Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 303/2020 de 13 de julio del 2023

PRIMERO: El artículo 75 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, establece que los demandados podrán allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2 del artículo anterior, es decir acompañando testimonio del acuerdo adoptado por el órgano competente con arreglo a los requisitos exigidos por las leyes o reglamentos respectivos.

Producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo común de 10 días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho.

El allanamiento a la demanda es un acto del proceso ya abierto que extingue la relación procesal en virtud del reconocimiento o conformidad que el demandado presta a la pretensión contenida en la demanda, cuyo efecto determinante es que el juzgador quede en principio obligado a resolver en todo conforme a lo pedido en ella, es decir de acuerdo con los términos de la pretensión reconocida.

Pues bien, en el presente caso se han cumplido los requisitos necesarios para dar validez a dicho allanamiento, en el que se reconoce parcialmente la estimación de la pretensión de la recurrente, no apreciando la Sala en relación con dichas partidas que el mismo es contrario al interés público o de tercero, por lo que se estima el recurso contencioso-administrativo.

En consecuencia, procede la estimación del recurso en lo que respecta a las cantidades reconocidas por la administración demandada.

SEGUNDO: Ahora bien, el allanamiento ha sido únicamente parcial y la parte recurrente insiste en su íntegra reclamación por lo que procedemos a analizar sus argumentos:

1. Error en la fijación del dies a quo de la certificación 62:

La recurrente ha acreditado mediante la aportación de la certificación 62, que, efectivamente, la misma fue expedida el 19 de diciembre de 2013 y no el 31 del mismo mes y año como señaló el Ministerio, por lo que el plazo legal de pago finalizaba el 17 de febrero de 2014 y es a partir del día siguiente cuando se empezaron a devengar los intereses y no el 1 de marzo de 2014 como estableció el Ministerio.

Procede pues estimar el recurso también en este punto.

2. Infracción del artículo 106 del reglamento: No se incluyeron en los cálculos los importes correspondientes a regularización de las revisiones anteriores:

El artículo 106.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas dispone lo siguiente:

"Para el cálculo de la revisión de precios del importe líquido de la relación valorada mensual, se tendrán en cuenta los últimos índices de precios publicados, si los correspondientes al mes a que se refiere la relación valorada no hubiesen sido objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado», procediéndose a la regularización de la revisión con los índices correspondientes en la sucesiva relación valorada mensual inmediata a la publicación de tales índices o, en su caso, en la certificación final de obra".

En el BOE 12 de marzo de 2013, se publicó la Orden HAP/183/2013, de 8 de febrero, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para los meses de abril, mayo y junio de 2012, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas y ese fue el índice aplicado por el Ministerio de Fomento a las certificaciones 52 a 59. A partir de la 60 hasta la 70 aplicó el índice fijado por la Orden HAP/1747/2014 de 16 de septiembre sin carácter retroactivo respecto de las anteriores certificaciones, haciendo lo propio con las certificaciones 71 y 72 en este caso de acuerdo con los índices fijados por la Orden HAP/1942/2013 de 11 de octubre.

Tal y como dijimos en nuestra sentencia de 30 de marzo de 2023, recurso nº 425/20, Para determinar el importe de revisión de precios a imputar a cada certificación no basta con aplicar los índices provisionales publicados en el BOE a la fecha de cálculo de la revisión, sino que como dispone el art. 106.2 del RD 1098/2001 se debe calcular el importe provisional de revisión que debía haberse abonado al expedir cada certificación con derecho a revisión, y actualizar y regularizar ese importe a partir de la publicación en el BOE de los nuevos índices, en la certificación correspondiente. Así la ha declarado esta Sala en la sentencia de 5 de julio de 2019, recurso 560/2018, en que indicábamos: "Las revisiones de precios deben practicarse mensualmente, a partir de la fecha en que concurren los requisitos establecidos por la ley, y los contratos correspondientes, mediante la aplicación de los índices provisionales. Y una vez publicados los definitivos, se llevará a cabo la regularización en el mes siguiente a la publicación".

La administración demandada vulneró pues el artículo 106.2 del RD 1098/2001 al ignorar el carácter provisional de los índices aplicados inicialmente. Ahora bien, la reclamación de intereses de la recurrente no puede ser atendida, pues una cosa es que se deban intereses de demora por retraso en el pago de la revisión de precios y otra es que la base de cálculo de los mismos sean cantidades resultantes actualizadas con los índices definitivos.

La obligación de pago en concepto de revisión de precios se genera con la presentación de cada certificación ( artículo 106.1 RD 1098/2001), por lo que la base para calcular los intereses de demora que debe asumir la administración, debe identificarse justamente con la cantidad que debió ser pagada en su momento y esa es el resultado de aplicar el índice provisional.

Por esa razón el recurso debe ser desestimado en este punto.

La última petición de la recurrente se refiere a la reclamación de los intereses del artículo 1109 del Código Civil, a lo que tampoco debemos acceder en la medida en que la estimación del recurso es parcial.

TERCERO: Por aplicación del artículo 139.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y de conformidad con la doctrina restablecida por el Tribunal Supremo en la sentencia dictada por el Pleno de la Sala Tercera el 17 de julio de 2019, recurso de casación nº 6511/2017, reiterada por la sentencia de 30 de noviembre de 2020, recurso de casación nº 6979/2019, no procede imponer costas al no apreciar la concurrencia de circunstancias que justifiquen su imposición a la administración demandada que se allanó en un momento temprano y, en consecuencia, los trámites del proceso se vieron significativamente reducidos.

Vistos los preceptos citados por las partes y demás de pertinente y general aplicación, venimos a pronunciar el siguiente