Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Octava, Rec. 226/2021 de 15 de diciembre del 2023

PRIMERO: Para el correcto enjuiciamiento de la cuestión planteada es necesario el conocimiento de los siguientes hechos:

1.Sepes desarrolla actuaciones urbanísticas destinadas a remediar las necesidades de suelo en aquellos lugares donde la iniciativa privada no muestra interés o las posibilidades de las administraciones locales son escasas, generando y poniendo a disposición del mercado, en colaboración con esas administraciones públicas, suelo acondicionado para usos residenciales e industriales, de forma eficaz y posibilitando el desarrollo económico y social de la zona en cuestión.

2.Sepes actúa al margen de influjos especulativos pero su intervención no puede suponer un coste para el Estado. Por ello firma Convenios con las administraciones que lo solicitan para garantizar la recuperación de los gastos en los que incurre.

3.Las Administraciones recaban la colaboración de Sepes justificándola en la insuficiencia de medios o recursos materiales y económicos para el desarrollo de las actuaciones urbanísticas.

4.La actividad de Sepes tiene por lo tanto un doble objetivo:

-El cumplimiento de unos fines u objetivos de naturaleza pública.

-La autofinanciación con los propios recursos que genera su actividad.

5.Sepes suscribió con el Ayuntamiento de Móstoles un convenio de colaboración de fecha 19 de mayo de 1986 para el desarrollo de la Actuación "Prado de Regordoño", en dicho municipio.

6.La estipulación octava de dicho Convenio dispone que:

Sepes, por su gestión y financiación, recibirá del Ayuntamiento una compensación equivalente al importe de los impuestos, arbitrios o tasas de carácter municipal que aquélla tuviera que pagar como consecuencia de la actuación de que se trata, por razón de los terrenos, por la gestión urbanística o por los solares resultantes, incluso por la instalación de vallas publicitarias. El pago se hará coincidiendo con el devengo o liquidación de cada impuesto, arbitrio o tasa. Sepes dará cuenta inmediata al Ayuntamiento de las ventas que realice, a los efectos fiscales procedentes.

7.La estipulación novena del Convenio indica que el mismo estará en vigor hasta la enajenación de todos los terrenos o parcelas resultantes de la actuación.

8.El 10 de abril de 2018 se procedió por Sepes al pago del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) devengado por la venta de la nave 13 de la actuación "Prado de Regordoño", que ascendía a la cantidad de 13.322,83 €, conforme a la liquidación practicada por el Ayuntamiento de Móstoles.

9.El 15 de septiembre de 2020 se efectuó por Sepes requerimiento motivado del artículo 29.1 de la LRJCA al Ayuntamiento de Móstoles, con objeto de que diera cumplimiento a la citada estipulación octava del Convenio, mediante el abono a Sepes de las cantidades satisfechas en concepto de IIVTNU de la citada parcela, y que en adelante, procediera a compensar de oficio las cantidades devengadas por este concepto, evitando así la exigencia del pago de la cuota resultante de la liquidación.

SEGUNDO: Po r la representación de la actora se interpuso el 11 de febrero de 2021 recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de le Ayuntamiento de Móstoles, formalizando demanda con la súplica de que se dictara sentencia declarando la nulidad del acto recurrido por no ser conforme a derecho. La fundamentación jurídica de la demanda se basó en las siguientes consideraciones:

1.Tras justificar la concurrencia de los requisitos necesarios para la reclamación por inactividad del Ayuntamiento de Móstoles, se invocó la cláusula octava del Convenio suscrito con dicho Ayuntamiento el 19 de mayo de 1986.

2.El Ayuntamiento de Móstoles, al no pagar la cantidad reclamada, está actuando contra sus propios actos.

3.La aplicación de la doctrina de los actos propios a las Administraciones Públicas entronca con el principio de confianza legítima; principio procedente del Derecho de la Unión Europea e introducido de forma expresa en nuestro ordenamiento jurídico-administrativo por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Concretamente, en el artículo 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, como uno de los principios que las Administraciones Públicas deben respetar en su actuación.

4.Destaca la función social de Sepes y las cláusulas del Convenio que garantizan su financiación,

TERCERO: La Administración demandada contestó a la demanda oponiéndose a ella con la súplica de que se dicte sentencia, bien inadmitiendo el recurso, bien desestimándolo y declarando ajustada a derecho la resolución recurrida.

CUARTO: Practicada la prueba declarada pertinente, se acordó en sustitución de la vista el trámite de conclusiones que fue evacuado por las partes.

QUINTO: Señalado el día 13 de diciembre de 2023 para la deliberación, votación y fallo ésta tuvo lugar en la reunión del Tribunal señalada al efecto.

SEXTO: Ap arecen observadas las formalidades de tramitación, que son las del procedimiento ordinario.