Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Sexta, Rec. 1833/2022 de 13 de diciembre del 2023

PRIMERO.- Es objeto del presente recurso contencioso administrativo la resolución de fecha 28 de diciembre de 2022, dictada por el Director General de los Registros y del Notariado actuando por delegación del Ministro de Justicia, que acordó denegar de modo expreso la solicitud de concesión de la nacionalidad española en su día solicitada por el actor.

Del expediente administrativo se sigue que D. Hipolito, nacido en Ghana, solicitó la concesión de la nacionalidad española por residencia, petición que hubo de entender denegada por silencio y que, posteriormente, lo fue de modo expreso mediante la citada resolución de 28 de diciembre de 2022.

El motivo en el que se amparaba la denegación fue el considerar que el solicitante no reunía el requisito del suficiente grado de integración en la sociedad española al justificar el conocimiento española mediante la aportación de los certificados de Aptitud y las Certificaciones Académicas de Ciclo Elemental, todo ello de acuerdo con la Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, y el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre.

Frente a tal acuerdo, en su escrito de demanda aduce el actor que habría justificado la concurrencia de todos los requisitos necesarios, aportando los certificados que lo acreditan, por lo que cumpliría las exigencias para obtener la nacionalidad de conformidad con lo prevenido en el artículo 22.2 del Código Civil.

Conferido traslado al Abogado del Estado a fin de que contestase a la demanda, por escrito de 27 de abril de 2023 manifiesta de manera expresa su allanamiento a la misma.

SEGUNDO.- Di spone el artículo 75 de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa que "1. Los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2 del artículo anterior. 2. Producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo común de diez días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho". Como ha señalado de modo reiterado el Tribunal Supremo, "la verdadera naturaleza jurídica de esta figura procesal ... no es otra que la declaración de voluntad del demandado por la que éste abandona su oposición al actor constituyéndose así en acto procesal con efectos inmediatos en el derecho material y que viene a ser la oración pasiva del desistimiento".

En este caso, producido el allanamiento de la Administración en los términos que prevé aquella norma y con observancia del requisito a que se refieren los artículos 74.2 de la misma Ley jurisdiccional y 7 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, procede dictar sentencia de conformidad con las pretensiones de la actora que no se considera, por otra parte, supongan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.

TERCERO.- Las costas de esta instancia, que no podrán exceder de 1.000 euros, habrán de ser satisfechas por la Administración demandada, no obstante su allanamiento, teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo sobre la cuestión reflejada en la sentencia del Pleno jurisdiccional de la Sala Tercera de 17 de julio de 2019, recurso de casación nº 6511/2017, en la que declara lo siguiente: "CUARTO. - Contenido interpretativo de esta sentencia. La cuestión con interés casacional consiste en determinar si, "tras la reforma operada en el artículo 139.1 LJCA por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, resulta o no procedente imponerlas costas procesales causadas a la Administración codemandada que se allanó a las pretensiones de la parte demandante en el plazo de contestación a la demanda", cuestión a la que respondemos declarando que la regla objetiva del vencimiento es la que deriva de lo dispuesto en ese nuevo artículo, y, por consiguiente, resulta procedente la imposición de costas, salvo criterio subjetivo del juzgador, quien habrá de atender a las circunstancias concurrentes en cada caso y quien, igualmente podrá también acudir al apartado 4 del artículo 139 LJCA y antes en el apartado 3 en moderación del criterio objetivo".

Criterio seguido, por lo demás, en otras posteriores como la de 18 de mayo de 2020, recurso núm. 6080/2017.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación