Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Tercera, Rec. 1437/2021 de 13 de diciembre del 2023

1.- En el presente recurso se impugna la resolución del Subsecretario de Interior, por delegación del Ministro del Interior de 15/03/2021 por la que se denegaba el Derecho de Asilo y la protección subsidiaria al recurrente (Expediente: NUM000 NIE: NUM001).

Estamos ante un nacional colombiano, varón mayor de edad (nacido el NUM002/2002), que formaliza la petición de protección internacional, estando en territorio español, el 06/08/2020.

La entrada en España se produce por vía aérea, vuelo directo desde Colombia, el 19/12/2019 (pasaporte colombiano expedido el 11/07/2016).

La petición fue admitida a trámite y se instruye de conformidad con lo dispuesto en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

La solicitud fue notificada al ACNUR, que no emitió informe.

La CIAR, en la reunión celebrada el día 09/03/2021 contando con la asistencia de todos sus miembros y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), examinó la solicitud de Protección Internacional del ahora recurrente y acordó emitir propuesta desfavorable al reconocimiento de la condición de Refugiado y al derecho de Asilo, así como al derecho de la Protección Subsidiaria.

2.- El reconocimiento de la condición de refugiado está condicionado a la acreditación de que concurren las causas que se contienen en el artículo 1.A.2) de la Convención de Ginebra de 29 de julio de 1951, por remisión expresa del artículo 3.1 de la Ley reguladora del Derecho de Asilo 12/2009, y se concretan en la existencia de fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas en su país de origen. Acorde con tal exigencia, se resolverá favorablemente la solicitud de asilo cuando aparezcan indicios suficientes, según la naturaleza de cada caso, para deducir que el solicitante cumple con los anteriores requisitos (artículo 8 de la citada Ley). Y, en consecuencia, de ello se deriva que no procede la concesión del derecho de asilo, si no aparecen indicios suficientes sobre la existencia de fundados temores de ser perseguido, lo que acontece en el presente supuesto en el que tampoco se aprecian motivos relevantes que permitan acceder a la permanencia en España, procede desestimar el recurso.

Si bien para la concesión del derecho de asilo no se exige una prueba plena o absoluta de los hechos alegados por el peticionario en cuanto a que estos remitan a una persecución efectiva o temor fundado y racional de sufrirla por razones de raza, etnia, religión, pertenencia a un grupo social específico, u opiniones o actividades políticas, es necesario que, al menos, exista esa prueba indiciaria al caso concreto que permita superar la mera subjetividad del que se dice perseguido y cuya carga de aportación recae en el solicitante ( STS de 24 de febrero de 2010, RC 1156/2006 6 de mayo de 2014 (RC 2085/2013)).

El elemento subjetivo no es suficiente si no va acompañado de datos objetivos que puedan explicar y dar cobertura la existencia del temor a una persecución personal y actualizada, de manera que las meras declaraciones del solicitante no pueden ser consideradas como indicio suficiente de la persecución alegada, cuando carecen de todo punto de referencia o contraste. De ahí que el relato del solicitante deba gozar de un nivel de concreción que permita identificar una verdadera persecución, no siendo suficiente a tal efecto un relato vago y genérico que pudiera ser aplicable prácticamente a cualquier persona procedente del mismo país que el solicitante, o que carece de elementos de contraste y verificación que permitan apreciar su verosimilitud ( STS de 17 de mayo de 2011, RC 678/2008).

En cuanto al principio de prueba centrado en el relato del solicitante, cabe recordar que en STS, Sala 3ª, de 16 febrero 2009, se señala: << "(...) Debemos recordar también, como justificación de nuestra decisión, que, en la Sentencia de esta misma Sala y Sección del Tribunal Supremo de fecha 2 de enero de 2009 (recurso de casación 4251/2005 ), hemos declarado que la Directiva europea 83/2004, de 29 abril , sobre normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, en su artículo 4.5 dispone que «Si las declaraciones del solicitante presentan aspectos que no están avalados por pruebas documentales o de otro tipo, tales aspectos no requerirán confirmación si se cumplen las siguientes condiciones: a) el solicitante ha realizado un auténtico esfuerzo para fundamentar su petición; b) se han presentado todos los elementos pertinentes de que dispone el solicitante y se ha dado una explicación satisfactoria en relación con la falta de otros elementos pertinentes; c) las declaraciones del solicitante se consideren coherentes y verosímiles y no contradigan la información específica de carácter general disponible que sea pertinente para su caso; d) el solicitante ha presentado con la mayor rapidez posible su solicitud de protección internacional, a menos que pueda demostrar la existencia de razones fundadas para no haberla presentado así; e) se ha comprobado la credibilidad general del solicitante»".>>

Estamos actuando sobre la base de un relato que no soporta los mínimos estándares en cuanto al temor de persecución reclamado en la situación actualizada del país del que se dice ser nacional.

Al solicitar la protección internacional, manifiesta que:

" (...) El solicitante es natural de Pereira, con domicilio en DIRECCION000 casa NUM003 BARRIO000 de Pereira estado Rosaralda. Que llegó a España el día 19 de Diciembre del 2019, en vuelo procedente de Medellín y con destino final Madrid-Barajas. Preguntado por los hechos que le obligaron a abandonar su país, manifiesta que amenazas de muerte por parte de prestamistas ilegales de Cali. Preguntado para que manifieste si pensó cambiar de ciudad o de pueblo en su país, manifiesta que No ya que está seguro de que darían con su paradero. Preguntado para que manifieste porque España y no otro país, manifiesta que porque su madre ya se encontraba instalada en el país, la facilidad del idioma, la Seguridad y la Garantía de los Derechos Fundamentales que ofrece como principal causa. Preguntado para que manifieste porque no pidió protección nada más llegar a España, manifiesta que Sí lo hizo pero su cita se anuló por la pandemia ocasionada por el virus Covid-19 impidiendo cualquier trámite hasta ahora. Preguntado por si denunció estos hechos en Colombia, manifiesta que no porque le podía traer muchas más consecuencias negativas. Que el solicitante es hijo de Marí Luz , nacida en la Virginia (Colombia) el día NUM004/1981 con nº de NIE NUM005, la cual sobre el año 2016 decide pedir un préstamo de doce millones de pesos colombianos, unos cuatro mil euros, para viajar a España, ya que le ofrecieron venir a territorio Nacional para realizar un trabajo comocuidadora de personas mayores. Que dicho préstamo la madre del declarante lo solicita a un grupo de personas de Cali que reciben el nombre de "carteras" (grupos delincuenciales que conceden préstamos de manera ilegal) y una se dirige a España se percata de que dicho trabajo que le han ofrecido es ficticio y le ofrecen ejercer la prostitución, oferta que la misma rechaza y regresa de nuevo a Colombia.Que una vez en Colombia, su madre y sin trabajo su madre no obtiene manera de devolver a plazos el dinero del préstamo y sufre amenazas de muerte constantes y múltiples agresiones físicas por parte del grupo de carteristas y siendo el año 2017, el abuelo materno y la tía del declarante, temiendo por la integridad física de Marí Luz, reúnen dinero necesario para poder comprarle un billete de avión con destino a Chile a su madre, la cual abandona el país y se instala allí. Que una vez en Chile su madre y la pareja de ésta Ezequias, nacido en Cali el día NUM006 de 1981 con NIE número NUM007 son localizados y sufren nuevamente una amenaza con ultimátum que les obliga a esconderse durante un período de tiempo en las costas de Chile hasta reunir la cantidad de dinero necesaria para abandonar Chile con rumbo a España y una vez en territorio Nacional solicitan protección internacional, la cual les es concedida en fecha 25 de Julio de 2019. Que el declarante manifiesta que todo éstos hechos eran desconocidos para él y que cuando su madre en dos ocasiones abandona el país, su abuelo y su tía, con quien convivía, le manifestaban que su madre se iba a trabajar a otros países, si bien recuerda ver a su madre muy mal herida tras una última agresión sufrida antes de dirigirse a Chile y una vez se reúne con ella en España se entera de todo lo relacionado con los hechos que ocasionaron la huida de su madre del país. Que el solicitante manifiesta que su única vida allí fuera de su domicilio se basaba en los trayectos de ida y vuelta para su jornada estudiantil en el colegio y sus amigos siempre lo veían en casa, ya que su abuelo y tía no dejaban que saliera alegándole siempre que en casa estaba más seguro y comienza a recibir a través de varias redes sociales que usa frecuentemente (Facebook, Instagram y G. mail) mensajes de personas totalmente desconocidas para él y con perfiles falsos de mujeres, en los cuales, le preguntaban insistentemente por el paradero de su madre alegando que eran amigas y que querían reunirse de nuevo con ella, hechos que quedaban desmentidos cuándo hablaba con su madre y la misma no conocía a ninguna de las personas que le pedían ésta información. Que siendo Septiembre del año 2019 la tía y abuelo del declarante le manifiesta que de regalo de fin de curso lo van a mandar a España para que vea a su madre, hecho que se realiza el día 18 de diciembre de 2019 y una vez en territorio español su madre le manifiesta todo lo ocurrido y que en caso de regresar a su país es conocedora de que la integridad física del declarante correría peligro por parte de los prestamistas ilegales que siguen intentando localizarla a ella y en su defecto miembros de su familia. Preguntado si tiene o quiere decir algo más, manifiesta que no. "

