Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 889/2021 de 14 de diciembre del 2023

PRIMERO : La parte recurrente, Claudia, nacional de Colombia, interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución del Ministerio del Interior de fecha 18 enero 2021 que deniega la protección internacional solicitada. En la resolución se hace constar la situación de violencia e inseguridad de ese país, analiza contexto social y económico relacionándolas con las manifestaciones de la parte actora concluyendo que procede la denegación de la protección internacional.

SEGUNDO : La parte actora en su demanda refiere que el motivo de la solicitud obedece a la labor social que desarrollaba la actora en su país. Narra sucesos desde su nacimiento en 1979. Añade que pertenece a la Comunidad Indígena DIRECCION000, y desarrolla una labor social dentro de ella, dedicada a la protección de personas necesitadas en situación de exclusión social, defensa de los derechos indígenas. Solicitó protección internacional el 11 agosto 2020, habiendo llegado a España el 9 marzo 2020. Manifiesta que las DIRECCION001 son un grupo terrorista y narcotraficante de su país que la amenaza porque realiza una labor social. Ante esas amenazas su hijo mayor se alistó en el ejército, pero su hijo menor resultó contactado por ese grupo cayendo en el consumo de drogas, siendo golpeado y torturado para que su madre dejase de trabajar con esas personas que la necesitaban. Nunca denunció las amenazas que recibía. A su hijo le ingresó en un centro de rehabilitación y más tarde fue trasladado a un centro psiquiátrico. Que la resolución no valora debidamente ni la documentación aportada ni que es líder social, ni de los actos de persecución sufridos. Sus alegaciones son creíbles. Existe un temor fundado con una importante sintomatología psicológica por lo que ha sufrido. Ha sido perseguida por ser mujer, por ser líder social, por ser hija de un líder social, y esos actos de persecución se han cometido por las DIRECCION001. Y con carácter subsidiario concurren las circunstancias para conceder la protección subsidiaria y en su caso la permanencia en España por razones humanitarias. Y suplica que se tenga por presentada demanda en el presente recurso contencioso administrativo y estimando el presente recurso, revoque el acto impugnado, declarando en su lugar el reconocimiento de la condición de refugiado a la Sra. Claudia de conformidad con el artículo 3 de la Ley 12/2009; y subsidiariamente si se considera que la Sra. Claudia no reúne los requisitos del artículo 3 de la Ley 12/2009, se le reconozca la protección subsidiaria de conformidad con el artículo 4 de la Ley 12/2009, y en su caso la autorización de permanencia en España por razones humanitarias prevista en el artículo 37 b de la ley 12/2009.

El Abogado del Estado en su escrito de contestación se opuso a la estimación de la demanda con imposición de costas a la parte actora.

TERCERO : El art. 2 de la Ley 12/2009, de 13 de octubre del derecho de asilo y de la protección subsidiaria establece que: "El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo, suscrito en Nueva York el 31 de enero de 1967 ".

El art. 3 de la Ley 12/2009 que: "La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9 ".

La parte actora relata que en Colombia hay inseguridad y graves problemas de delincuencia por so decidieron venir a España. Salen de Colombia el 3 abril 2018 y solicitan asilo el 27 septiembre 2019.

La actora no ha identificado una persecución concreta, ni la existencia de amenazas que justifiquen ese temor fundado en los términos de la Convención de Ginebra, por el contrario, no siquiera se relatan unas amenazas, se habla de ellas en genérico, por lo que no está justificada la petición de asilo. De manera genérica manifiesta que ha sido objeto de amenazas por ese grupo DIRECCION001, amenazas para que deje el trabajo que realiza, pero no identifica en qué consisten esas amenazas. Es cierto que acompaña como documental algún papel referido a amenazas, pero sus características no contribuyen a considerarlo un documento válido para acreditar esas amenazas contra su vida.

Debemos decir que, aunque el contexto social del país de origen es un elemento objetivo a tener en cuenta, no es el único, de modo que no cabe su valoración aislada y debe ser ponderado con el elemento subjetivo del relato, por lo que se concluye la insuficiencia de una genérica invocación de la situación, de inseguridad o falta de respeto a los derechos fundamentales que atraviesa el país de origen para la estimación de su solicitud. La recurrente trata de decir que esa persecución que sufre obedece a su condición de mujer, líder social e hija de un líder social, sin embargo los hechos que narra con propios de la delincuencia común. De hecho, la propia actora en la entrevista llevada a cabo reconoce que no concurren las circunstancias del asilo y que todos los hechos son fruto de delincuencia común. Es más tarde, cuando la recurrente cambia y modifica esa parte del relato. Insistimos en que la actora ha sido víctima de la delincuencia común sin que estuvieran relacionados con alguno de los motivos de persecución previstos en la normativa de asilo, situándose en un ámbito ajeno al mismo, por lo que no cabe entender respecto de su persona que concurren los requisitos para el reconocimiento de la protección solicitada.

En línea con el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional ha señalado que el clima general de inseguridad de un país no puede ser suficiente, por sí solo y con desconexión de las circunstancias particulares del actor y de otras posibles alternativas que pudieran existir, para el otorgamiento del asilo, pues, en caso contrario, este debería concederse a todos las personas que provinieran de dicho país (ver, por ejemplo, SAN n. rec. 671/2018 y 951/2018, ambas de 17 de septiembre de 2019).

Por todo ello, se entiende que no ha quedado establecido un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social determinado. Esto es, por reunir unas características innatas por las cuales es objeto de persecución. En consecuencia, no concurre el requisito previsto en el art. 7 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, por lo que se valora de forma desfavorable el reconocimiento del estatuto de refugiado.

El agente supuestamente responsable de la persecución se trata de un actor tercero no estatal, DIRECCION001, siendo el país de la actora el competente para conocer la situación alegada y eventualmente para proceder a la protección de la misma.

En consecuencia, conforme al artículo 13 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, no se identifica, ni se desprende del relato del interesado, un agente de persecución válido no Estatal.

Por todo lo anteriormente expuesto, se entiende que no ha quedado establecida la existencia de agente de persecución en los términos del art. 13 c) de la Ley 12/2009, de 30 de octubre.

Por tanto, acierta la resolución impugnada a denegar el derecho de asilo al no concurrir ninguno de los supuestos establecidos en el art. 3 de la referida ley, toda vez que no existe base suficiente para entender que la recurrente sea merecedora de la protección internacional solicitada, insistiendo en esas manifestaciones de que las DIRECCION001 es un grupo terrorista y de narcotráfico de su país, esto es un grupo u organización criminal que debe ser perseguida por su país de origen.

En definitiva, no habiendo sufrido una persecución personal por motivo de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, género u orientación sexual, ni se desprende de su declaración la existencia de un fundado temor a sufrirla, no procede sino confirmar la resolución impugnada en este extremo.

CUARTO : En lo que se refiere a la protección subsidiaria, habremos de recoger el art. 4 de la Ley 12/2009, según el cual: "El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley , y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley".

Añadiendo el art. 10 de la citada norma: " Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley : a) La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno".

Pues bien, en el caso enjuiciado, más allá de hacerse referencia al transcrito artículo 4, en realidad no se llega a argumentar, y menos aún demostrar, que concurra alguna de las causas previstas en el citado artículo 10 de la Ley 12/2009 y que pudieran dar lugar a este tipo de protección, lo que resulta ya suficiente para su denegación.

QUINTO : Por último, en lo que respecta a la permanencia en España por razones humanitarias, La sentencia del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2015, recurso 3055/2014, afirma:

"Cuando se trata, por el contrario, de valorar la autorización de permanencia en España por razones humanitarias, no se requiere la constatación de una persecución individual (que en caso de acreditarse suficientemente daría lugar sin más a la concesión del asilo), sino que cobra más relieve el análisis del conflicto social y del modo en que éste afecta a la persona inmersa en él, que puede ser acreditado a través de la información detallada sobre la evolución del país de origen, que permitirá aportar datos idóneos para valorar la posible aplicación de la situación de los «conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o religioso»a que se refiere la Sentencia de esta Sala de 8 de julio de 2011, (RC 1587/2010 ) en referencia al artículo 17.2."

No existe en la demanda descripción de hechos, ni menos aún prueba ya sea indiciaria, sobre la concurrencia de circunstancias que justificasen la permanencia en España por razones humanitarias, y, de lo anteriormente razonado, resulta que el relato del recurrente no contiene hechos en los que fundar la aplicación del artículo 4 de la Ley 12/2009, citado.

Finalmente, sólo cabe valorar si concurren en este caso razones humanitarias que justifiquen la permanencia, estancia o residencia del recurrente en España en los términos previstos en la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración.

El artículo 46.3 de la Ley 12/2009, que establece: "Por razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria, se podrá autorizar la permanencia de la persona solicitante de protección internacional en España en los términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración". Dicho precepto se inserta en el título referido a menores de edad y otras personas vulnerables.

Por su parte el artículo 37.b) de la ley 12/2009, establece: " que se autorice su estancia o residencia en España por razones humanitarias determinadas en la normativa vigente".

Y el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, establece en su artículo 125 que < artículos 37.b ) y 46.3 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre , reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, así como a los extranjeros desplazados en el sentido regulado en la normativa sobre protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas.

Asimismo, se podrá conceder una autorización de residencia temporal en los casos que prevea la norma de desarrollo de la Ley 12/2009, de 30 de octubre>>.

Por ello, señala la sentencia del Tribunal Supremo de Supremo de 26 de julio de 2016, Rec.374/2016 "la permanencia por razones humanitarias debe estar fundada en circunstancias excepcionales que han de ser alegadas y acreditadas por quien las invoca, pero no necesariamente vinculadas con una situación de riesgo, conflicto o inestabilidad en el país de origen, pudiendo estar relacionadas con la situación personal del solicitante de asilo en nuestro país y la degradación o empeoramiento que le supondría su vuelta al país de origen. Ahora bien, también conviene dejar sentado que la petición de permanencia en España por razones humanitarias, en el contexto de una petición de asilo, no puede convertirse en un mecanismo para eludir el cumplimiento de las previsiones en materia de extranjería (...)".

En el caso de autos, no cabe apreciar razones especiales que permitan concluir la existencia de tales motivos humanitarios para autorizar la permanencia en España del recurrente, ni siquiera es válido para acreditar una supuesta vulnerabilidad esa sintomatología psicológica que manifiesta.

De conformidad con el artículo 139.1 de la LRJCA se imponen las costas a la parte recurrente por haber sido rechazadas todas sus pretensiones, si bien, haciendo uso de la facultad que otorga el apartado 4 del mencionado artículo y teniendo en cuenta el alcance y la dificultad de las cuestiones planteadas, se fija como cifra máxima por todos los conceptos la suma de 1500 euros.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación;