Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 1409/2021 de 15 de diciembre del 2023

PRIMERO : La parte recurrente, grupo formado por Olga Y Demetrio, naturales de Cuba, interpone recurso contencioso administrativo contra las resoluciones del Ministerio del Interior de fecha 25 febrero 2021 y 3 febrero 2021 respectivamente, en estas resoluciones se hace constar que concurre el art. 20.1.a Ley Asilo por no corresponder a España el conocimiento o examen de estas solicitudes, conforme al Reglamento de Dublín, Reglamento UE 604/2013 de 26 junio 2013. En las resoluciones impugnadas se hace constar que se ha constatado esta circunstancia, una vez iniciado el procedimiento de asilo. Que España solicitó a Italia la toma a cargo de los solicitantes en base al art. 12.4 Reglamento de Dublín por los que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen del examen de una protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un 3º país o apátrida. Ante la ausencia de respuesta del país requerido, tal y como establece el art 22. 7 Reglamento de Dublín se entiende que la solicitud ha sido admitida por silencio por dicho país y España deja de ser el país responsable para el examen de la solicitud de protección internacional. En consecuencia, se deniega la protección internacional.

SEGUNDO: La parte actora en su demanda refiere que se solicitó asilo en España el 16 julio 2020, habiendo entrado en el país el 11 febrero 2020 teniendo ambos denegado el asilo el 1 abril 2020. Refiere la medida cautelar. Que el Reglamento de Dublín es ineficaz. La actora dio a luz en España siendo los progenitores de nacionalidad cubana y están en proceso en el Registro Civil de expedir certificado de nacimiento. Que el Reglamento de Dublín no funciona. Hace referencia a la concesión de la nacionalidad española del menor. Que se tenga en cuenta las circunstancias de los progenitores del menor, hoy recurrentes por su especial vulnerabilidad. Y suplica que se tenga por presentada demanda en el presente recurso contencioso administrativo ante la denegación de la tramitación del estado español del derecho de asilo y protección internacional remitiendo a Italia el proceso referido y conforme a la LJCA de el impulso necesario para la consecución del referido procedimiento.

El Abogado del Estado en su escrito de contestación se opuso a la estimación de la demanda con imposición de costas a la parte actora.

TERCERO : Debemos referir que estamos ante un procedimiento de protección internacional en su día solicitado por la parte actora, debiéndose obviar cualquier planteamiento de nacionalidad española del menor nacido en España, hijo de los recurrentes.

En este caso, la resolución impugnada aplica el Reglamento de Dublín, Reglamento UE 604/2013 de 26 junio 2013, norma imperante por establecer los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de la solicitud de protección internacional. Se trata de establecer un mecanismo común a todos los Estados miembros para determinar el estado miembro responsable del examen de la solicitud de asilo. Su importancia por tanto resulta por tratarse del Reglamento aplicable para la atribución de potestades a un determinado país, Estado miembro, y la aplicación de este reglamento resulta del principio de primacía del derecho de la UE.

En este caso, las dos resoluciones del Ministerio del Interior impugnadas son meridianamente claras, no corresponde a España el conocimiento o examen de las solicitudes de protección internacional, conforme al Reglamento de Dublín, Reglamento UE 604/2013 de 26 junio 2013. En las resoluciones impugnadas se hace constar que se ha constatado esta circunstancia una vez iniciado el procedimiento de asilo. Que España solicitó a Italia la toma a cargo de los solicitantes en base al art. 12.4 Reglamento de Dublín por los que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen del examen de una protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un 3º país o apátrida. Ante la ausencia de respuesta del país requerido, tal y como establece el art 22. 7 Reglamento de Dublín se entiende que la solicitud ha sido admitida por silencio por dicho país y España deja de ser el país responsable para el examen de la solicitud de protección internacional. Así que transcurrido el plazo legalmente establecido para el traslado de la parte interesada sin que éste se haya producido, la resolución impugnada considera que España deja de ser competente para el estudio de su solicitud de protección internacional.

En consecuencia, al concurrir una causa de inadmisión de la solicitud por falta de competencia de las autoridades españolas - art. 20.1.a) Ley 29/2009- se acuerda la desestimación de la solicitud de protección internacional en aplicación del art. 20.3 de la propia Ley, según el cual, "la constatación, con posterioridad a la admisión a trámite de la solicitud de protección internacional, de alguna de las circunstancias que hubiesen justificado su no admisión será causa denegación de aquélla".

La parte actora en su escrito de demanda, suplico, está conforme con esta decisión de que se remitan las actuaciones a Italia por entenderlo país competente para conocer, por lo que tan solo procede actuar conforme a lo pedido, dado que no existe impugnación alguna de la resolución recurrida, por ello se confirma la resolución recurrida y procede desestimar el recurso contencioso administrativo con imposición de costas a la parte actora en cuantía de 1500 euros conforme al at. 139 LJCA.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación;