Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 1421/2021 de 13 de octubre del 2023

PRIMERO. - El presente recurso tiene por objeto la Resolución del Ministerio del Interior, de 17 de diciembre de 2020 por la que se deniega la solicitud de protección internacional presentada por la demandante.

SEGUNDO. - La recurrente, de nacionalidad nicaragüense, solicita se declare nula la resolución recurrida acordando reconocerle el derecho de protección internacional y, con carácter subsidiario y si no se accede a la concesión de la protección internacional, se acuerde concederle el derecho a permanecer en España concediendo protección subsidiaria.

En defensa de su pretensión cita los artículos 3 y 6 de la Ley de Asilo y alega la violencia ejercida contra ella, saqueos a su negocio, coacciones, limitación al acceso a la sanidad alineamiento de la misma como contraria al gobierno represor y amenazas, fruto de la situación de inseguridad general existente en su país. Las autoridades nicaragüenses no dan la protección que piden, debido a la fuerte inmersión de los grupos paramilitares en las estructuras estatales y de la propia autoridad del régimen sandinista, como se recoge en el último informe de Amnistía Internacional y de ACNUR.

TERCERO.- La representación de la Administración demandada, por su parte, opone que los hechos descritos por el solicitante, si bien pueden ser reprochables, no cabe considerarlos como propios de una problemática de la entidad de una persecución de carácter personal y concreta, o que suponga un fundado temor a ser perseguido en caso de regresar a Nicaragua, ni conforme al contexto nicaragüense, ni conforme a lo dispuesto en la Convención de Ginebra de 1951 y en la Ley 12/2009. Tampoco procede la protección subsidiaria porque no existe una situación de violencia generalizada que sea asimilable a la del conflicto que determine que la vida del recurrente corra peligro en el caso de volver a Nicaragua. Finalmente la autorización por razones humanitarias exige un mínimo de prueba de que concurren los requisitos establecidas en la normativa de extranjería, no siendo admisibles alegaciones tipo o genérico si no se acredita, al menos mínimamente, la situación de desprotección en la que se encontraría el individuo en el país de origen, situación de vulnerabilidad que no se ha justificado en este caso; por ello procede desestimar el recurso y confirmar la Resolución impugnada.

CUARTO.- Ante la solicitud de asilo que se formula por la recurrente, se trata de determinar si concurren las causas que determinan el derecho a la protección propia del Asilo; tales causas son las previstas en los instrumentos internacionales ratificados por España y, en especial, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 217 A(III), el 10 de diciembre de 1948, ( Art.14 : "En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país"), en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y en el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, hecho en Nueva York el 31 de enero de 1967, disponiendo el art. 1.A.2 de dicha Convención que el término refugiado se aplicará a toda persona que "debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país".

También el artículo 18 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea dispone que "se garantiza el derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y de conformidad con el Tratado de la Unión Europea y con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo denominados «los Tratados»)".

Por su parte, la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, establece en su artículo 2 que: "El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados , hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967".

El artículo 3 añade que "La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9".

La recurrente, nacional de Nicaragua, vino a España el 28 de noviembre de 2018 y solicitó asilo en Barcelona el 11 de diciembre siguiente. En su relato dice que en abril de 2018 empezaron en Nicaragua las revoluciones; saquearon su empresa estética en varias ocasiones; la mandaban asistir a las marchas en favor del gobierno y si no lo hacía corría peligro, los hospitales cerraron y todo se ha vuelto insoportable y para poder trabajar necesitas un aval del gobierno; la policía está corrompida y no puedes denunciar.

En la Resolución se menciona la Nota de orientación de ACNUR sobre el flujo nicaragüense de agosto de 2018 y admite que, en principio la persecución descrita apunta a hechos que podrían ser motivados por alguna de las causas reconocidas en la Convención de Ginebra pero considera que su relato se refiere a un hecho puntual y no reúne los requisitos de las sentencias del Tribunal Supremo que exigen que los fundados temores a ser objeto de persecución ha de tener entidad suficiente y para ser relevante, deberá apreciarse una conducta sistemática, mantenida en el tiempo, dirigida contra el solicitante; sin embargo, entiende que los hechos descritos por éste , "si bien pueden ser reprochables, no cabe considerarlos ni por su naturaleza, ni por su frecuencia, ni por su gravedad, como propios de una problemática de la entidad de una persecución de carácter personal y concreto" (Fundamento Jurídico Quinto).

Sin poner en duda el agravamiento de la conflictiva situación social e inseguridad del país, puesta de manifiesto en un informe más reciente de ACNUR de enero del presente año, no se ha acreditado en este caso que, como consecuencia de su participación en las diversas manifestaciones y protestas convocadas, a las que han acudido miles de personas, la demandante haya sido identificada de forma personal como opositora al régimen político vigente, ni tampoco se ha acreditado que, como consecuencia de su manifestación pública como opositora, haya sido amenazada o denunciada por los partidarios del régimen político existente, sobre lo que no existe el más mínimo indicio de prueba en el expediente ni en este recurso se ha propuesto ninguna; los motivos de la solicitud apuntan más bien a una situación generalizada de inseguridad y violencia.

QUINTO.- En cuanto a la protección subsidiaria contemplada en el artículo 10 de la Ley de Asilo, ésta procede cuando los daños graves que dan lugar a este tipo de protección prevista en el artículo 4 consisten en: " a) la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno", y no existe el más mínimo indicio que permita incluirlo en ninguno de esos supuestos.

En cuanto a la autorización de permanencia en España por razones humanitarias, se regula en artículo 46.3 de la Ley de Asilo, norma encuadrada sistemáticamente en el Titulo IV de la Ley, que lleva por rúbrica: "de los menores y otras personas vulnerables", sin que se haya acreditado que el demandante se encuentre en alguna de las situaciones mencionadas en el párrafo primero de ese artículo, sobre lo que no existe el mínimo indicio, y se basa en los mismos hechos que los relatados en la solicitud de asilo.

Al respecto, el Tribunal Supremo ha declarado (St . TS de 26 de julio de 2016 (R. 374/2016) que: «[...] la permanencia por razones humanitarias debe estar fundada en circunstancias excepcionales que han de ser alegadas y acreditadas por quien las invoca, pero no necesariamente vinculadas con una situación de riesgo, conflicto o inestabilidad en el país de origen, pudiendo estar relacionadas con la situación personal del solicitante de asilo en nuestro país y la degradación o empeoramiento que le supondría su vuelta al país de origen.

Ahora bien, también conviene dejar sentado que la petición de permanencia en España por razones humanitarias, en el contexto de una petición de asilo, no puede convertirse en un mecanismo para eludir el cumplimiento de las previsiones en materia de extranjería ni para esquivar de las resoluciones administrativas firmes dictadas en los procedimientos de expulsión, convirtiéndose en un cauce alternativo y fraudulento para revisar las decisiones adoptadas con relación a extranjeros que ya residían en España y que han sido expulsados de nuestro territorio en aplicación de las normas de extranjería [...]».

Ni en el expediente administrativo ni en este recurso se ha propuesto prueba que justifique la existencia de alguna de las causas mencionadas en el artículo 46.3, citado, por lo que esta petición debe ser igualmente desestimada.

Todo ello sin perjuicio del derecho que la interesada pueda ejercitar respecto a su permanencia en España en virtud de la aplicación de las normas generales sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, extremo que no es objeto de este recurso, ni consta su solicitud a la Administración.

SEXTO. - Por todo lo anterior, procede desestimar el recurso y en aplicación del art. 139.1. de la Ley de esta jurisdicción, imponer las costas a la parte demandante, en cuantía que no podrá exceder por todos los conceptos de 1.500 euros.