Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Séptima, Rec. 632/2020 de 15 de noviembre del 2023

PRIMERO.- Objeto del recurso.

En el presente recurso contencioso-administrativo, la parte demandante, impugna la Resolución del Ministerio del Interior de fecha 21 de noviembre de 2019, que deniega la solicitud de asilo, y la protección subsidiaria formulada por la parte recurrente, natural de Venezuela.

Según resulta del expediente la solicitante de asilo llega a España el 13 de marzo de 2018 y formaliza la solicitud de protección internacional en la OAR el 06/06/2018. Según la información facilitada por la Dirección General de la Policía Nacional, a la solicitante le consta una reseña por delito contra la libertad sexual ( orden de búsqueda fecha de entrada en vigor el 15 de enero de 2019 y fecha fin de vigor el 15 de enero de 2020). No le constan la existencia de antecedentes penales. La solicitante decide venir a España debido a que la calidad de vida en Venezuela no le permite tener un sueldo digno para mantener a su hijo, ni puede conseguir medicinas, a lo que se suma la inseguridad e inestabilidad por la que está atravesando este país hoy en día.

La resolución deniega la protección internacional solicitada por la parte recurrente por entender que " La solicitante principal no ha sido perseguida ni amenazada en su país. En efecto, no han sufrido una persecución personal por motivo de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, género u orientación sexual, ni se desprende de su declaración la existencia de un fundado temor a sufrirla.

QUINTO. Del relato de la solicitante no se deduce la posibilidad de que sufra la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material, ni tampoco se identifica un riesgo de tortura o tratos humanos o degradantes en el caso de retorno a su país de origen. Finalmente, no puede afirmarse que exista una situación de conflicto armado internacional o interno en Venezuela.

(...)

SEXTO. No obstante lo anterior, el artículo 37 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre , determina que la denegación de la protección internacional supondrá, según corresponda, el retorno, la devolución, la expulsión o la salida obligatoria del territorio español. No obstante, establece como excepción a este criterio general que sea autorizada su estancia o residencia en España por razones humanitarias determinadas en la normativa vigente.

(...)

Sin embargo, teniendo en cuenta las circunstancias familiares, sociales y económicas de la interesada y las condiciones específicas del país de origen, se aprecia razonablemente que se encontraría en grandes dificultades para acceder a la alimentación, medicamentos o vivienda en caso de retorno. De este modo, el contexto general de inseguridad en el país de origen no sería compatible con el disfrute de los derechos inherentes a la solicitante ya que se considera que su situación personal resultaría gravemente empeorada por el retorno, lo que justifica la aplicación de medidas humanitarias de protección.La Audiencia Nacional también ha adoptado una interpretación similar en relación con las solicitudes de algunos nacionales venezolanos (ver, por todas, la SAN de 26 de junio de 2018 n. rec. 628/2017 ).

(...)

Así pues esta pretensión debe ser examinada en función de la peculiar situación en que se encuentra la solicitante, la cual tiene una reseña policial por delito contra la libertad sexual. Dado todo lo anterior estas particulares circunstancias, valoradas conjuntamente, no permiten apreciar la necesidad de profundizar en la posible concurrencia de razones suficientemente fundadas para otorgar a la solicitante la autorización de residencia en España, conforme a lo previsto en los artículos 37.b y 46.3 de la Ley de Asilo y su normativa de desarrollo. En efecto, no concurrían en el solicitante ninguna de las causas de vulnerabilidad del artículo 46 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre .

(...)".

SEGUNDO.- Pretensión y alegaciones de la parte demandante y de la parte demandada.

La parte demandante solicita de la Sala una Sentencia que reconozca a la demandante la condición de refugiada y se otorgue el derecho de asilo o la protección subsidiaria.

La parte demandante sostiene que en la solicitud de asilo se expusieron hechos que constituyen una vulneración a sus derechos en cuanto a la imposibilidad de poder garantizar la alimentación y la salud tanto para ella como para su hijo menor de edad quien reside actualmente en el país de origen de la recurrente. Sigue diciendo que se aprecia una contradicción en el fundamento de derecho sexto y la demandante no tiene antecedentes penales. Por último, en el caso de estimar que la demandante no es merecedora de la protección prevista por la Convención de Ginebra de 1951, debería llevar a la aplicación de artículo 4 de la Ley 12/2009, y ello en virtud de la situación de peligro que correría la integridad física del recurrente en caso de retorno a su país de origen y que es uno de los daños graves recogidos en el art. 10 de la Ley 12/2009. En la interesada concurren circunstancias humanitarias que desaconsejarían su retorno al país de origen, toda vez que, como se acredita en su relato en el país de origen, no tenia garantizados derechos minimos como son la salud, el acceso a garantizarse las necesidades básicas para ella ni para su hijo menor de edad, en la actualidad ella se encuentra empadronada en Barcelona, en caso de no ser concedida la protección solicitada, harían aconsejable que se autorizase su residencia en España al amparo de lo regulado en el art. 37.b) de la Ley 12/2009. La Resolución Ministerial dictada el 28 de febrero de 2019 fija los requisitos que se exige a los ciudadanos de origen venezolanos a quienes se les ha denegado la solicitud de asilo, obtener la residencia por razones humanitarias.

Por su parte , la Administración demandada alega , interesa la confirmación de la resolución impugnada.

TERCERO.- Derecho de asilo. Protección Subsidiaria. Permanencia por razones humanitarias.

1.- Marco normativo.

Como es sabido, se configura el asilo como un mecanismo legal de protección para defensa de ciudadanos de otros Estados que se encuentran en una situación de posible vulneración de sus derechos por razón de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas (artículo 1.A.2 de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de junio de 1951 y Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de Nueva York de 31 de enero de 1967).

Por su parte, el artículo 3 de la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, establece que «la condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9».

Se resolverá favorablemente la solicitud de asilo cuando aparezcan indicios suficientes, según la naturaleza de cada caso, para deducir que el solicitante cumple con los anteriores requisitos. Y, en consecuencia, no procederá la concesión del derecho de asilo si no aparecen indicios suficientes sobre la existencia de temores fundados de persecución ( STS de 24 de febrero de 2014 -rec. 1658/2013- ).

Pero cuando no existen ni siquiera los indicios suficientes a los que se refiere el artículo 26.2 de la Ley 12/2009 ("Para que se resuelva favorablemente la solicitud bastará que aparezcan indicios suficientes de persecución o de daños graves"), no puede tener éxito la concesión de asilo solicitada ( STS de 9 febrero 2016 -rec. 2575/2015- ), procediendo en tal caso la desestimación del recurso.

Dispone el art. 4 de la Ley 12/2009 que: " El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley , y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley ".

Añadiendo el art. 10 de la citada norma que: " Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley : a) La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante; c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno".

Respecto a la autorización de permanencia en España por razones humanitarias, el artículo 46 de la Ley 12/2009 establece:

"1. En el marco de la presente Ley, y en los términos en que se desarrolle reglamentariamente, se tendrá en cuenta la situación específica de las personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional en situación de vulnerabilidad, tales como menores, menores no acompañados, personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, familias monoparentales con menores de edad, personas que hayan padecido torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica o física o sexual y víctimas de trata de seres humanos.

2. Dada su situación de especial vulnerabilidad, se adoptarán las medidas necesarias para dar un tratamiento diferenciado, cuando sea preciso, a las solicitudes de protección internacional que efectúen las personas a las que se refiere el apartado anterior. Asimismo, se dará un tratamiento específico a aquéllas que, por sus características personales, puedan haber sido objeto de persecución por varios de los motivos previstos en la presente Ley.

3. Por razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria, se podrá autorizar la permanencia de la persona solicitante de protección internacional en España en los términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración."

Y, por otra parte, el artículo 37.b) de la Ley 12/2009 dispone lo siguiente:

"La no admisión a trámite o la denegación de las solicitudes de protección internacional determinarán, según corresponda, el retorno, la devolución, la expulsión, la salida obligatoria del territorio español o el traslado al territorio del Estado responsable del examen de la solicitud de asilo de las personas que lo solicitaron, salvo que, de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y su normativa de desarrollo, se dé alguno de los siguientes supuestos:

a) que la persona interesada reúna los requisitos para permanecer en España en situación de estancia o residencia;

b) que se autorice su estancia o residencia en España por razones humanitarias determinadas en la normativa vigente".

2.- Sobre el asilo.

En primer término, no hay ninguna discusión sobre la situación actual de Venezuela. Los acontecimientos políticos, socioeconómicos y de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, llevan a calificar de éxodo la salida del país para huir de la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales, el más grande en la historia moderna de América Latina y el Caribe e involucra tanto a refugiados como migrantes de Venezuela. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, y la OIM (Organización Internacional para las Migraciones) lanzaron en diciembre de 2018 el Plan de emergencia para refugiados y migrantes en Venezuela (basta leer la información actualizada en el portal de Acnur https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html ).

En segundo lugar, la recurrente no aduce motivo de persecución protegible conforme a la institución de asilo. En su relato no se desprende que ha tenido problemas con las autoridades de su país, no está significada como activista social o defensora de derechos humanos que haya recibido ataques de las fuerzas de seguridad y de otros grupos que actúan con el consentimiento del Gobierno.

Por las razones expuestas, procede confirmar la denegación de la condición de refugiado solicitada.

3.- Sobre la protección subsidiaria.

Sobre la base de las circunstancias de hecho expuestas en el presente caso, a los efectos de la protección subsidiaria, tampoco cabe considerar que la situación de la recurrente resulte subsumible en el supuesto previsto en el artículo 4 de la Ley 12/2009.

Descartado el apartado a) del artículo 10 de la Ley de asilo -condena a pena de muerte- respecto al apartado b): «tortura o penas o tratos inhumanos o degradantes», se exige, además de la gravedad, la individualización, sin que, en este caso, haya concreción de alguna conducta que pueda calificarse como trato inhumano o degradante en caso de retorno a su país de origen.

En cuanto al apartado c) del mismo artículo 10 de la Ley 12/2009, «amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno», por regla general, un riesgo meramente relacionado con la situación general de delincuencia e inseguridad de un país no es suficiente.

El motivo se desestima.

4.- Permanencia por razones humanitarias.

Del mismo modo, tampoco puede atenderse la solicitud de concesión de la autorización de permanencia en España por razones humanitarias que no se contiene en el suplico de la demanda, aunque si en los fundamentos de derecho, toda vez que nada se razona sobre la existencia de las circunstancias concretas que justificarían su otorgamiento, ni se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad que le haga acreedor de la medida- por lo que se refiere al régimen especial de este tipo de autorizaciones-.

La Administración ha procedido de oficio a analizar si procedía conceder una autorización de residencia por razones humanitarias y lo ha denegado por existencia de una reseña policial- delito contra la libertad sexual-, que estaba vigente en el momento de dictarse la resolución impugnada. En este caso, de la prueba practicada (oficios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) resulta que a fecha de la contestación ( 2022), la recurrente carecería de antecedentes policiales. En cualquier caso aun cuando no existiera ese antecedente no concurrían razones de especial vulnerabilidad subjetiva en los términos fijados por la jurisprudencia ( STS de 3 de marzo de 2020 recurso 868/2019) para la concesión de una autorización de residencia por el régimen específico previsto en el artículo 46.1 LAPS.

La recientes sentencias de esta Sala ponen de relieve que si bien es cierto que a raíz del Acuerdo del Ministerio del Interior de 19 de febrero de 2019, se concedió a los ciudadanos venezolanos una autorización de residencia de un año prorrogable, en aquel momento se tuvieron en consideración los Informes del ACNUR de marzo 2018 y 2019 referentes a la situación de Venezuela, pero posteriormente, es notorio que estas autorizaciones se han denegado en muchos casos y en cualquier caso se insiste en que son razones de vulnerabilidad subjetiva las que amparan la concesión de una autorización de residencia por razones humanitarias por el régimen específico previsto en el artículo 46.1 LAPS y que aquí no constan acreditadas

Cuestión distinta es que una vez dejado sin efecto la reseña policial pueda solicitar si concurren los presupuestos para ello conforme a la ley de extranjería una autorización de residencia por razones humanitarias (régimen general previsto en el artículo 46.3 LAPS), lo que es ajeno a este recurso.

En consecuencia, el motivo se desestima.

CUARTO.- Costas procesales

Las costas se imponen a la parte recurrente, conforme a la norma general del vencimiento establecida en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, al ser la sentencia desestimatoria. Se limitan a la cantidad de 500 euros, por todos los conceptos, de acuerdo con la facultad moderadora que prevé el artículo 139.4 LJCA.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso del pleito, se emite el siguiente,