Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 837/2022 de 12 de diciembre del 2023

PRIMERO : Es objeto de impugnación en autos la Resolución del Ministerio del Interior de fecha 4 de agosto de 2021, por la que se deniega el reconocimiento de la Protección Internacional al recurrente.

El Sr. Teodulfo formalizó su petición de protección internacional en la Jefatura de Madrid, en fecha 12 de noviembre de 2019, tras su llegada a España el día 4 de noviembre de 2019.

La petición fue admitida a trámite y se instruye por el procedimiento ordinario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 12/2009 de 30 de octubre reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

Los hechos en los que se funda la pretensión actora, nacional de Venezuela y Colombia, según resultan del expediente administrativo, son:

"Manifiesta que decidió huir del país porque hay unos grupos llamados colectivos que son afines al régimen, y que atacan y persiguen a los opositores.

Relata que el 12 de Octubre de 2019 unas personas desconocidas dispararon en su calle a la puerta de su casa de forma amenazante y que teme por su vida si regresa a su país

Así mismo, el solicitante aporta un escrito de ampliación de alegaciones en el que refiere lo siguiente:

Que su familia fue víctima de fuertes amenazas hacia su integridad física debido a que vivían en un sector de intensa actividad chavista y que se opusieron a la corrupción mostrada por los consejos comunales, por lo que indica que los llamados colectivos bolivarianos comenzaron a presionarles para que abandonaran el lugar.

Explica que al no poder desplazarse a otra zona por motivos económicos decidieron aguantar allí, hasta que el 12 de octubre de 2019 su casa fua objeto de un ataque vandálico, que la puerta de su vivienda recibió 3 disparos de arma de fuego, lo que señala que era un mensaje de amenaza habitual de los colectivos para amedrentar a los opositores del gobierno, y que entendieron que sus vidas corrían peligro inminente.

Relata que ese mismo día se dirigió junto a su esposa y su hijo de 19 años a casa de su cuñada, que se pusieron en contacto con sus hijos que vivían en España para que les ayudaran a realizar su viaje."

El informe de la CIAR es desfavorable a la concesión de la Protección Internacional.

SEGUNDO : La Ley 12/2009 define en su artículo 3 la condición de refugiado:

"La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9."

Artículo 2 d) de la Directiva 2011/95 UE:

"refugiado»: un nacional de un tercer país que, debido a fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o un apátrida que, hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual por los mismos motivos que los mencionados, no puede o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él, y al que no se aplica el artículo 12;"

Artículo 2 g) de la Directiva 2013/33 UE:

"g) «refugiado», un nacional de un tercer país o un apátrida que cumple los requisitos del artículo 2, letra d), de la Directiva 2011/95/UE ;"

Estos preceptos y el concepto que describen, han de ser examinados de conformidad con la doctrina elaborada por el TJUE.

Así, la sentencia del TJUE de 1 de marzo de 2016, c-443/14, contiene afirmaciones esclarecedoras en relación a la regulación del concepto de refugiado y derecho de asilo:

A) "A este respecto, debe señalarse que de los considerandos 4, 23 y 24 de la Directiva 2011/95 se desprende que la Convención de Ginebra constituye la piedra angular del régimen jurídico internacional de protección de los refugiados y que las disposiciones de la referida Directiva relativas a los requisitos para la concesión del estatuto de refugiado y al contenido de éste fueron adoptadas para guiar a las autoridades competentes de los Estados miembros en la aplicación de la citada Convención, sobre la base de conceptos y criterios comunes (véase, por analogía, la sentencia Abed El Karem El Kott y otros, C-364/11 , EU:C:2012:826 , apartado 42)."

B) "Así pues, la interpretación de las disposiciones de la referida Directiva debe efectuarse a la luz de la estructura general y de la finalidad de la misma, con observancia de la Convención de Ginebra y de los demás tratados pertinentes a los que se hace referencia en el artículo 78 TFUE, apartado 1. Según se desprende del considerando 16 de la Directiva 2011/95 , tal interpretación debe realizarse también respetando los derechos reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (véase, por analogía, la sentencia Abed El Karem El Kott y otros, C-364/11 , EU:C:2012:826 , apartado 43 y jurisprudencia citada)."

En reiteradísimas ocasiones, el Tribunal Supremo se ha referido a los requisitos legalmente establecidos para el reconocimiento del derecho de asilo. Podemos sintetizarlos:

A. El reconocimiento del derecho de asilo, no es una decisión arbitraria ni graciable.

B. Ha de existir una situación de persecución respecto del solicitante, por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social; que le infunda temor, de suerte que no pueda o, a causa de dicho temor, no quiera, acogerse a la protección del país de su nacionalidad, o, si es apátrida, de su residencia.

C. Los actos que determinan la situación de persecución han de ser graves, ya sea aislada, ya sean cumulativamente.

D. No es exigible una prueba plena de los actos constitutivos de la persecución, pero son necesarios indicios de los que racionalmente pueda deducirse que la persecución existe.

Entre las sentencias del Tribunal Supremo que plasman esta doctrina, podemos citar la de 19 de febrero de 2016, RC 3163/2015; la de 6 de marzo de 2015, casación 3060/2014; o la de 31 de octubre de 2014, casación 407/2011.

Examinadas las cuestiones jurídicas generales atinentes al presente recurso, analizaremos las concretas circunstancias concurrentes.

Como resulta del expediente y se refleja en la Resolución impugnada, el solicitante aporta pasaporte de la República Bolivariana de Venezuela en el que aparece reflejado que nació en la localidad colombiana de Cucuta.

Por ello, de acuerdo con lo previsto en la regulación colombiana ( artículo 96 de la Constitución política), ostenta la nacionalidad colombiana de nacimiento -de la que de hecho no se le puede privar-, sin perjuicio de contar con otra nacionalidad reconocida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 de la ley 43/1993 sobre la doble nacionalidad.

Pues bien, la recurrente es nacional de Venezuela y Colombia, tiene doble nacionalidad, y reside en Venezuela. Ello quiere decir que puede acogerse a la protección del país de su otra nacionalidad, Colombia. Por lo tanto, no concurren los requisitos para entender que la recurrente esta necesitada de protección internacional, ya que no consta problema alguno para la recurrente en Colombia.

La autorización de permanencia en España por razones humanitarias, se contempla en el artículo 46 de la Ley 12/2009, establece:

"3. Por razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria, se podrá autorizar la permanencia de la persona solicitante de protección internacional en España en los términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración."

Y, en el mismo sentido, el artículo 37 b) de la Ley 12/2009.

Pues bien, de lo dicho anteriormente resulta que no puede otorgarse la protección solicitada, tampoco en este grado, pues la recurrente puede acogerse a la protección y asistencia del país de su otra nacionalidad, Colombia.

TERCERO : Procede imponer las costas la recurrente, conforme a los criterios contenidos en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, al ser la sentencia desestimatoria, hasta un máximo de mil euros.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de su Majestad el Rey y por el poder que nos otorga la Constitución: