Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 90/2022 de 13 de junio del 2023

PRIMERO. - El primer motivo de apelación se refiere a la causa de nulidad del artículo 217.1 e) LGT por entender que la AEAT prescinde del procedimiento legalmente establecido al dictar liquidación antes del transcurso del plazo para formular alegaciones frente a la propuesta de resolución.

Dicha propuesta fue notificada el 2 de abril del 2020 y la liquidación se dicta el 10 de junio del 2020.

El apelante parte de la base de que los plazos para formular alegaciones fueron suspendidos por el Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Pero este precepto lo que dice en el artículo 33.2 es que el plazo del trámite de alegaciones o de audiencia, que se haya comunicado a partir de la entrada en vigor de la norma, como es nuestro caso, se extiende hasta el 30 de mayo del 2020, salvo que de suyo fuera más extenso.

Por lo tanto, el plazo finalizó el 30 de mayo del 2020 y no cuando se indica en la demanda.

Además de esto, no se aprecia siquiera indefensión material, puesto que no se llegó a presentar escrito de alegaciones.

SEGUNDO. - En cuanto a la cuestión de si la caducidad del procedimiento es una situación comparable a la ausencia total de procedimiento legalmente establecido y, por tanto, una causa de nulidad de pleno derecho, esta sección ha tomado postura en la reciente SAN de 7 de noviembre del 2022 (rollo de apelación nº 12/2022).

Y, en efecto, la caducidad no es sino una garantía del procedimiento administrativo, para defender al administrado de su duración excesiva, de manera que la infracción del plazo para resolver un procedimiento no es una situación equiparable a la ausencia total de procedimiento. El administrado podrá impugnar la resolución extemporánea por medio de los recursos ordinarios, pero si no lo hace se aquieta a lo resuelto, aunque sea tardíamente.

A lo anterior no se opone el hecho de que la Ley prevenga que los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción, porque la privación de un efecto jurídico anudado a la incoación de actuaciones administrativas no es equivalente a la ausencia total de esas actuaciones, que la ley obliga a archivar cuando caducan, pero no anuda el efecto radical de desconocer su ausencia y reservar para ellas la sanción de nulidad absoluta.

TERCERO. - Las costas se imponen al apelante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, limitadas a 3.000 euros.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, sección séptima, ha dictado el siguiente