Sentencia Contencioso-Administrativo Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección Primera, Rec. 1680/2020 de 15 de febrero del 2024

PRIMERO: La parte recurrente, Sonia, natural de Colombia, interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública por delegación del Ministro de Justicia, de fecha 3 octubre 2020 que deniega la nacionalidad española por residencia a la actora por falta de justificación de buena conducta cívica.

SEGUNDO: La parte actora en su demanda refiere que solicitó la nacionalidad española por residencia el 15 enero 2015 en Salamanca, solicitud que le fue denegada en la resolución recurrida por no acreditar la buena conducta cívica al constar una condena del Juzgado de Instrucción nº 14 Madrid por delito leve de hurto en grado de tentativa, sentencia de 9 junio 2017 y firme de 27 noviembre 2017. La actora fue condenada por unos hechos que tuvieron lugar el 3 marzo 2017 cuando la solicitud de nacionalidad era de 15 enero 2015 y a pesar de que este antecedente penal no está cancelado aunque se ha solicitado, es un antecedente que no debe tenerse en cuenta para empañar el comportamiento cívico de la actora. La actora está debidamente integrada en la sociedad, trabaja de manera regular, vive en España desde el 23 marzo 2001 y actualmente vive en Madrid con su actual pareja y sus dos hijos. Y suplica que se tenga por presentada demanda en el presente recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública por delegación del Ministro de Justicia, de fecha 21 octubre 2020 y se dicte sentencia estimando el recurso, declarando la nulidad de la resolución recurrida, y se proceda a conceder la nacionalidad española a la actora, con imposición de costas a la Administración.

El Abogado del Estado en su escrito de contestación se opuso a la estimación de la demanda con imposición de costas a la parte actora.

TERCERO: Los artículos 21 y 22 del Código Civil sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido, como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo, como la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo, como los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación.

La apreciación de los segundos, por su propia naturaleza de conceptos jurídicos indeterminados, precisa de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso, cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración ( artículo 103 de la Constitución), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa.

CUARTO: En el presente caso, estamos ante una solicitud de nacionalidad española por residencia formulada con anterioridad a la Ley 19/2015, es por ello que en este caso se llevó a cabo una audiencia ante la Juez Encargada del Registro Civil de Salamanca que apreció la integración de la actora en la sociedad española.

El siguiente requisito que nos debe ocupar es el referido a la buena conducta cívica. En concreto, en cuanto al requisito de la buena conducta cívica, constituye jurisprudencia constante la que sostiene que dicho concepto "se integra por la apreciación singular del interés público conforme a unos criterios, preferentemente políticos marcados explícita o implícitamente por el legislador, siendo exigible al sujeto solicitante, a consecuencia del "plus" que contiene el acto de su otorgamiento enmarcable dentro de los "actos favorables al administrado", un comportamiento o conducta que ni siquiera por vía indiciaria pudiera cuestionar el concepto de bondad que el precepto salvaguarda, como exigencia específica determinante de la concesión de la nacionalidad española. El cumplimiento de tal requisito viene determinado, por lo tanto, no solo por la ausencia de elementos negativos en la conducta del solicitante, como pueden ser transgresiones de las obligaciones de distinta naturaleza que el ordenamiento jurídico impone al ciudadano, sino por la acreditación positiva de un comportamiento conforme con los principios y valores cívicos de la comunidad en la que se integra, que ha de resultar más expresiva, convincente y concluyente cuando median situaciones y actuaciones que, al margen de la trascendencia penal, merecen una valoración negativa a efectos de cumplir con tal requisito de buena conducta cívica" (por todas, sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2015).

Además, la carga de probar la concurrencia de dicho requisito incumbe al solicitante, pues no se presume, de modo que no es la Administración quien debe probar la falta de concurrencia del requisito.

En este caso consta en el expediente administrativo consta que en junio 2017 fue condenada por un delito leve de hurto en grado de tentativa, dato muy relevante a la hora de proceder o no a la concesión de la nacionalidad puesto que había solicitado ésta cuando cometió el delito leve por el que fue condenada. Esta conducta implica un comportamiento negativo en orden a acreditar la buena conducta cívica, pues se trata de un hecho de trascendencia penal que acredita la ausencia del requisito que se está exigiendo.

Por lo expuesto, procede desestimar el presente recurso contencioso administrativo y con arreglo al art. 139 LJCA se imponen las costas a la parte actora en cuantía de 1000 euros.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación;