Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Cuarta, Rec. 1847/2021 de 15 de diciembre del 2023

PRIMERO : Es objeto de impugnación en autos la Resolución del Ministerio del Interior de fecha 13 de mayo de 2021, por la que se deniega el reconocimiento de asilo y la protección subsidiaria al solicitante.

La solicitud fue admitida a trámite y se ha instruido según lo establecido en la Ley 12/2009, de 30 de octubre.

El recurrente, de nacionalidad colombiana, funda su solicitud en los siguientes hechos, como resulta del expediten administrativo:

Hemos recibido amenazas telefónicas, diciéndonos que nos teníamos que marchar de nuestro hogar, debido a nuestra labor social en la comunidad.

En 2017 recibimos varios panfletos firmados por (Las Águilas Negras) amenazándonos. (...)

Al principio no relacionamos el asesinato de mi hermano con la organización (AGUILAS NEGRAS), con el paso del tiempo ya en 2017 cuando recibimos el panfleto, supimos que esta organización no quería que ejerciéramos la labor social, ayudando a los jóvenes de la comunidad a encarrilar su vida. Fue en febrero de 2020 cuando denunciamos ante la FISCALIA. (...)

En 2019 toda la familia nos marchamos de la ciudad, pero seguían amenazándome e incluso en una llamada telefónica me indicaron el sitio donde me encontraba.

El informe de la CIAR es desfavorable.

SEGUNDO : La Ley 12/2009 define en su artículo 3 la condición de refugiado:

"La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9."

Artículo 2 d) de la Directiva 2011/95 UE:

"refugiado»: un nacional de un tercer país que, debido a fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o un apátrida que, hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual por los mismos motivos que los mencionados, no puede o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él, y al que no se aplica el artículo 12;"

Artículo 2 g) de la Directiva 2013/33 UE:

"g) «refugiado», un nacional de un tercer país o un apátrida que cumple los requisitos del artículo 2, letra d), de la Directiva 2011/95/UE ;"

Estos preceptos y el concepto que describen, han de ser examinados de conformidad con la doctrina elaborada por el TJUE.

Así, la sentencia del TJUE de 1 de marzo de 2016, c-443/14, contiene afirmaciones esclarecedoras en relación a la regulación del concepto de refugiado y derecho de asilo:

A) "A este respecto, debe señalarse que de los considerandos 4, 23 y 24 de la Directiva 2011/95 se desprende que la Convención de Ginebra constituye la piedra angular del régimen jurídico internacional de protección de los refugiados y que las disposiciones de la referida Directiva relativas a los requisitos para la concesión del estatuto de refugiado y al contenido de éste fueron adoptadas para guiar a las autoridades competentes de los Estados miembros en la aplicación de la citada Convención, sobre la base de conceptos y criterios comunes (véase, por analogía, la sentencia Abed El Karem El Kott y otros, C-364/11 , EU:C:2012:826 , apartado 42)."

B) "Así pues, la interpretación de las disposiciones de la referida Directiva debe efectuarse a la luz de la estructura general y de la finalidad de la misma, con observancia de la Convención de Ginebra y de los demás tratados pertinentes a los que se hace referencia en el artículo 78 TFUE, apartado 1. Según se desprende del considerando 16 de la Directiva 2011/95 , tal interpretación debe realizarse también respetando los derechos reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (véase, por analogía, la sentencia Abed El Karem El Kott y otros, C-364/11 , EU:C:2012:826 , apartado 43 y jurisprudencia citada)."

En reiteradísimas ocasiones, el Tribunal Supremo se ha referido a los requisitos legalmente establecidos para el reconocimiento del derecho de asilo. Podemos sintetizarlos:

A. El reconocimiento del derecho de asilo, no es una decisión arbitraria ni graciable.

B. Ha de existir una situación de persecución respecto del solicitante, por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social; que le infunda temor, de suerte que no pueda o, a causa de dicho temor, no quiera, acogerse a la protección del país de su nacionalidad, o, si es apátrida, de su residencia.

C. Los actos que determinan la situación de persecución han de ser graves, ya sea aislada, ya sean cumulativamente.

D. No es exigible una prueba plena de los actos constitutivos de la persecución, pero son necesarios indicios de los que racionalmente pueda deducirse que la persecución existe.

Entre las sentencias del Tribunal Supremo que plasman esta doctrina, podemos citar la de 19 de febrero de 2016, RC 3163/2015; la de 6 de marzo de 2015, casación 3060/2014; o la de 31 de octubre de 2014, casación 407/2011.

Examinadas las cuestiones jurídicas generales atinentes al presente recurso, analizaremos las concretas circunstancias concurrentes.

Respecto a la naturaleza del agente perseguidor, el artículo 13 de la Ley 12/2009 establece:

"Los agentes de persecución o causantes de daños graves podrán ser, entre otros:

a) el Estado;

b) los partidos u organizaciones que controlen el Estado o una parte considerable de su territorio;

c) agentes no estatales, cuando los agentes mencionados en los puntos anteriores, incluidas las organizaciones internacionales, no puedan o no quieran proporcionar protección efectiva contra la persecución o los daños graves."

Observamos que, de la exposición contenida en la solicitud de asilo, el agente perseguidor resultan ser personas integrantes de un grupo driminal, se encontraría incluido en el supuesto del artículo 13 c) trascrito.

En cuanto a los motivos de persecución, deben ser, según la Ley 12/2009 y la Convención de 1951, por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual.

Pues bien, las Águilas negras, según hecho notorio, fue un nombre que adoptaron cinco bandas criminales emergentes a partir de 2006, tras la desmovilización paramilitar que desbandó a las Autodefensas Unidas de Colombia. Sin embargo, según la DIPOL, todas desaparecieron entre ese año y 2009, porque fueron desarticuladas o fueron absorbidas por otras organizaciones criminales.

Ciertamente se han recibido recientes amenazas a lideres sociales colombianos, bajo el nombre de ese grupo criminal, pero las autoridades colombianas trabajan en su desarticulación (en julio de 2023, fue detenido, Alfredo, alias ' Virutas', líder de dicha organización criminal).

El supuesto que se nos describe no puede ser incluido en las Directrices de elegibilidad respecto de Colombia, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) septiembre de 2015, puesto que, las autoridades colombianas pueden prestar protección frente a los grupos criminales que se esconden bajo el alias Águilas Negras (la Fiscalía de Colombia ha indicado que no hay registro de un grupo ilegal propiamente con ese nombre, las autoridades han explicado en el pasado que este es un alias que con frecuencia usan otras personas u organizaciones delictivas para esconderse tras las amenazas).

Y desde esta óptica, nos encontramos ante criminalidad común, respecto de la cual conviene recordar las reflexiones de la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de febrero de 2016, RC 2134/2015:

"Por ello, aun admitiendo la veracidad de las agresiones alegadas, esos hechos de naturaleza criminal no habrían sido llevado a cabo por las autoridades del país de origen del solicitante, ni por terceros con el consentimiento o la anuencia de aquéllas, ni se habría realizado como consecuencia de que dichas autoridades no hubiesen querido ni podido dispensar protección al recurrente, por lo que de ningún modo puede hablarse en el supuesto examinado de persecución y de agente perseguidor en los términos exigidos por la normativa de asilo, conclusión que resulta coherente con la establecida en la STS de 23 de julio de 2014 (recurso nº 2899/2013 ).El motivo ha de ser desestimado."

Resulta claro que los agentes perseguidores no son agentes estatales, y no existe elemento alguno del que deducir omisión por parte de las autoridades colombinas, de las actuaciones necesarias ante los actos criminales narrados y la protección de la actora y su familia.

Los hechos que expone el recurrente no constituyen actos de persecución en los términos del Convenio de 1951 y la Ley 12/2009, fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual.

Así las cosas, no concurren los requisitos previstos en la Ley 12/2009 para conceder la protección internacional solicitada.

TERCERO : El artículo 4 de la Ley 12/2009, establece:

"El derecho a la protección subsidiaria es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley , y que no pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley ."

El artículo 10 de la Ley 12/2009, establece:

"Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta Ley :

a) la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material;

b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante;

c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno."

Los hechos relatados por la recurrente no pueden subsumirse en los preceptos citados. No existen indicios racionales de los que concluir que el actor se encuentre en peligro de sufrir los daños previstos en el artículo 10 de la Ley 12/2009, por las mismas razones expuestas anteriormente.

Respecto a la autorización de permanencia en España por razones humanitarias, el artículo 46 de la Ley 12/2009, establece:

"3. Por razones humanitarias distintas de las señaladas en el estatuto de protección subsidiaria, se podrá autorizar la permanencia de la persona solicitante de protección internacional en España en los términos previstos por la normativa vigente en materia de extranjería e inmigración."

Y, en el mismo sentido, el artículo 37 b) de la Ley 12/2009.

Respecto a la permanencia en España por razones humanitarias, la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de abril de 2015, recurso 3055/2014, afirma:

"Cuando se trata, por el contrario, de valorar la autorización de permanencia en España por razones humanitarias, no se requiere la constatación de una persecución individual (que en caso de acreditarse suficientemente daría lugar sin más a la concesión del asilo), sino que cobra más relieve el análisis del conflicto social y del modo en que éste afecta a la persona inmersa en él, que puede ser acreditado a través de la información detallada sobre la evolución del país de origen, que permitirá aportar datos idóneos para valorar la posible aplicación de la situación de los «conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o religioso» a que se refiere la Sentencia de esta Sala de 8 de julio de 2011, (RC 1587/2010 ) en referencia al artículo 17.2."

Y en el mismo sentido la sentencia del Tribunal Supremo de Supremo de 26 de julio de 2016, RC 3576/2015

En cuanto a la situación de vulnerabilidad, no se acredita, ni siquiera se argumenta, la razón por la que la recurrente y su familia no han acudido a la "alternativa de huida interna o reubicación" a que se refiere la Directriz nº 4 de ACNUR, cuyas pautas pueden ser tenidas en cuenta en la búsqueda de criterios interpretativos.

En el mismo sentido el art. 8 de la Directiva 2001/95/UE, de 13 de diciembre, dicha norma dispone, bajo la rúbrica, "protección interna", dispone que:

"1.- Al evaluar la solicitud de protección internacional, los Estados miembros podrán establecer que un solicitante no necesita protección internacional si en una parte del país de origen este: a).- no tiene fundados temores a ser perseguido o no existe un riesgo real de sufrir daños graves, o b).- tiene acceso a la protección contra la persecución o los daños graves tal como se define en el artículo 7, y puede viajar con seguridad y legalmente a esa parte del país, ser admitido en ella y es razonable esperar que se establezca allí.

2.- Al examinar si un solicitante tiene fundados temores a ser perseguido o corre un riesgo real de sufrir daños graves, o tiene acceso a la protección contra la persecución o los daños graves en una parte del país de origen según lo establecido en el apartado 1, los Estados miembros tendrán en cuenta las circunstancias generales reinantes en esa parte del país y las circunstancias personales del solicitante en el momento de resolver la solicitud, de conformidad con el artículo 4. A este fin, los Estados miembros garantizarán que se obtenga información exacta y actualizada de fuentes pertinentes como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo&q uot; .

No se aclara la razón por la que un desplazamiento de la zona donde el recurrente realiza su labor social, a otra zona del país, no eliminase el riesgo, o, incluso, que agentes de la autoridad de otra zona del país puedan otorgar protección.

En resumen, no resulta que las autoridades del país (en la zona de residencia del recurrente o fuera de ella) hayan omitido la protección necesaria, tampoco se observa que exista una situación de vulnerabilidad que justifique el permiso de residencia en España, porque no existen indicios de los que deducir que el desplazamiento interno era inútil, por lo que pudo acudirse a esta solución. Por lo tanto, en la zona de su residencia o en otra dentro del país, el solicitante pudo obtener la protección de las autoridades colombianas, sin que aporte indicio alguno que nos haga concluir que tal protección es imposible dentro del país.

Por todo ello, resulta la desestimación del recurso.

CUARTO : Procede imponer las costas a la recurrente, conforme a los criterios contenidos en el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, al ser la sentencia desestimatoria, hasta un máximo de mil euros.

VISTOS los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de su Majestad el Rey y por el poder que nos otorga la Constitución: