deniega el asilo solicitado.

QUINTO : Tampoco procede el otorgamiento de la protección subsidiaria prevista en el art. 4 de la Ley. Dicho precepto establece que el derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10, y que no puedan o, a causa de dicho riesgo, no quieran, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de la misma Ley.

Y en el caso de autos, dada la información disponible sobre el país de origen, no concurre la situación exigida por la jurisprudencia, que se acaba de exponer, por lo que ha de rechazarse también esta pretensión. A lo que hay que añadir que el recurrente no ha acreditado, ni aun de forma indiciaria, que concurran las circunstancias de riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en la norma, que conforme a lo dispuesto en los artículos 4 y 10 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, permitirían que, pese a la denegación del asilo, pudiese otorgarse al recurrente la protección subsidiaria que postula.

Procede, pues desestimar las peticiones de protección internacional.

De conformidad con el artículo 139.1 de la LRJCA se imponen las costas a la parte recurrente por haber sido rechazadas todas sus pretensiones, si bien, haciendo uso de la facultad que otorga el apartado 4 del mencionado artículo y teniendo en cuenta el alcance y la dificultad de las cuestiones planteadas, se fija como cifra máxima por todos los conceptos la suma de 1500 euros.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación;