Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 1013/2021 de 13 de junio del 2023

PRIMERO. - Es objeto del presente recurso contencioso administrativo frente a la resolución dictada en fecha 31 de Julio de 2020 por el Ministerio del Interior, por la que se denegaba el derecho de asilo y la protección subsidiaria.

La resolución recurrida afirma que procede denegar la solicitud de protección internacional realizada la persona solicitante por no ser España el Estado Miembro competente para el estudio de la misma.

Afirma que "Alemania solicitó la readmisión del solicitante a España en base a lo dispuesto en el art. 18.1.b) del Reglamento (UE) nº 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (en adelante Reglamento de Dublín).

Dicha readmisión fue inadmitida por España con fecha 04/02/2020.

Tras la citada inadmisión, España deja de ser el Estado miembro responsable para el examen de su solicitud de protección internacional, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 604/2013 de 26 de Junio.

Entiende la resolución que concurre la circunstancia contemplada en el artículo 20.1.a) de la Ley 12/2009 no correspondiendo a España el examen de la presente solicitud de protección internacional conforme a lo establecido en el citado Reglamento de Dublín.

SEGUNDO. - La parte recurrente fundamenta su demanda en que el recurrente se ha destacada como activista en su país contra las instalaciones de una fábrica de fundición china llamada Formosa altamente contaminante.

Por esta razón esta fichado por la policía en su país donde las fuerzas del orden no solo no le han ofrecido apoyo en su lucha por una causa justa, sino que está perseguido por ello. Concluye que, ante esta situación, se vio obligado a abandonar su país.

Según la demanda, el relato de los hechos ha sido muy pormenorizado y no es una persona que haya dejado su país por buscar mejores posibilidades laborales. No ha venido a España por razones de búsqueda de mejor situación económica, sino porque si se quedaba en Vietnam corría riesgo real su vida.

Explica como debió pedir un préstamo para conseguir venir a España y que teme las represalias si no devuelve el dinero que le prestaron.

Según el Abogado del Estado, procede la desestimación de la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

· El recurrente alega una persecución política en su país, Vietnam. Alega haber sido objeto de extorsiones económicas, habiendo sufrido graves amenazas de muerte por protestas contra una fábrica contaminante.

· Las alegaciones realizadas resultan genéricas e imprecisas, y no ha acreditado ni siquiera indiciariamente que exista una persecución contra el solicitante, de manera que pueda temer por su vida o por el libre ejercicio de sus derechos fundamentales.

· El recurrente hace referencia a unos supuestos hechos que no se pueden considerar suficientes para el otorgamiento del estatuto de refugiado, ya que se trata de hechos ajenos a los previstos en la legislación como causas posibles de asilo recogidas en la Convención de Ginebra de 1951. No se alega ninguna persecución por parte de las autoridades de su país, sino que se trata más bien de actos relacionados con la delincuencia común y el crimen organizado que nada tienen que ver con razones de raza, nacionalidad, religión, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado.

· Tampoco consta en el expediente que el solicitante haya denunciado los hechos o explique si no lo hizo el porqué de esa falta de denuncia. En cualquier caso, son las autoridades de origen las competentes para conocer el caso y adoptar las medidas de protección que eventualmente consideren oportunas en favor del interesado.

TERCERO. - La Constitución dispone que "La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España".

Esa Ley a la que la Constitución remite es hoy la 12/2009, de 30 de octubre, Reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria, que se aplica en la resolución impugnada.

El art. 2 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, establece que: "El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados , hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967".

Tales requisitos son a tenor de lo dispuesto en los artículos 1 de la Convención y I.2 del Protocolo): «Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él».

Y el art. 3 de la citada norma dispone que: "La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9".

El artículo 6 de la norma pretende objetivar, por otra parte, la clase de actos de persecución que son necesarios para que los "temores" de persecución sean en efecto "fundados", con exclusión por tanto de cualesquiera otros de relevancia menor.

El artículo 7 de la Ley perfila, a su vez, los motivos por los que el agente perseguidor puede actuar para que la persecución existente sea en efecto incardinable en la condición de refugiado. Por fin, en los artículos 13 y 14 de la repetida Ley describen quiénes pueden ser agentes de persecución y, en su caso, de protección.

Para la concesión del estatuto de refugiado, deben cumplirse los siguientes requisitos: (1) uno o varios motivos de persecución por razón de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social, (2) actos de persecución o ausencia de protección contra los mismos, y (3) nexo o conexión entre los motivos y los actos o persecución o la ausencia de protección.

CUARTO. - En el caso presente resulta que la petición de asilo no se ha basado, en forma alguna, en ninguna de las razones que permite el reconocimiento de la condición de asilado y, además, resulta que nada ha acreditado:

- Ni que haya participado en manifestaciones en contra del Gobierno.

- Ni que lo hayan inquietado por esta participación.

- Ni que este fichado por la Policía por estas razones ni que haya sido objeto de ninguna forma de persecución.

La generalidad de los términos en que se formula la demanda debe ser tomada en consideración para justificar que no procede acceder al asilo pretendido puesto que no es posible que, de existir, un problema puntual pudiera servir para la concesión del asilo a todos aquellos que se limitan a afirmar la existencia de dicho perjuicio pero sin detallar hechos de persecución concretos.

El propio recurrente trata de justificar la petición de asilo también con términos de gran generalidad y sin concretar los hechos de supuesta persecución y sin que tampoco se haya acreditado ni la realidad de la persecución ni

Resulta, pues, evidente que la razón de la persecución hace referencia a cuestiones que tienen que ver, simplemente, con la delincuencia común en relación al préstamo de dinero que le hicieron para pagar el recurrente el pasaje en a viaje a España y que, según reconoce, no ha podido devolver.

QUINTO. - No obstante, no puede dejar de señalarse que la razón de la inadmisión de la petición de asilo no tiene nada que ver con las razones de la demanda sino que hace referencia a que España no es el país encargado de resolver la petición y ello por haberlo señalado así el artículo 18.1.b) del Reglamento 604/2013 por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida cuando afirma que:

1. El Estado miembro responsable en virtud del presente Reglamento deberá:

b) readmitir, en las condiciones establecidas en los artículos 23, 24, 25 y 29, al solicitante cuya solicitud esté siendo examinada y que haya formulado una solicitud en otro Estado miembro o se encuentre en el territorio de otro Estado miembro sin un documento de residencia.

Por lo tanto, la demanda se encuentra completamente desvinculada de las razones de la resolución impugnada por lo que no es posible la estimación de la demanda al no haberse referido en lo más mínimo a las razones esgrimidas en la resolución.

SEXTO. - De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , las costas procesales de esta instancia habrán de ser satisfechas por la parte recurrente hasta el límite de 1.000 euros.