Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 1340/2021 de 14 de diciembre del 2023

PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo la Resolución del Subsecretario de Interior, por delegación del Ministro del Interior, de fecha 17 de diciembre de 2020, denegatoria del derecho de asilo y la protección subsidiaria a Isaac, nacional de Pakistán.

El solicitante, nacido en NUM000 de 1986 en Pakistán, con pasaporte expedido el 1 de septiembre de 2012, formalizó petición de protección internacional el 10 de octubre de 2018 en la Brigada Provincial de Extranjería de Málaga. Petición que se tramitó por el procedimiento ordinario del artículo 24 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre.

En la entrevista para determinar los hechos relevantes de su solicitud manifiesta que residía en Gujaranwala, trabajaba en la obra y fue perseguido por un clan muy poderosos de su país llamado "Rane". Es musulmán sunni y debido a que tuvo un accidente con su moto con otro vehículo conducido por el hijo del clan Rane, a principios de 2012, se peleó con él y a partir de ese momento fue perseguido por dicho clan. Su padre intentó mediar, pidió perdón al clan, pero continuó la persecución sobre el dicente, siendo agredido nuevamente por dicho chico en junio de 2012.

Por estos motivos, temiendo por su vida, decidió huir del país y se marchó a Trípoli, Libia, permaneciendo allí 6 años. Añade, qué en Libia fue atracado en varias ocasiones y decidió venir a Europa a través de una mafia, su intención era ir a Italia, pero a través del Aquarius acabó en España (Valencia) el 17 de junio 2018.

Presenta escrito sobre los hechos que motivaron la salida de su país y relata que traen su origen en un problema por un accidente de tráfico con una familia de otra casta, la "Rane". Tras dicho incidente es amenazado de muerte y golpeado no interponiendo denuncia ante las autoridades de su país por no enfrentarse con una familia rica y porque en Pakistán interponer una denuncia conlleva una serie de gastos que su familia no podía asumir. Por eso abandona su país y se instala en Libia, donde reside 6 años y en 2018 es captado por una mafia para traerle a Europa y le suben al barco Aquarius siendo remolcado a España el 17 de junio 2018.

La resolución recurrida, señala que de las alegaciones del interesado se deduce que la pretensión de no ser devuelto a su país de origen no se basa en un temor fundado a sufrir persecución por ninguno de los motivos recogidos en el artículo 3 de la Ley 12/2009, que son los que fundamentan el reconocimiento de la condición de refugiado, por lo que no reúne los requisitos para ser reconocido como refugiado. Además, indica que el solicitante es una persona anónima y podría encontrar seguridad en otra zona de su país, de 200 millones de habitantes.

De la misma forma entiende la citada resolución, que no concurren en el presente caso ninguna de las causas que pudieran dar lugar a la protección subsidiaria conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 12/2009.

En dicho sentido se había formulado propuesta previa por la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, en la reunión celebradas el 3 de diciembre de 2020 con la asistencia de todos sus miembros y del ACNUR.

SEGUNDO.- La Ley 12/2009, de 30 de octubre, Reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria, aplicada por la resolución impugnada, determina en su artículo 2 que: " El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados , hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967" .

Tales requisitos son (artículos 1 de la Convención y I.2 del Protocolo): " Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él".

Por su parte, el artículo 3 de la citada Ley 12/2009 dispone que: " La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9".

El artículo 6 de la Ley pretende objetivar, por otra parte, la clase de actos de persecución que son necesarios para que los "temores" de persecución puedan adquirir la naturaleza de "fundados", con exclusión por tanto de cualesquiera otros de relevancia menor. El artículo 7 de la Ley perfila, a su vez, los motivos por los que el agente perseguidor puede actuar para que la persecución existente sea en efecto incardinable en la condición de refugiado, y en los artículos 13 y 14 se describen quiénes pueden ser agentes de persecución o, en su caso, de protección.

Pues bien, en el caso de autos, resulta claro que los motivos que alega el solicitante y en los que basa su pretensión de no ser devuelto a su país, esto es, las amenazas y agresiones tras un accidente de tráfico sufrido en 2012 por parte de una persona perteneciente al clan Rane, no las autoridades de su país, no se sustentan en aquellos que dan lugar al reconocimiento de la condición de refugiado.

Es importante señalar que el recurrente, según manifiesta, pertenece a la rama sunita musulmana, mayoritaria en el país, por lo que no tendría problemas en instalarse en otra ciudad de Pakistán y a donde pudo desplazarse y encontrar seguridad, sin que pueda afirmarse que las personas de dicho clan Rane tengan interés o infraestructura suficiente para perseguirle a él, que es una persona anónima, por todo el país.

Así las cosas, no cabe apreciar que concurran en el recurrente las condiciones establecidas en la referida Convención de Ginebra y en la Ley 12/2009 para ser beneficiario de la condición de refugiado y del derecho de asilo.

TERCERO.- Entendemos, en línea con la resolución recurrida, que tampoco procede el otorgamiento de la protección subsidiaria prevista en el art. 4 de la Ley. Dicho precepto establece que el derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10, y que no puedan o, a causa de dicho riesgo, no quieran, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de la misma Ley.

Es decir, los daños graves que se pretenden evitar con la protección subsidiaria son, a tenor del citado artículo 10 de la Ley 12/2009: "a) la condena a la pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno".

Sin embargo, n ada indica que, en el supuesto de autos, exista el riesgo de sufrir alguno de esos daños graves en las circunstancias señaladas por el precepto, habida cuenta, en concreto, y en cuanto al supuesto recogido en la letra c) del artículo 10, de que no cabe considerar que en el lugar de procedencia del actor exista una violencia indiscriminada en una situación de conflicto interno, que es el entorno en el que han de producirse las amenazas graves contra la vida o la integridad.

CUARTO.- Finalmente, resta examinar si concurren razones humanitarias que justifiquen la permanencia, estancia o residencia del recurrente en España, a las que se alude de forma genérica en la demanda.

El artículo 37 de la Ley 12/2009 "Efectos de las resoluciones denegatorias", dispone:

" La no admisión a trámiteo la denegación de las solicitudes de protección internacional determinarán, según corresponda, el retorno, la devolución, la expulsión, la salida obligatoria (...), salvo que de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y su normativa de desarrollo, se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) que la persona interesada reúna los requisitos para permanecer en España en situación de estancia o residencia.

b) que se autorice su estancia o residencia en España por razones humanitarias determinadas en la normativa vigente."

Por su parte, el artículo 46.3 de la misma Ley, ubicado en el título V "de los menores y otras personas vulnerables" establece: "Por razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria, se podrá autorizar la permanencia de la persona solicitante de protección internacional en España en los términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración".

Dicho art. 46.3 remite a la legislación de extranjería, concretamente al art. 31.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, a cuyo tenor: "La Administración podrá conceder una autorización de residencia temporal por situación de arraigo, así como por razones humanitarias, de colaboración con la Justicia u otras circunstancias excepcionales que se determinen reglamentariamente.".

El desarrollo reglamentario de esta previsión se contiene, en los Artículos 125 y 126 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.

En el caso de autos, con independencia de que no se formuló ninguna pretensión en sede administrativa al respecto, sino en la demanda, resulta que en ningún momento se ha alegado situación de especial vulnerabilidad, ni la Sala la aprecia.

Téngase en cuenta, que conforme ha señalado la STS de 26 de julio de 2016 "(...) la permanencia por razones humanitarias debe estar fundada en circunstancias excepcionales que han de ser alegadas y acreditadas por quien las invoca, pero no necesariamente vinculadas con una situación de riesgo, conflicto o inestabilidad en el país de origen".

Por otro lado, la STS de 10 de junio de 2019 (Rec. 5805/2017), luego de afirmar que la existencia de causas de exclusión no impide la concesión de la autorización, descarta la concesión de autorización de permanencia por razones humanitarias debido a que " las razones alegadas para la autorización de residencia por razones humanitarias no difieren de las esgrimidas para la solicitud de asilo y de protección subsidiaria".

Procede, en consecuencia, la desestimación del motivo y en definitiva del recurso contencioso administrativo.

QUINTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción, procede imponer las costas a la parte demandante, si bien la Sala haciendo uso de la facultad que confiere el apartado 4 de dicho precepto, limita la cantidad máxima a reclamar por dicho concepto a la cifra máxima de 1500 €, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto y actuaciones procesales desarrolladas.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación