Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Quinta, Rec. 65/2023 de 15 de noviembre del 2023

PRIMERO.- El recurso de apelación se dirige contra el auto por la que la Juez Central ha resuelto varias cuestiones relativas a la ejecución de la sentencia de 21 de enero de 2021, que reconoció el derecho de la ahora ejecutante al abono de determinadas cantidades en concepto de complemento de productividad.

El auto resuelve "sobre la propuesta de liquidación presentada por la recurrente", diferenciando diversos periodos: (i) en relación con 2019 se toma como referencia la presentación de la reclamación administrativa el día 11 de julio de 2019, fijando la cantidad resultante; (ii) respecto de 2020 y 2021 se rechaza el argumento de la ejecutante, por no ajustarse al sistema de cálculo establecido en la sentencia, al que hay que estar, so pena de alterarlo indebidamente.

En el recurso de apelación se alegan, principalmente, tres motivos de discrepancia: en primer lugar, la fecha de presentación de la reclamación administrativa, puesto que en el auto impugnado se establece que fue el 11 de julio de 2019, mientras que en el encabezamiento de la sentencia de cuya ejecución se trata figura la de 5 de julio de 2019; en segundo lugar, la negativa a computar los años 2020 y 2021 a los efectos correspondientes, habida cuenta de la no realización de ninguna guardia sanitaria, que deberían valorarse conforme a la cantidad resultante en el año anterior, 2019, en el que sí se efectuaron; en tercer y último lugar, en relación con el primer motivo, el cálculo de los intereses ha de comenzar en la fecha indicada como de presentación de la reclamación administrativa, es decir, el 5 de julio de 2019, no el 11 de julio siguiente.

En la oposición al referido recurso se considera correcta la fijación de la fecha inicial en el 11 de julio de 2019, a tenor de la misma sentencia, y, respecto de los años 2020 y 2021, se destaca la licencia por enfermedad de la interesada durante los mismos -en concreto, desde el 12 de septiembre de 2019 al 16 de mayo de 2022, cuando pierde la condición de funcionaria-, por lo que, a tenor de la repetida sentencia, no procede reconocer cantidad alguna a favor de la recurrente.

SEGUNDO.- En cuanto a la primera cuestión planteada en este recurso de apelación, y, consiguientemente, en la tercera de las antes señaladas, la apelante pretende que se establezca como fecha de la presentación ante la Administración de la reclamación la de 5 de julio de 2019, que es la figura en el encabezamiento de la sentencia que se ejecuta.

No obstante, comparte esta Sala la manifestación contenida en el escrito de oposición de que "Sorprende, sin embargo, que se manifieste esta cuestión porque no solo parte de una lectura parcial e interesada, sino que omite datos fundamentales que constan también en la sentencia", puesto que, como acertadamente se advierte por el Abogado del Estado, esa fecha consignada en el encabezamiento es la que relacionó la demandante, pero no es la correcta, puesto que, según se expone en la resolución administrativa recurrida en la vía judicial, la entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver tuvo lugar el 11 de julio de 2019, como, además, se establece en el primer Fundamento de derecho de la referida sentencia, cuando se identifica como acto impugnado "la resolución del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, de 23 de julio de 2019, que desestima la petición, presentada el 11 de julio de 2019 [...]", siendo a esta última fecha a la que atiende el auto recurrido.

De lo que se sigue la desestimación del recurso de apelación en este punto y en lo relativo a los intereses, que se han fijado en el auto impugnado tomando como día inicial el correcto, no el que pretende la recurrente.

TERCERO.- Antes de abordar en concreto la segunda cuestión es conveniente recordar que el proceso de ejecución constituye un conjunto de actividades procesales tendentes a la realización de un derecho objetivo reconocido en un título bastante para ello, que, en principio, es la sentencia. Ahora bien, el carácter objetivo del derecho a que la sentencia se ejecute en sus propios términos implica el cumplimiento del fallo sin alteración; por tanto, no está permitido suprimir, modificar o agregar al contenido del pronunciamiento judicial excepciones o cargas que no puedan reputarse comprendidas en él, de manera que, junto al derecho del favorecido a exigir el cumplimiento total e inalterado del pronunciamiento judicial está el del condenado a que no se desvirtúe, se amplíe o se sustituya por otro (en este sentido, sentencia del Tribunal Constitucional 219/1994, de 18 de julio).

Así las cosas, en la sentencia de referencia se expone que "la cantidad reclamada se obtiene de la media diaria de la remuneración por guardias de cada año, que se halla dividiendo las cantidades percibidas anualmente en concepto de complemento de productividad por guardias entre los días que resulten de restar a los 365 días de que se compone cada año, los días de ausencia laboral de ese mismo año, lo que se multiplica por los días de ausencia laboral" (quinto fundamento de Derecho, penúltimo párrafo), por lo que, en principio, la aplicación de esta fórmula no genera ningún derecho económico a favor de la interesada en los periodos que pretende, dada la ausencia laboral total desde el 12 de septiembre de 2019, no pudiendo tomarse como referencia un periodo anterior sin contradecir la decisión judicial, que es lo que, acertadamente, se mantiene en el auto impugnado.

En consecuencia, también ha de desestimarse el recurso de apelación a este respecto, sin que a ello se oponga la cita que se hace una sentencia del Tribunal Supremo, que no ha podido ser comprobada con los datos de fecha y recurso que se mencionan, ni la de otras resoluciones judiciales cuyo marco jurídico puede ser distinto, dados los términos en los que se resuelve por la sentencia de cuya ejecución se trata, sin que pueda olvidarse que, como ha declarado esta Sección en otras ocasiones, " [...] el devengo del complemento no se genera por el disfrute de vacaciones o de licencias y por la genérica sujeción, en un periodo de referencia, a la obligación de realizar de guardias, sino el efectivo cumplimiento de dicha obligación en el sujeto que las realiza, o, en palabras utilizadas en otras sentencias, el desempeño concreto de un puesto de trabajo", añadiéndose que no puede "prescindirse de los elementos personales concurrentes, pues la cuantía del complemento de productividad -y el mismo derecho a percibir dicho complemento- se determina a tenor de las guardias realizadas en señalados periodos de tiempo en los que, además, se han disfrutado vacaciones o licencias, y proporcionalmente al importe percibido" (entre otras, sentencia de 7 de junio de 2017 -apelación 16/2017-).

CUARTO.- De cuanto antecede se deduce la desestimación del recurso de apelación interpuesto, por lo que las costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, han de imponerse en su totalidad a la parte apelante.

POR TODO LO EXPUESTO