Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 164/2021 de 13 de febrero del 2024

PRIMERO. Resolución del recurso, hechos y antecedentes relevantes para resolver el recurso.

Los antecedentes necesarios para la comprensión de la cuestión litigiosa son los siguientes:

1. Funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicaciones, escala de Clasificación y Reparto y con destino en la Jefatura provincial de Valencia, don Enrique sufrió un accidente el día 22 de abril de 2003, dentro de su jornada de trabajo al arrancar la motocicleta que utilizaba para el desempeño de sus funciones haciendo fuerza con su pierna y pie derechos para impulsar el motor.

2. A consecuencia de las patologías quedadas por la lesión que sufrió, le fue incoado expediente de jubilación por incapacidad permanente, expediente que concluyó mediante resolución de 16 de junio de 2010 de la Subdirección de Gestión de Personal de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos SA, denegatoria de la jubilación.

3. Disconforme con lo resuelto, don Enrique interpuso recurso contencioso-administrativo. Seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana con el número 723/2010, con fecha 31 de octubre de 2013, se dictó sentencia que, estimando el recurso y anulando la resolución impugnada, reconoció al recurrente el derecho a la concesión de la jubilación por incapacidad permanente con los efectos económicos y administrativos correspondientes.

4. Según la sentencia citada, con base a lo reflejado en el informe pericial practicado en aquel proceso, las patologías que sufre don Enrique son; rotura tendinosa y secuelas funcionales residuales de accidente de trabajo en 2003; trastorno depresivo mayor desde 2007; hipoacusia bilateral, vértigos, mareos y cervicalgia, que salvo la primera obedecen a procesos degenerativos de etiología común de larga evolución e independientes de las secuelas residuales del accidente sufrido en 2003.

5. En ejecución de lo resuelto, la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por acuerdo de 4 de enero de 2014, reconoció a don Enrique pensión ordinaria de jubilación por incapacidad permanente con efectos económicos de 1 de diciembre de 2013 e importe de 1.368,33 euros mensuales

6. Con fecha 5 de febrero de 2014, don Enrique solicitó a la Subdirección de Gestión de Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA., la incoación del expediente de averiguación de causas determinantes de su jubilación a efectos de reconocimiento de pensión extraordinaria de jubilación por incapacidad permanente. Sostenía el ahora recurrente que la incapacidad declarada deriva del accidente sufrido el 22 de abril de 2003, resultando como consecuencia del mismo las secuelas definitivas e irreversibles afectantes al miembro inferior derecho y trastorno depresivo persistente, distimia y ansiedad, plasmados en el informe médico del Dr. Mariano, en el informe médico pericial judicial de doña Gema y en la sentencia de 31 de octubre de 2013 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que le reconoció la jubilación por incapacidad permanente.

7. Instruido expediente de averiguación de causas, por acuerdo de 15 de julio de 2015, se denegó el reconocimiento de la pensión extraordinaria al apreciar que no existía una relación directa causa-efecto entre las patologías que dieron origen a la incapacidad y el servicio prestado. Se hace mención en la resolución, entre otros, al informe de la Dra. Especialista en Medicina del Trabajo de los Servicios Médicos de Correos, de 10 de marzo de 2014 y al informe pericial del recurso número 723/2010 ya referido, concluyendo que no puede llegarse a determinar que la incapacidad permanente en que se encuentra don Enrique derive exclusivamente de accidente o enfermedad, en acto de servicio o como consecuencia del mismo, o de la naturaleza del servicio desempeñado, como exige inexcusablemente el artículo 47.2 TRLCPE.

8. Contra la resolución notada, don Enrique presentó reclamación económico- administrativa, en la que ha recaído la resolución del TEAC, de sentido desestimatorio, que constituye el objeto de este recurso.

9. Se fundamenta la decisión del TEAC en la argumentación contenida en el fundamento jurídico sexto. Se expresa así:

«(...) Examinados los documentos obrantes en el expediente, se advierte "prima facie", que parte de las patologías establecidas por la perito médico judicial son debidas a la prestación de servicios mientras que otras no. Así la "Rotura tendinosa y muscular (fibrilar) del músculo recto anterior femoral" derivada del accidente laboral sufrido el día 22-04-2003 cuando intentaba poner en marcha la motocicleta que utilizaba en su trabajo, puede considerarse adquirida directamente en acto de servicio, o como consecuencia directa del servicio realizado, incluso podría admitirse a efectos dialécticos el "Trastorno Depresivo persistente más Distimia" como secuelas de la lesión consecuencia del accidente laboral. No obstante ello, como quiera que el reclamante no ha probado, que es a quien corresponde, la relación directa, inequívoca y excluyente de otra posible causa con el servicio público realizado de las restantes patologías por las que fue jubilado por incapacidad, ha de concluirse que sus dolencias son procesos patológicos comunes, que no se ha acreditado que sean consecuencia del trabajo, sino de las condiciones personales don Enrique, existiendo una concurrencia de causas (pluripatología) en la génesis de la incapacidad permanente para el servicio, concurrentes en su incapacidad que tampoco pueden relacionarse, cada una de ellas, de manera directa, inequívoca y excluyente con el referido episodio de 2003, por lo que no quedando probado el nexo causal de cada una de ellas, causantes de o la jubilación por incapacidad permanente del reclamante, con el pretendido accidente en acto de servicio, ni que cada una de ellas se haya originado como consecuencia directa del servicio desempeñado (...)».

10. Por otra parte, considera el TEAC que no se produjo la concesión de la pensión extraordinaria por silencio, como sostenía don Enrique, entendiendo el órgano de revisión, contra el parecer del reclamante, que no resultaba de aplicación la Orden APU/3554/2005, del 7 de noviembre, del Ministerio de Administraciones Públicas.

SEGUNDO. Marco jurídico de aplicación

Al respecto de las pensiones derivadas de incapacidad por accidentes o enfermedades de servicio, el artículo 47 TRLCPE contiene las siguientes previsiones:

«2. Dará origen a pensión extraordinaria de jubilación o retiro la incapacidad permanente para el servicio o inutilidad del personal comprendido en este capítulo, entendida esta incapacidad en los términos expuestos en el artículo 28.2.c), siempre que la misma se produzca, sea por accidente o enfermedad, en acto de servicio o como consecuencia del mismo. En caso de la enfermedad causante de la inutilidad, esta deberá constar como adquirida directamente en acto de servicio o como consecuencia directa de la naturaleza del servicio desempeñado.

En todo caso, dicho personal, en cuanto se incapacite o inutilice en acto de servicio o como consecuencia del mismo, será declarado jubilado o retirado.

La jubilación o retiro se declarará por los organismos y entidades mencionados en el precedente artículo 28.3, siendo de la competencia exclusiva del Instituto Nacional de la Seguridad Social la concesión o no de pensión extraordinaria. Todo ello sin perjuicio de la competencia que tiene el Ministerio de Defensa en la determinación de la naturaleza de acto de servicio.

[...]

4. Se presumirá el acto de servicio, salvo prueba en contrario, cuando la incapacidad permanente o el fallecimiento del funcionario hayan acaecido en el lugar y tiempo de trabajo».

Por su parte, el artículo 28.2, que regula el hecho causante de las pensiones, establece en su número 2, letra c):

«La referida jubilación o retiro puede ser:

(...)

c) Por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, que se declarará de oficio o a instancia de parte, cuando don Enrique venga afectado por una lesión o proceso patológico, somático o psíquico que esté estabilizado y sea irreversible o de remota o incierta reversibilidad, cuya lesión o proceso le imposibiliten totalmente para el desempeño de las funciones propias de su Cuerpo, Escala, plaza o carrera, de acuerdo con el dictamen preceptivo y vinculante del órgano médico que en cada caso corresponda ».

TERCERO. Sobre los términos de la controversia.

Tomando como punto de partida las coordenadas normativas señaladas, la controversia principal planteada en el tema objeto de estudio no es otra sino determinar si se cumplen (o no) las condiciones exigidas por el artículo 47 TRLCPE para dar lugar al reconocimiento de pensión extraordinaria de retiro por incapacidad.

Recordemos que para el caso de incapacidad, esta debe haberse producido en acto de servicio o ser consecuencia del mismo y en el caso de enfermedad que haya una relación directa con el acto de servicio o naturaleza del servicio desempeñado.

Ya hemos visto que las resoluciones impugnadas aprecian la relación con el accidente laboral sufrido por el recurrente el 22 de abril de 2003 de la patología consistente en la «rotura tendinosa y muscular (fibrilar) del músculo recto anterior femoral», en cambio, no se aprecia esa relación causal en el «Trastorno Depresivo persistente más Distimia».

Pues bien, a lo largo de su demanda, sostiene el recurrente que el cuadro invalidante que padece deriva de la patología traumática causada por el accidente laboral a la que se añade el trastorno depresivo, que, siempre según el recurrente, trae causa directa del siniestro laboral.

Por otra parte, señala que la hipoacusia bilateral aunque influye de forma negativa en su proceso patológico al colaborar en que el estado físico y psíquico sea más penoso de lo que ya es, no puede deducirse que sea determinante de la incapacidad y el cuadro cervical ni siquiera es nombrado a efectos de su valoración como dolencia incapacitante en grado alguno. Antes de continuar no estará de más indicar a este respecto que el recurrente está diagnosticado igualmente de hipoacusia bilateral, vértigos mareos y cervicalgia, aunque ya adelantamos que estas patologías no han incidido en la declaración de la incapacidad y, por tanto, quedan fuera del valladar del debate que nos ocupa.

Con independencia de lo anterior, se reitera en la demanda la alegación formulada ante al TEAC de haber obtenido resolución favorable por silencio de su solicitud del derecho a la pensión extraordinaria, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13 de la Orden APU/3554/2005, del 7 de noviembre, del Ministerio de Administraciones Públicas.

Procede entonces que pasemos a examinar las cuestiones suscitadas.

CUARTO. Respuesta a las pretensiones suscitadas.

En el presente caso existe una concurrencia de causas (pluripatología, plurietiología o polisintomatología) en la génesis de la incapacidad permanente para el servicio de don Enrique.

La sentencia de 31 de octubre de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictada en el recurso 723/2010 que reconoció a don Enrique interesado el derecho a la concesión de la jubilación por incapacidad permanente basó su decisión en el informe médico pericial emitido por la doña Gema, diplomada en valoración del daño corporal, que en su informe se refiere a varias patologías distintas:

-Rotura tendinosa y muscular (fibrilar) del músculo recto anterior femoral.

-Trastorno Depresivo persistente más Distimia.

-Hipoacusia bilateral.

-Vértigos, mareos, cervicalgias.

A instancias del recurrente, en este proceso, ha sido emitido informe pericial por don Justino, especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica, en el que concluye que el recurrente tiene derecho a la pensión extraordinaria de jubilación por incapacidad porque las lesiones funcionales y orgánica y definitivas que sufre son consecuencia de las secuelas definitivas e irreversibles. Basa esta conclusión en que el trastorno depresivo persistente más distimia diagnosticado al recurrente no tuvo incidencia en la declaración por sentencia del derecho a la jubilación del recurrente por incapacidad permanente.

Al respecto de esta prueba, nuestra tarea consistiría en analizar y depurar los razonamientos en que se basa el dictamen atendiendo a su fuerza convincente. Y por lo pronto, el informe emitido extravasa seriamente el cometido de un dictamen médico, para adentrarse en el de la valoración jurídica y, en particular, en el análisis de las declaraciones de la sentencia de la Sala de Valencia, para concluir que ni el trastorno depresivo mayor desde 2007 ni la hipoacusia bilateral, vértigos, mareos, cervicalgia, hayan sido validadas ni incluidas en aquella sentencia como causa concurrente en el cuadro clínico residual a los efectos del reconocimiento de la jubilación por incapacidad permanente.

Ni esto es así, puesto que al analizar el informe pericial en aquella sentencia destaca la conclusión de que « el recurrente está efectivamente incapacitado para la realización de su trabajo habitual, considerando que su permanencia en el mismo supone un muy importante factor de empeoramiento en todas sus patologías, en especial la patología traumática causada por su accidente laboral y el trastorno depresivo con componente de ansiedad y severos episodios de gran ansiedad», como porque la resolución recurrida afirma que existe una concurrencia de causas (pluripatología, plurietiología o polisintomatología) en la génesis de la incapacidad permanente para el servicio.

Este proceso debería estar encaminado a demostrar la existencia de relación causal del trastorno depresivo con distimia con las secuelas físicas, o dicho con otras palabras en esclarecer la etiología o causas que lo han producido, y, desde luego, que la enfermedad mental diagnosticada es participante en la determinación de la incapacidad permanente y su consiguiente derecho a la jubilación.

Las enfermedades mentales tienen unas causas que las producen (etiología), un mecanismo de acción (patogenia), y un pronóstico, o destino de la enfermedad y cuando se trata de una depresión, en cuanto a la etiología, las causas pueden ser neurobioquímicas, en el caso de la depresión endógena, o psicológicas, en el de la depresión exógena o reactiva.

Estas afirmaciones que realizamos constituyen principios de la experiencia y que podemos (debemos) utilizar en la valoración de la prueba. Pero con la prueba propuesta, a cargo de un especialista en traumatología, y con los elementos de juicio obrantes en el expediente y en las actuaciones, no hallamos ningún dato que nos permita asociar el trastorno depresivo con componente de ansiedad con las secuelas físicas del accidente y, encima, no se cumple uno de los criterios elementales para analizar la relación causal, como es el de la cronicidad o temporal, pues la depresión se diagnóstica en 2007 cuando el accidente ocurrió en 2003.

En definitiva, esta Sala coincide con las resoluciones recurridas al respecto de que el recurrente no ha conseguido demostrar la relación directa e inequívoca del trastorno depresivo con distimia que padece con las secuelas físicas concurrentes quedadas como consecuencia del accidente laboral que acrediten la relación de lo físico y lo mental y de eso era de lo que se trataba.

Por otra parte, tampoco podemos acoger el motivo en que se mantiene la nulidad del acuerdo impugnado por efecto del silencio positivo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Orden APU/3554/2005, de 7 de noviembre.

Sucede que el expediente de averiguación de causas se tramita conforme a Io dispuesto en el punto octavo de la Resolución de 29 de diciembre de 1995, por la que se modifican los procedimientos de jubilación del personal civil incluido en el ámbito de cobertura del Régimen de Clases Pasivas del Estado, tratándose de un procedimiento independiente del posterior que se tramitó por razones temporales con arreglo a la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, entonces vigente, y al amparo del artículo 47 TRLCPE por el Centro gestor, a quien compete, de manera exclusiva, la concesión, o no, de la pensión extraordinaria de jubilación.

Los efectos del procedimiento regulado en la Orden APU/3554/2005 sólo alcanzan a las contingencias protegidas por el mutualismo administrativo y a sus correspondientes prestaciones gestionadas por la Mutualidad pero, desde luego, no alcanzan a la concesión de pensiones extraordinarias, cuya decisión correspondía, al momento de la solicitud, a la Dirección General de Costes de Personal y pensiones públicas.

Así pues, cuanto venimos razonando conduce a la desetimación del recurso.

CUARTO. Resolución de las pretensiones deducidas en el proceso y costas procesales.

A tenor de lo establecido por el artículo 139.4 de la Ley de la Jurisdicción, visto que la problemática litigiosa y las cuestiones debatidas se refieren a la demostración de relaciones causales complejas, con las dudas que ello comporta, no se hace imposición de costas.

Fallo