No se acredita la protección internacional que dice fue concedida a la madre en España. La misma tampoco resulta del expediente.

El relato remite a hechos delincuenciales, en todo caso, perpetrados por parte de agentes terceros, no estatales, y sobre la base de que no constan hechos directos contra el recurrente (ninguna denuncia se formula en origen al respecto) y de unos supuestos hechos amenazantes que directa y exclusivamente afectarían a su madre y que tampoco constan como denunciados en origen.

Vemos también que el recurrente que sale de su país por vía aérea con su propio pasaporte, lo hace sin obstáculo alguno por parte de las autoridades colombianas y que no se solicita protección internacional de forma inmediata a la llegada en España en frontera, ni de forma inmediata a su entrada. Pese al contacto inmediato con su madre -la directamente concernida por los hechos amenazantes- que le permite conocer los hechos amenazantes y aunque el recurrente entra en España el 19/12/2019, el estado de alarma por Covid no se decreta hasta el 14/03/2020, tres meses más tarde, no solicita la protección internacional hasta el 06/08/2020. El estado de alarma se levanta en junio de 2020 (algo incongruente e injustificado si se viene a defender una huida de una situación acuciante y grave de persecución personal actualizada dentro de un propósito asentado de solicitar protección internacional siguiendo los pasos de su progenitora) y, con base al relato ofrecido, ha de descartarse el temor de persecución reclamado amparable en la Convención de Ginebra y la Ley reguladora del Derecho de Asilo 12/2009, en el particular del recurrente, en el marco de la situación actualizada del país del que es nacional, situación ampliamente descrita en la resolución administrativa a la que nos remitimos al efecto, y que, en todo caso, remite a motivos ajenos a la protección internacional (no estamos ante un perfil relevante de la recurrente como activista político-social y los hechos relatados son encuadrables en actos de delincuencia común, actos indiscriminados en cuanto a las personas víctimas de los mismos, no consentidos o alentados por las autoridades de COLOMBIA).

La supuesta persecución que se dice sufrida, viene centrada en actos delictivos provenientes de ámbitos de grupos delincuenciales, y por tanto remite a actos de delincuencia común que, en lo que concierne al ahora actor, ha de valorarse dentro del contexto actualizado de la situación de dicho país, ampliamente descrita en las resoluciones recurridas en cuanto a este tipo de delincuencia en COLOMBIA, por la actuación de grupos organizados, y la decidida actuación de las autoridades colombianas en la lucha contra este tipo de actos, tipificados como delitos en la legislación colombiana, así como en la protección y asistencia a las víctimas. Si no se denuncian los hechos en origen difícilmente se puede sostener una dejación/tolerancia institucional/gubernamental en los mismos. Las autoridades colombianas no podían proteger a la solicitante si eran desconocedoras de tales hechos.

Narrados así los hechos, de base, no estamos ante hechos susceptibles de ser objeto de protección internacional conforme a lo establecido en la Convención de Ginebra o en la Ley de Asilo española, siendo de reseñar que sale del país, por vía aérea, sin obstáculo alguno de las autoridades colombianas.

Así la S. TS de 15/02/2016, REC 2821/2015, que confirma la denegación de la solicitud de asilo de un nacional de El Salvador, determinó que:

&l t;< " (...) aún sentado que la persecución a cargo de agentes no estatales puede alcanzar el nivel de una persecución protegible que da lugar a la protección internacional, en todo caso, como se indica en la Sentencia de 19 de diciembre de 2008 (RC 4407/2005 ) , " esta doctrina general debe ser necesariamente puesta en relación con las específicas circunstancias de cada solicitante de asilo, dado el carácter fuertemente casuístico de esta materia "; pues, ciertamente, incluso en los casos en que se advierte la existencia de actos de persecución imputables a agentes distintos de los estatales, el dato relevante para dar lugar a la concesión de la protección internacional es si puede considerarse suficientemente acreditada una situación de aquietamiento, pasividad, desidia o impotencia de las autoridades de su país a la hora de investigar los hechos y otorgarle protección.

En definitiva, cuando el solicitante invoca una persecución a cargo de bandas, grupos o estructuras no estatales, le corresponderá justificar - al nivel indiciario requerido en esta materia según constante jurisprudencia- que ha sufrido actos de persecución (en el sentido del artículo 6 de la Ley de Asilo 12/2009 ); que esos actos de persecución traen causa de, o hacen referencia a motivos de persecución protegibles ( artículos 3 y 7 de la misma Ley ), esto es, por fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual); y que las autoridades estatales no quieren o no pueden proporcionar una protección eficaz frente a tales actos.& quot;>>

Lo anteriormente expuesto permite descartar igualmente una protección subsidiaria ya que del relato de la solicitante no se deduce la posibilidad de que sufran la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material, ni tampoco se identifica un riesgo de tortura o tratos humanos o degradantes en el caso de retorno a su país de origen sin que pueda afirmarse que exista una situación de conflicto armado internacional o interno en origen ( art. 4 y 10 de la Ley de 12/2009) o la permanencia por razones humanitarias( art. 46.3 de la Ley 12/2009).

La situación de violencia que existe en algunas zonas de Colombia no se extiende a la totalidad del territorio de dicho país, ni afecta a toda la población por lo que no puede aceptarse que exista una situación de violencia generalizada asimilable a la de conflicto armado que determine que, en caso de volver, su vida corra peligro sólo por el hecho de encontrarse en Colombia.

Las razones humanitarias, no interesadas en el momento de solicitar, según los términos establecidos en la Ley, aun cuando se interprete la expresión ampliamente, deben ser suficientemente precisas en relación con la situación personal del interesado y la situación del país de origen o procedencia -dimensión subjetiva de la vulnerabilidad-, pues no atienden a razones de humanitarismo imprecisas o genéricas y sobre la base de que la protección internacional y la permanencia temporal por razones humanitarias no se construyen sobre el derecho a estándares de vida en la comparativa del país de acogida frente a los del país de procedencia, siendo que las razones alegadas son las mismas que las hechas valer con carácter genérico para pedir la protección internacional ya sea el asilo o la protección subsidiaria y siendo que la recurrente no responde a ninguna situación personal que le haga sujeto de especial vulnerabilidad (varón joven, mayor de edad, en plena capacidad laboral no afectada por ninguna enfermedad sobrevenida o situación particularizada que no pueda ser debidamente atendida en origen y cuyo retorno pueda causar un perjuicio irreparable) en relación a la situación actual del país de origen (donde sigue permaneciendo su familia más directa) y sin perjuicio de las posibilidades en el marco de la legislación de extranjería con base al arraigo económico/laboral/familiar que se dice obtenido en España, cuestión ajena a la presente litis. (Este y no otro, es el concreto ámbito en el que se mueve la S. TS., de 25/03/2021, R. CASACION 1602/2020, con relación al arraigo laboral como base para obtener tales autorizaciones administrativas).

En estas condiciones, resulta ajustado a Derecho que la Administración, haya denegado la solicitud de protección internacional, sin oposición alguna por parte de ACNUR.

3.- Por todo ello, procede, de conformidad con el art. 139.1 LJCA, la imposición de las costas al/ a los/las recurrente/s (de ser varios, en partes iguales), costas que la Sala, haciendo uso de las facultades establecidas en dicho precepto y atendiendo a las circunstancias del caso, establece en la cantidad máxima, por todos los conceptos, de 1.500 euros, más IVA si se devengase, a favor de la Administración demandada y sin perjuicio de supeditar este pronunciamiento sobre costas a los efectos derivados de la condición de beneficiaria/o/s de la asistencia jurídica gratuita si es que se hubiera solicitado y obtenido.