Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 714/2021 de 14 de diciembre del 2023

PRIMERO.- Se impugna en el presente recurso contencioso-administrativo la Resolución del Subsecretario de Interior, por delegación del Ministro del Interior, de fecha 25 de marzo de 2021, que deniega el derecho de asilo y la protección subsidiaria a Federico, nacional de Albania.

El solicitante nacido en 1989 formalizó petición de protección internacional en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Bilbao el 13 de mayo de 2019, tras su llegada a España el 3 de abril de 2019. Petición que se admitió a trámite y se instruyó por el procedimiento ordinario del artículo 24 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre.

En la entrevista mantenida para determinar los hechos relevantes que motivan la solicitud, manifiesta que hasta 2016 fue futbolista profesional en Albania. El 16 de marzo de 2019 hubo una gran manifestación en Tirana, en contra del actual gobierno socialista y al día siguiente fue abordado por cuatro personas que le pegaron y amenazaron de muerte. Sostiene que esa persecución contra él se debe a que es el organizador de manifestaciones de la oposición al gobierno y para que dejara de promoverlas.

Relata, que desde ese día ha estado encerrado en su casa por miedo a que le mataran, que esa gente es muy peligrosa y conoce casos de personas que han sido asesinadas por el mismo motivo. Que ha tenido conocimiento de que las dos personas que le atacaron son conocidos delincuentes de Albania, relacionados con el tráfico de drogas y la mafia. Denunció los hechos en su país aportando denuncia y preguntado si ha sido detenido, investigado y procesado por las autoridades de su país, responde que no.

La resolución recurrida, destaca que el interesado no refleja a que formación política pertenece, ni presenta ninguna acreditación de ser cargo relevante dentro de la misma, por lo que se entiende que su motivación política no tiene trascendencia, apreciando una falta de visibilidad dentro del partido y de la escena política del país, por lo que su mera pertenencia al mismo no implica que automáticamente sea objeto de persecución por parte de las autoridades del país. Asimismo, destaca que la dinámica de la supuesta persecución alegada no responde a una infraestructura gubernamental, sino más bien constituirían actividades criminales que proceden de particulares.

Considera, por ello, que no ha quedado establecida ni la existencia de una persecución, ni un temor fundado a padecerla, ni una problemática susceptible de protección conforme a lo previsto en los artículos 3 y 7 de la Ley 12/2009.

De la misma forma, entiende dicha resolución, que en el presente caso no concurre ninguna de las causas que pudieran dar lugar a la concesión de la protección subsidiaria, conforme a lo dispuesto a los artículos 4 y 10 de la Ley 12/2009.

En dicho sentido se había formulado propuesta previa por la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, en la reunión celebrada el 9 de marzo de 2021 con la asistencia de todos sus miembros y del ACNUR.

SEGUNDO.- La Ley 12/2009, de 30 de octubre, Reguladora del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria, aplicada por la resolución impugnada, determina en su artículo 2 que: " El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados , hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967" .

Tales requisitos son (artículos 1 de la Convención y I.2 del Protocolo): " Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él".

Por su parte, el artículo 3 de la citada Ley 12/2009 dispone que: " La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9".

El artículo 6 de la Ley pretende objetivar, por otra parte, la clase de actos de persecución que son necesarios para que los "temores" de persecución puedan adquirir la naturaleza de "fundados", con exclusión por tanto de cualesquiera otros de relevancia menor. El artículo 7 de la Ley perfila, a su vez, los motivos por los que el agente perseguidor puede actuar para que la persecución existente sea en efecto incardinable en la condición de refugiado, y en los artículos 13 y 14 se describen quiénes pueden ser agentes de persecución o, en su caso, de protección.

El demandante esgrime que era perseguido en su país por pertenecer al partido Democrático de Albania, que es un partido político disidente, y que esa persecución se materializó en agresiones físicas y amenazas contra él y su familia.

Sin embargo, de lo actuado resulta que si bien ha aportado denuncia interpuesta el 18 de marzo ante la policía de su país, que traducida por el CEAR obra a los folios 1 y 16 del expediente, en la misma expresa que como miembro del Partido Democrático de Albania es participante habitual en todas las manifestaciones que se han organizado por la oposición albanesa, pero no dice que fuera el encargado de organizar dichas manifestaciones, como manifiesta en la solicitud de protección internacional.

Cabe destacar que no obra en el expediente administrativo, ni se ha aportado en vía judicial, documentación sobre su pertenencia al citado partido, ni alega ni acredita, aún de forma indiciaria, tener cargo político o actividad relevante en el mismo, habiendo reconocido que no ha sido detenido, ni investigado por las autoridades de su país.

Tampoco consta informe médico de las agresiones físicas que dice sufridas, ni figura referencia a informe médico en la denuncia presentada, agresiones que, por otro lado, atribuye a conocidos delincuentes de Albania, relacionados con el tráfico de drogas y la mafia.

Por otro lado, la denuncia se interpone el 18 de marzo de 2019 y abandonó el país el 31 de marzo de 2019, obrando en su pasaporte un sello de Malpensa, aeropuerto de Milán, de esa fecha -página 23- sin esperar el desarrollo de las investigaciones y del procedimiento. Téngase en cuenta, que la Fiscalía, según certificado aportado de 19 de marzo de 2019 -página 16 del expediente- había abierto un procedimiento por los hechos denunciados.

Además, según su pasaporte, el recurrente llegó al aeropuerto de Malpensa, Milán, el 31 de marzo de 2019 -página 23- y permaneció en dicho país hasta el 3 de abril de 2019 - página 24-, sin que solicitara asilo en Italia durante dicho periodo de tiempo.

Así las cosas, a la vista de las circunstancias concurrentes en el presente caso, cabe colegir con la Administración que no ha quedado establecida la existencia de una persecución hacia el recurrente, ni de una problemática susceptible de protección conforme a lo prevenido en la Convención de Ginebra.

TERCERO.- Entendemos, asimismo, en línea con la resolución recurrida, que tampoco procede el otorgamiento de la protección subsidiaria prevista en el art. 4 de la Ley. Dicho precepto establece que el derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10, y que no puedan o, a causa de dicho riesgo, no quieran, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de la misma Ley.

Es decir, los daños graves que se pretenden evitar con la protección subsidiaria son a tenor del citado artículo 10 de la Ley 12/2009: "a) la condena a la pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno".

Se aduce en la demanda que ACNUR viene considerando que los solicitantes de asilo de Albania se hallan necesitados de protección internacional y que les debe ser otorgado el estatuto de refugiado o al menos una forma de protección complementaria. Alegato que no viene respaldado por ningún soporte probatorio.

Sin embargo, esta Sala viene considerando (SAN, Sec. 6ª de 1 de junio 2023, Rec. 896/2021 y SAN, Sec. 2ª de 17 de mayo 2023, Rec. 1163/21, entre las más recientes), que no existe en Albania una situación de violencia generalizada en los términos exigidos por la STJUE de 30 de enero de 2014 (C-285712) con aptitud para otorgar la protección subsidiaria.

Procede, en definitiva, la desestimación del motivo y en definitiva del recurso contencioso administrativo.

CUARTO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción, procede imponer las costas a la parte demandante, si bien la Sala haciendo uso de la facultad que confiere el apartado 4 de dicho precepto, limita la cantidad máxima a reclamar por dicho concepto a la cifra máxima de 1500 €, teniendo en cuenta la naturaleza del asunto y actuaciones procesales desarrolladas.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación